Funcionario de Alicia Kirchner es investigado por la Justicia
El fiscal federal Federico Delgado pidió que se presente a indagatoria el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios otorgados por el Estado nacional a mutuales.
Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía ha pedido al juez federal Sebastián Ramos que cite como imputado al funcionario, que reporta a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para oír sus explicaciones sobre algunas ayudas monetarias entregadas por el INAES desde 2005.
Delgado hizo mención a "las anomalías detectadas en los expedientes" de subsidios y señaló por ello a Griffin porque "ejercía la máxima autoridad en el INAES" y, además, "tenía el efectivo poder de disposición sobre el dinero y debía velar por su correcta aplicación".
Los puntos oscuros enumerados por fiscalía son la rendición de cuentas de las mutuales, el divorcio entre los proyectos autorizados por el INAES y los finalmente concretados, y el supuesto 'perdón' al beneficiario de la obligación legal de cubrir con fondos propios el 25% del total del proyecto.
Además, el funcionario del Ministerio Público dudó sobre la autenticidad de algunas de las mutuales que recibieron subsidios y deslizó la sospecha de que podría tratarse de asociaciones pantallas, o fachadas, creadas artificialmente con el único fin de conseguir los fondos estatales.
"Se verificaron diferencias entre lo oportunamente proyectado y lo efectivamente ejecutado", en varios expedientes: el 5441/05 y 3973/06 del Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina; el 6176/05 de la mutual Protección Familiar; y otro de personal de Gendarmería, puntualizó el organismo de control.
En esta causa, iniciada en 2009 por una acción de oficio del fiscal Luis Comparatore (fallecido) se trata de determinar si "personas aún no individualizadas creaban personas jurídicas o mutuales como excusa para percibir anómalamente subsidios o préstamos" del INAES.
También si "pudo haber existido desvíos de fondos públicos" y si las agrupaciones beneficiadas con subsidios pudieron "haber sido utilizadas como una fachada", así como si las ayudas "se compadecieron con los fines y objetivos propios de la economía social y solidaria".