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Reuniones ultra secretas entre el gobierno y la UCR

Se reunirán este viernes para definir cuánto dinero podrá tomar Pérez y cuándo quedará habilitado para hacerlo. El Gobierno aceptaría modificar la polémica ley de reconducción presupuestaria.

A dos días de la final del mundial de fútbol en Brasil, al parecer se jugará otro partido definitorio en Mendoza: para hoy en la mañana está pactada una reunión clave entre justicialistas y radicales, en la que se podría resolver el conflicto por el endeudamiento.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la negociación “ha entrado en un cauce racional” mientras que los referentes de la UCR, desde Alfredo Cornejo para abajo, mantuvieron silencio, aunque tuvieron reuniones entre sí.

También hubo contactos telefónicos con el Poder Ejecutivo. Hubo charlas “calientes”, según indicó una fuente. Así y todo, en el oficialismo se ilusionaron con lograr un acuerdo este viernes.

Los radicales elevaron el martes al Ejecutivo una propuesta de arreglo que es el objeto de todas las conversaciones desde entonces. Aquel documento planteaba precisamente que el radicalismo asumía “el compromiso público de analizar un posible endeudamiento, en base a la recaudación cerrada de julio y con proyección a diciembre".

No obstante, el probable sí al endeudamiento que Francisco Pérez reclama desde fines del año pasado era uno de los últimos puntos de la propuesta, que tenía varias condiciones a cumplir por parte del Gobierno. Entre ellas, la presentación previa de un presupuesto “realista”, sin deuda; la elaboración de un “plan de reordenamiento fiscal con eficiencia en el gasto"; la creación de un fideicomiso para obras públicas y la derogación de la ley de reconducción presupuestaria.

Pérez está de acuerdo con el fideicomiso y anoche se supo que estaría dispuesto a aceptar al menos una más de esas condiciones. No se habló de derogar la ley de reconducción presupuestaria, pero sí de realizarle modificaciones a la norma.

La ley 8667 fue impulsada por el Gobierno para poder endeudarse sin contar con los dos tercios de votos en la Legislatura, como ordena la Constitución, pero la maniobra terminó mal: la UCR llevó la ley a tribunales y consiguió una medida cautelar de la Corte que impide su aplicación.

Frente a este escenario, a pesar de las acusaciones del gobernador contra miembros de la Corte y el partido opositor, ayer apareció la posibilidad de que el oficialismo acepte modificar en la Legislatura los párrafos de la ley 8667 que habilitan la toma de endeudamiento sin los dos tercios legislativos.

Pero para ello, debería existir un gesto acorde de la UCR. Tan importante como el eventual reconocimiento oficial de que el Gobierno equivocó el camino para forzar el endeudamiento.

El gran deseo de Pérez es que la toma de deuda se apruebe con rapidez, al mismo tiempo que el demorado presupuesto 2014 y sin dilaciones en el tiempo. Hay que señalar en este sentido que el plan opositor es diferente: quiere demorar las discusiones para evitar que el Gobierno tenga autorización para endeudarse antes de setiembre.

Pero el gobernador quiere salir a tomar créditos mucho antes y dice que setiembre será muy tarde para hacerlo. Con dramatismo, el Gobierno sostiene que las cuentas públicas están en rojo desde la semana pasada, cuando se pagaron los retroactivos del acuerdo paritario con los empleados estatales. 

En los últimos días han tenido que emplear “giros en descubierto” del Banco Nación para sostener la gestión, aseguran, para demostrar el nivel de urgencia.

Punto medio

Tras ponerse de acuerdo en el momento para endeudarse, a radicales y peronistas les quedará el desafío definir de cuánto será el permiso para Pérez.

El gobernador dice que necesita una autorización por 1.410 millones de pesos, para el pago de deudas y subsidios y para sostener su plan de obra pública, con construcción de viviendas y fondos para el mejoramiento del servicio de agua.

Pero la UCR aceptaría aprobar mucho menos: entre 500 y 700 millones de pesos ronda la cifra del partido opositor.

Entre el reclamo del Gobierno y el ofrecimiento radical, se buscará un “punto medio”, según señaló un funcionario anoche. Elevar la autorización a unos 900 millones de pesos parece ser la aspiración de máxima del Ejecutivo.

El acuerdo quedará en manos de los funcionarios y legisladores que Pérez y Cornejo designaron para protagonizar el momento decisivo de la negociación. 

En una reunión que probablemente se realizará en la Legislatura, participarán en nombre del Poder Ejecutivo el vicegobernador Carlos Ciurca; el ministro de Gobierno Rodolfo Lafalla y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. Por el lado del radicalismo irán su presidente, Sergio Pinto; el jefe del bloque de senadores, Gerardo del Río; y el titular de la bancada radical en Diputados, Néstor Parés.