Fuerte desafío para Casinos en el Presupuesto 2017

El Presupuesto 2017 plantea una meta alta en materia de aportes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a programas de salud y a hospitales, con los cuales ha quedado en deuda sistemáticamente el juego oficial (y la política, en definitiva) en los últimos años.

El artículo 17 de la pauta de gastos, que ingresó el viernes a la Cámara de Diputados, establece que el IPJyC transferirá hasta 250 millones de pesos a la administración central el año que viene. Esos fondos, a su vez, deberán tener como destino más de una veintena de planes.

Es, en rigor, la misma suma que se colocó en el Presupuesto de 2016. Aunque el objetivo no se cumplirá este año, según reconocen las autoridades del IPJyC, a pesar de haber elevado considerablemente los aportes que se realizaron en 2014 y 2015.

La herencia de deudas de la gestión anterior es el argumento por el que no se podrá cumplir. El gerente del IPJyC, Andrés Lombardi, confirmó que en lo que va de 2016 ya se han transferido 81 millones de pesos de las ganancias de los casinos y del juego oficial a los programas y entidades que aparecen detallados aquí abajo.

A pesar de ser una cifra lejana al objetivo del Presupuesto 2016, los 81 millones otorgados fueron hasta motivo de una campaña oficial y se lo destacó como un logro del gobierno radical. Esto fue porque el monto aportado en 9 meses ya supera cómodamente el que se entregó para los planes y los hospitales en los dos últimos años de gestión justicialista.

Lombardi especificó al respecto que, en 2014 y 2015, años en los que la conducción del IPJyC estuvo a cargo del justicialista Carlos Bianchinelli, las transferencias a la administración central fueron de entre 66 y 67 millones de pesos. Esto era mucho menos de la mitad de lo que decían los presupuestos, que establecieron como meta una inversión de 175 millones de pesos por año en los planes.

En este sentido, un comparativo elaborado en el IPJyC demuestra una escalada impresionante en el gasto de personal y de publicidad del organismo, entre los años 2009 y 2015. Mientras tanto, las transferencias para la salud eran variables, hasta que se desmoronaron definitivamente en los dos últimos años de gestión peronista, como se puede apreciar abajo.

La nueva gestión, en tanto, aspira a llegar a los 200 millones de pesos este año en la columna de las transferencias a la Provincia. O sea, 50 millones de pesos menos que lo que el presupuesto ponía como tope. 

Este fin de semana se transferirían unos 20 millones, con lo cual, a tres meses de la finalización del ejercicio, los administradores del juego oficial se encontrarán a mitad de camino de lo que se proponen lograr.

Objetivo "alcanzable"

Para 2017, según Lombardi, el desafío de elevar esa cifra a 250 millones de pesos es "alcanzable". Aunque en el organismo abren el paraguas y señalan que el artículo 17 del Presupuesto plantea una estimación, ya que las transferencias reales dependen de la recaudación concreta del juego.

Lo que no es una estimación, sino una obligación legal para el IPJyC, es la remisión del 35 por ciento de la recaudación neta de los casinos y el juego oficial.

Así lo plantean la ley de Responsabilidad Fiscal y el artículo 69 del presupuesto del año que viene. Ese artículo señala que "las transferencias netas que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos realice a programas especiales y/o rentas generales anualmente no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos".

Ese 35% se obtiene una vez deducidos "los premios otorgados al público, comisiones pagadas a las agencias oficiales, lo pagado por la captura y procesamiento de datos y lo pagado por el impuesto al juego, en los juegos de quiniela, lotería combinada y similares".

También corresponde deducir "los premios otorgados al público y el porcentaje correspondiente al operador por los servicios prestados en la explotación de las máquinas tragamonedas" y "los premios otorgados al público en los otros juegos explotados por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos", según especifica el artículo 69 del presupuesto.

Ese porcentaje de transferencia no se cumplió en los años anteriores, pero hasta aquí nadie ha sido sancionado por la deuda.

En el IPJyC hay quejas porque no hubo sanciones del Tribunal de Cuentas para las anteriores autoridades por no haber hecho las transferencias de los fondos de 2014. En ese caso, el organismo de control dio por salvado el reparo "habida cuenta de la tardía aprobación del presupuesto".

Si hay o no sanciones a algún ex funcionario por las deudas con la salud del último periodo justicialista (2015), sólo se sabrá una vez que termine la lenta evaluación del organismo de control.