El hermano de un ministro de la Corte también denunció al Procurador

El procurador de la Corte, Rodolfo González, sumó un nuevo frente de conflicto. Pero esta vez el golpe llegó desde muy cerca: Franco Palermo, hermano del ministro de la Corte Omar Palermo, denunció al jefe de los fiscales por "acoso laboral".

Palermo es funcionario judicial y se desempeñaba hasta hace poco como co-defensor de pobres y ausentes en el penal de Almafuerte. Se encuentra actualmente de licencia por "razones de salud" y ayer culpó por esa situación al procurador González, ante la Corte y en la Legislatura.

Según Franco Palermo, su superior González cometió "mobbing, que se trata de acoso laboral, hostigamiento y eliminación del puesto de trabajo". La denuncia dice que desde 2011 "trabaja expuesto a gravísimas condiciones laborales" en Almafuerte y que el procurador "no ha tomado una sola medida" para mejorarla, a pesar de los reiterados pedidos que le ha realizado. También señala que González le negó adicionales y un ascenso como magistrado "no obstante tener concurso aprobado y ser el único defensor especializado en la temática de ejecución penal".

Entre otras situaciones, Palermo relata que en Almafuerte trabajaba en soledad, "sin auxiliar, secretario ni personal de ordenanza"y debía cruzar siete puertas y someterse a una requisa para llegar a su oficina (en trato desigual respecto del Juzgado de Ejecución). También expresa que, en 2011, como co defensor tenía a su cargo a 152 personas privadas de la libertad, mientras que, en 2015, esa cifra trepó a 1.120 presos. Es decir, el total de la población del penal de Cacheuta.

Por "desgaste físico y emocional", además, Franco Palermo renunció en mayo a la postulación como defensor ante las instancias de ejecución penal". La renuncia fue informada al gobernador Francisco Pérez e impidió el envío de su pliego al Senado por parte del jefe del Poder Ejecutivo para su ratificación.

Pelea de fondo

La denuncia de Franco Palermo se conecta con la interna clara del Poder Judicial, en la cual su hermano Omar, el penúltimo ministro en ingresar a la Corte,  aparece como el referente más importante del progresismo; y el procurador González, su contracara conservadora.

Omar Palermo está enrolado en "Justicia Legítima" y ha compartido ideas del kirchnerismo, como la democratización de la Justicia. Es un fuerte cuestionador de las políticas del jefe de los fiscales, en especial, de la utilización de la prisión preventiva. 

Cree que, a caballo del reclamo social y del endurecimiento del régimen de excarcelaciones, hay un abuso de la prisión preventiva: el sistema encierra a más del 90 por ciento de las personas, pero después, la mitad de los detenidos termina sin condena.

Por ello, Palermo milita la creación de una Defensoría General que ejerza un contrapeso en la estructura de la Justicia.

González, hasta ahora, resiste la embestida. Tiene más de 70 años pero no habla de jubilarse. Y utiliza a su rival como argumento: "Si yo me voy, Palermo va a colocar como procurador a un garantista", ha expresado en la Legislatura.

La advertencia de González ha prendido entre algunos legisladores del PJ y del PRO, pero en general, en el poder político provincial nadie se desespera por defenderlo. Por el contrario, el año pasado, Pérez salió a cuestionarlo y el oficialismo legislativo estuvo cerca de habilitar un juicio político en su contra por casos de narcocriminalidad que los fiscales no resolvían.

La denuncia del hermano del ministro de la Corte mete más polémica, ya que hoy González está otra vez frente a la posibilidad de ser enjuiciado por el tratamiento de las víctima de delitos de género en las fiscalías.

El juicio político se define mañana

Los diputados provinciales resolverán mañana si aceptan o no las denuncias de la abogada Carolina Jacky, quien ha acusado al procurador por las desatenciones que sufren en las oficinas fiscales de las personas que denuncian violencia de género.

Jacky basó su planteo en el caso de Laura Videla, una mujer que denunció más de treinta veces a su ex esposo en la oficina fiscal 11 de Luján. Hace 15 días que esa denuncia da vuelta en la Cámara de Diputados sin que nadie exprese claramente si será desestimada o no.

Mientras tanto, se han producido algunas novedades. Se conoció este fin de semana un informe elevado por la ayudante fiscal de la Oficina Fiscal 11, Sandra Canese, al procurador González. En ese informe, Canese sugirió que Videla es mitómana, además de detallar pedidos de pericias psiquiátricas de la OAL y hasta una denuncia de amenazas en su contra.

Este informe generó la reacción de Jacky, quien denunció por su parte a Canese ante una fiscalía especial "por mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, y para determinar si con su actuar no ha cometido otro delito más allá de la evidente predisposición contra Videla, revictimizándola y exponiendo a ella y a sus hijos menores".

En el medio, las aguas están divididas en la Cámara Baja y no se advierte ninguna instrucción política contundente en los bloques respecto del futuro de González.

"Varios quieren la prosecución, pero no creo que prospere", expresó en forma contradictoria una alta fuenet de Diputados antes de que se conociera la presentación de Franco Palermo, quien llevó su denuncia a la comisión de Derechos y Garantías de Diputados. 

Este miércoles, la denuncia de Jacky será sometida a votación nominal. Sólo en el caso de conseguir la mitad más uno de los votos, la denuncia pasará a la comisión de Juicio Político de la cámara.