Una apuesta por el agua, la cruzada final de Pérez

Francisco Pérez busca cerrar su período como gobernador de Mendoza presentando con bombos y platillos una nueva Ley de Aguas para la provincia. El 1 de mayo dejará inaugurado el período ordinario de sesiones de la Legislatura y será el escenario para la reiteración de un anuncio que ya es su berretín: lo viene haciendo desde la Vendimia de 2013.

En ese momento, el mandatario propuso a un equipo que luego fue sufriendo modificaciones hasta que hoy emite ya su primer anteproyecto:

• Adecuación de la infraestructura hídrica: Respondiendo a fenómenos aparecidos con el desarrollo y crecimiento urbano, como por ejemplo, la contaminación.
• Implementación de mejoras en el riego tecnificado.
• Incorporación legal de la planificación de los recursos hídricos, como promotores en el desarrollo productivo sustentable de Mendoza.
• Gestión formalmente integrada de los recursos hídricos, que compatibilice los distintos usos del agua, priorizando la calidad.
• Atención de los desafíos del cambio ambiental global, incorporando instrumentos que tengan en cuenta los efectos sobre el clima y régimen de los ríos.
• Establecimiento del principio inderogable de la participación de los usuarios, quedando legalmente establecidos en cada río, los Consejos de Cuenca.
• Educación: incorporando requisitos de profesionalización y garantía de un acceso igualitario a la información y compromiso ciudadano con el cuidado del agua.

Esta es la última oportunidad en la que Pérez podrá hablarle a la Asamblea Legislativa y probablemente, lo último que les pida que traten.

Para llegar a este momento, encargó un estudio de la histórica legislación vigente en Mendoza y una propuesta de reformas. El gobernador les encargó "confidencialidad" en la elaboración de la ley: otra vez el secreto como herramienta, porque lo que busca es impactar con el anuncio.

En Mendoza la crisis del agua se vive desde antes de que Pérez fuera elegido como gobernador. De hecho, lo era ya cuando ejercía otros cargos en el Ejecutivo, durante la gestión de Celso Jaque. Durante ese período fue un escándalo el manejo del Departamento General de Irrigación en manos del dirigente del sector "azul" del peronismo Eduardo Frigerio, que ejerció el poder bajo la sombra de Jorge Villalón, un oscuro operador de ese sector vinculado a Juan Carlos Mazzón y Adolfo Bermejo. Frigerio renunció en medio de un proceso en su contra por el otorgamiento de permisos para obtener agua subterránea otorgados en forma irregular. Diez causas fueron a parar al Primer Juzgado de Gestión Asociada.

En medio de esta situación, Mendoza no se ajustó a los nuevos tiempos y requerimientos. Así, mientras el gobernador Pérez cree que encargando a "terceros" la elaboración de una nueva ley se soluciona la falta de nevadas, los que realmente son expertos en la problemática creen que el problema está en cómo se gestiona Irrigación, "el gobierno del agua", una estructura del Estado burocratizada, con escaso control legislativo, con decisiones que no están a la vista de los medios de comunicación y una vida interna diferenciada a la del resto del Poder Ejecutivo.

No todos están de acuerdo. Hay miedo en los regantes y desconocimiento en el resto de Mendoza, los que consumimos agua potable sin límites. El debate comienza a abrirse, pero nadie sabe si se sostendrá en superficie o lo acallarán, como suele ocurrir con las cuestiones sustanciales en una Mendoza pacata y despreocupada por su hundimiento.

La nueva Ley de Aguas de Mendoza está en manos, ahora y por encargo del gobernador, de uno de los máximos conocedores: Miguel Mathus Escorihuela, ex senador nacional por la UCR. El profesional se ha enfocado en la "Administración de las Aguas", tal su nueva denominación.

¿En quiénes se enfoca la mirada crítica?

La nueva legislación que presentará Pérez a los legisladores para su estudio y tratamiento cuestiona el manejo que se hace de Irrigación (a cargo de José Luis Álvarez), de Aysam (dirigida por Guillermo Amstutz, quien es candidato a legislador para las próximas elecciones) y del Epas, el ente que debería servir de control, manejado por Javier Montoro.

¿En dónde está el problema?

Mathus Escorihuela considera que "el problema de Mendoza no radica en la Ley de Aguas por más que tenga 120 años de antigüedad. Radica, esencialmente y en forma nuclear, en la mala administración que se hace del agua".

Desde su punto de vista, "son dos temas absolutamente distintos: uno es el de la administración y el otro es el de la legislación", sostiene. Subraya que "en donde estamos con muy mala nota es en la administración del agua, y me estoy refiriendo a la gestión del agua que se hace por parte del departamento General de Irrigación, por parte de Aysam (Aguas Mendocinas), del Epas, de las cooperativas que suministran agua potable: toda la estructura que maneja el agua".

Lo que Mathus Escorihuela considera que Pérez debe hacer no es quedar en la historia por renovar una ley que tiene 120 años de vigencia y que legisla el uso y manejo del agua en una provincia desértica, sino en cómo se aplica la ley de parte de los entes responsables. Puntualmente, Mathus Escorihuela, en su diagnóstico del descontrol de las áreas pertinentes a la hora de buscar insumos para el trabajo encomendado, encontró que:

1- "En algunos sectores hay un abuso de la burocracia".

2- "Hay superposición de funciones".

3- "Existen entes burocráticos que no sirven para nada, como es el caso del Epas".

4- "Hay una casi nula participación de los usuarios. Lo predicamos a diestra y siniestra por todo el mundo y decimos que los regantes participan en la administración del agua. Pero cuando llega el momento de la elección no vota ni el 10% de los que usan el agua".

5- "Se ha producido una transformación en la agricultura de Mendoza con los grades emprendimientos y ellos no tienen interés en la participación como lo tenían los pequeños minifundistas".

6- "La Ley de Ordenamiento Territorial no ha frenado el avance urbanístico sobre las zonas productivas".

Debido a la dimensión de la tarea que hay por delante, Mathus Escorihuela piensa que no será este gobierno, al que le quedan ocho meses de vida, podrá avanzar. Pero tampoco piensa que la pueda concluir el próximo. "Tal vez la tarea termine después del próximo gobierno", analiza, sincero y preocupado por la situación a la que se ha llegado en el manejo del principal recurso de Mendoza.

La lupa sobre Irrigación: sueldazos, burocracia y desconocimiento de la crisis

Mathus Escorihuela es contundente a la hora de referirse al Departamento General de Irrigación. Sostiene que "está altamente burocratizado; hay 50 funcionarios que ganan unos sueldazos impresionantes y, como aprueban su propio presupuesto por año, lo encarece un 25% anual. Ellos todavía no se han enterado que la economía agrícola irrigada de Mendoza está literalmente fundida porque no vale nada el vino, no vale nada la fruta, no vale la chacra, no vale el ajo, no valen el aceite de oliva ni las aceitunas, pero ellos siguen aumentando los cánones de riego el 25% para sostener la estructura burocrática".

En forma contundente, Mathus Escorihuela afirma que Irrigación "no está enterada que Mendoza está quebrada en su economía irrigada".

Por ello, sostiene que "hay que poner el lápiz rojo y el bisturí". Consciente de la dificultad de que la política asuma ese rol, indica: "No sé quién lo va a hacer, pero por lo menos nosotros lo vamos a decir".

¿Una nueva ley con vigencia por cuánto tiempo?

Mathus Escorihuela afirma que la legislación cuyo anteproyecto está en sus manos es "una ley para el presente y el futuro", pero hace una salvedad: "Hoy en día el futuro no es más allá de 50 años, por los cambios tecnológicos y los que va sufriendo la sociedad".

¿De quién es la culpa de la crisis actual?

El autor de la nueva normativa que presentará Pérez sostiene que "no le podemos echar la culpa a la ley que tiene 120 años. Los males que estamos padeciendo son culpa de la gestión y a los diferentes gobiernos que se han sucedido en los últimos 30 o 40 años".

¿De dónde sacar agua con el cambio climático?

"Nosotros -criticó Mathus Escorihuela al ponerse en el lugar de 'todos los mendocinos'- no hemos hecho nada para racionalizar el uso del agua. El consumo medio internacional medido por habitante oscila entre los 250 y los 280 litros, en Mendoza supera los 600 litros. tenemos muy poco respeto por el agua".

Por ello, piensa en "distintos instrumentos para obligar a la gente a que respete el panorama crítico que tenemos de sequía y falta de agua".

Otra opinión: "Un debate innecesario"

Alejandro Gennari, consejero del Departamento General de Irrigación, afirma que discutir una nueva Ley de Aguas "que algunos dicen que puede rozar la Constitución, es un debate innecesario". Desde su punto de vista, "complica más las cosas". Y argumenta su posición en que "la sociedad requiere tranquilidad, calma, reglas más estables". "Un debate para cambiar la Ley de Aguas -dice- lo único que genera es dudas, miedo, pensar que el agua se la van a dar a la minería, cosa que puede ser, o que se la van a llevar los barrios privados. Hoy todo se podría resolver con la ley que tenemos".

Agua subterránea: la deuda pendiente

Gennari subraya, por su parte, que él no acompañó la suma de las tarifas "porque creí que había que acompañar una situación de baja o nula rentabilidad en las fincas". Se defiende de las críticas a Irrigación al señalar que él no apoyó la legislación sobre aguas subterráneas, "la gran deuda pendiente de esta administración".

Recuerda que quienes conducen el área durante el gobierno de Pérez "es la continuidad de la gestión de Frigerio, durante el período de Jaque; han cambiado algunas cosas de la política de aguas subterráneas, pero sigue siendo muy, muy mala".

¿Qué pasa con el agua subterránea?

Según afirma Gennari, "la crisis del agua subterránea pasa en parte porque no se han hecho nuevos pozos". Esto pasa "por la crisis económica en parte, y porque no hay ningún incentivo".

"Hay una cantidad de dificultades innecesarias: un capital muy importante, por ejemplo. Gennari cree que "hay que incentivar que haya pozos de agua "en algunos lugares de la Zona Este, en el Sur de la provincia, en donde la crisis hídrica pega fuerte".

Sin nieve, ¿qué hacemos?

El consejero de Irrigación sostiene que "no le podemos achacar la crisis hídrica a ningún gobierno: pasa porque no hay nieve". Y afirma que "hay infraestructura carísima que ni la provincia ni los agricultores están en condiciones de encarar en corto tiempo, son obras de larguísimo plazo".

En el futuro cercano, analiza, "no es que con el cambio climático no vaya a haber agua, sino que va a ser mucho más irregular las nevadas en la montaña, sino que va a haber más agua de lluvia. Eso quiere decir que debiéramos prepararnos, y mucho, para fenómenos aluvionales más intensos y deberíamos aumentar enormemente la capacidad de reserva de agua construyendo diques. Pero seamos conscientes que los diques no se construyen de un día para el otro".

¿Quién debe activar la agenda del agua urgentemente?

Gennari se defiende otra vez: no es Irrigación la que hace las leyes, sino "la Legislatura y la sociedad". Sin embargo, acepta que es el área que integra como "consejero" la que debe aplicar lo resuelto por las leyes.

¿Qué hay que hacer?

Los procesos del mediano plazo, según Gennari, son:

1- "Mejorar la eficiencia del uso del agua".

2- "Mejorar la capacidad de almacenaje de agua en todos los niveles".

3- "Tener más diques, más almacenaje en fincas, a niveles intermedios".

¿Los agricultores deben cambiar su forma de regar?

Para Gennari está "mal" que "se les achaque a los agricultores que riegan mal". Dice que "riegan en función de las posibilidades económicas que tienen", Y evalúa: "Recién después de tres años de rentabilidad en las fincas empiezan a tener un horizonte para realizar inversiones. Pero si tienen un año de rentabilidad, tres años no... no se les puede pedir a los agricultores que cambien la historia".

"El agua ya no es un recurso"

Aldo Rodríguez Salas, especialista en Derecho Ambiental, opina que "la actual Ley de Agua fue dictada para un contexto bastante diferente al que ahora tenemos, con una población de no más de 200 mil habitantes".

Desde su punto de vista, la ley "administra el interés de múltiples usuarios, sobre todo, de los regantes. Pero hoy el problema del agua no es solo la cantidad de agua que se necesita repartir entre los diversos sistemas productivos".

Por ello, cree que en lo que hay que trabajar es sobre la escasez de la misma y su preservación y sustentabilidad".

¿Qué es el agua hoy en día?

Rodríguez Sala indica un nuevo camino a tener en cuenta en la nueva legislación: "No es ya un recurso, sino un bien colectivo de toda la sociedad". "Esta perspectiva distinta -dice- y por eso lo que hace falta es una Ley de Política Hídrica".

"No es necesario preocupar a los usuarios actuales. Nos tenemos que preocupar todos, usuarios de los más diversos, toda la sociedad".

(*) Junto a Santiago Montiveros y Mariano Bustos, con producción de Franco Pereira.

Volvé a escuchar el informe de "Tormenta de ideas", por MDZ Radio: