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La pesada herencia de empleados estatales

El número de trabajadores del Estado ha crecido de forma exponencial durante los últimos tres gobiernos, hasta alcanzar un punto crítico. Fracasaron los congelamientos dispuestos por Pérez y reclaman el ingreso por concurso.

Los atrasos del Gobierno provincial para hacer frente a la masa salarial de los empleados estatales en el mes de marzo pusieron sobre aviso a los diferentes precandidatos a la gobernación. Con una planta de personal de más de 100 mil empleados (sin contar la OSEP) y un 60% del presupuesto provincial destinado a pagar sueldos, se avizora un panorama, cuando menos, complicado. Si bien durante la gestión de Francisco Pérez ingresaron cerca de 12.000 estatales, hay que remontarse a gobiernos anteriores para entender por qué la provincia llegó hasta esta crítica situación.

Según los datos del censo realizado por el Gobierno de la provincia, en el período 2012-2014 sólo hubo un 4% de ingresos, muy por debajo de los gobiernos de Julio Cobos, con un 29%, y del ex mandatario Celso Jaque, con un 16%.

A pesar de que desde el radicalismo confiesan que durante la gestión de Cobos se dieron muchos nombramientos, aclaran que mientras  en el año 2007 sólo el 44% del presupuesto se destinaba a gastos de personal, en el 2013 el porcentaje trepó a un 56% y hoy alcanza el 60%.

“El problema de cuánto no es el principal, sino cómo han gastado el dinero de los mendocinos en la máquina política que utiliza el empleo público como botín de guerra, signo característico de las gestiones justicialistas en nuestra provincia”, dijo el diputado radical Martín Kerchner. En este sentido, manifestó a MDZ que a medida que se incrementa el porcentaje de dinero destinado a salarios, disminuye el presupuesto para obra pública y otras prestaciones.

Por ejemplo, según el censo oficial terminado en el año 2014, la mayoría de los trabajadores estatales se desempeñan en las áreas de Educación, Seguridad y Salud. Sin embargo, desde la oposición remarcan que en el caso del Ministerio de Salud cada vez hay más trabajadores administrativos, mientras que en los hospitales el crecimiento de personal es considerablemente menor.

“Durante el gobierno de Cobos, el 35% de los trabajadores de Salud tenían funciones administrativas y el 65% eran empleados de hospitales. Hoy vemos que ha aumentado a un 45% la cantidad de personal que trabaja en los Ministerios, disminuyendo al 55% aquellos que cumplen funciones fines o directas en la prestación del servicio”, remarcó Kerchner. “Esto se debe a que el ingreso de personal en el Ministerio de Salud aumentó en un 51%, mientras que en los hospitales el aumento fue sólo del 31%”, agregó.

Para la gremialista Raquel Blas esto no es algo nuevo, sino que se trata de una práctica que es llevada a cabo por los dirigentes de todos los partidos políticos. En este sentido, destacó que la única manera de terminar con este problema es implementar el sistema de ingreso por concursos, que fue sancionado con fuerza de ley pero sigue sin aplicarse.

“Lo primero que hace un ministro al asumir es reformar el organigrama del Ministerio y crear nuevos cargos”, subrayó la secretaria General de ATE. “Estos puestos son destinados a amigos, familiares o, incluso, los usan para negociaciones políticas”, denunció.

Según su criterio, mediante el ingreso por concursos no sólo se garantiza que el cargo quede en manos del aspirante más idóneo, sino que a su vez obliga a que los políticos den explicaciones de por qué crean cada posición.

De esta manera, minimizó la responsabilidad de los gremios en el incremento del personal y sostuvo que cuando un empleado contratado pasa a planta permanente, lo hace con la clase más baja, mientras que con los cargos políticos ocurre lo contrario.  

Sin embargo, hay quienes critican que ATE no ha puesto al frente de sus reclamos una mejor calidad en la selección de quienes ingresan al Estado, mientras que sí lo hace para que todo el que ingresa quede en planta permanente. 

Es decir, que el pase también se da sin evaluar la pertinencia y capacidad para el cargo.

Además, la propia Blas reconoció que se ha descubierto a sindicalistas implicados en este tipo de negociaciones y confesó que así como se utilizan los cargos estatales para negociaciones políticas, también hay casos en los que “lo hacen para comprar a los sindicatos”.

Congelamientos que no sirvieron

Por otro lado, la secretaria General de ATE aseveró que los congelamientos del ingreso a planta dispuestos por Francisco Pérez lo único que logran es quitarle transparencia a los procesos. “Los cargos fuera de nivel no se tocan nunca. Se crean nuevos cargos y nadie le tiene que contestar a nadie. Debería haber un límite”, agregó.

Por su parte, Kerchner envió una carta documento a Francisco Pérez, Rodolfo Lafalla (Ministro de Gobierno) y Andrés Cazabán (miembro paritario del Gobierno) en la que los advierte sobre la ilegalidad de la excepciones dispuestas en el último decreto de congelamiento de ingresos.

Según el legislador, el decreto 285 publicado el 12 de mayo en el Boletín Oficial se opone y viola lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 8729, “conforme a la cual queda expresamente prohibido acordar entre las partes de la negociación colectiva del sector estatal, cláusulas que impliquen la obligación para el Estado provincial del pase a planta del personal que preste servicios para el Estado como contratado en cualquiera de sus modalidades, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”.  

Los concursos que nunca llegaron

Los primeros pasos para aplicar el ingreso por el sistema de concursos se dieron durante la gestión de Julio Cobos, pero fue durante el gobierno de Celso Jaque que se logró su reglamentación. Según Raquel Blas, sólo resta que Francisco Pérez conforme los jurados.

“El concurso abre el juego a toda la ciudadanía y justifica públicamente los cargos. Hace al control la transparencia y ya no le da lugar a la contratación de amigos, sino que se hace por oposición de antecedentes”, sostuvo Blas.

Por último, aseguró que si no se terminan de conformar los jurados para aplicar este sistema, están dispuestos a recurrir a la Justicia. “Llegado el caso interpondremos una medida ante la Corte”, aseguró.

“Todos los años pedimos que la Legislatura tiene que obligue a aplicar la oposición de antecedentes, pero nunca sucede. Los dos bloques se han dado carta blanca, porque están todos en el mismo juego”, sentenció la líder de ATE.

Fuentes:

Tribunal de Cuentas- Ieral- Censo provincial del trabajador público