Reforzarán la seguridad pública con cámaras privadas
La decisión de reforzar la seguridad pública con cámaras privadas se convirtió ayer en el único acuerdo de los actores involucrados en la discusión de la emergencia en seguridad. El proyecto del senador del PRO Gustavo Cairo obtuvo en la víspera el aval del PJ, de parte del radicalismo y del propio Ministerio de Seguridad, con lo cual, todo indica que se aprobará la semana que viene en la Cámara Alta.
La idea consiste en crear un registro de cámaras de particulares que se integrará al sistema público, no para el monitoreo de imágenes, sino para la utilización posterior del video. Se cree que las imágenes almacenadas podrían servir así como pruebas para el esclarecimiento de delitos por parte de la Justicia. Pero además, se les da un alto valor preventivo y disuasivo. Por eso la iniciativa propone también que aquellas personas que quieran comprar cámaras e instalarlas en puertas de casas y comercios tengan como incentivo créditos fiscales del Estado.
El Ministerio de Seguridad apuesta desde hace años al sistema de videovigilancia pública, pero los resultados no han sido óptimos. Cairo indicó que el sistema público tiene 360 cámaras en toda la provincia, pero el 30 por ciento no está en funcionamiento. Por eso hacen falta las cámaras de los comerciantes y otros privados, que según el oficialismo, son varios miles.
El legislador del PRO sostiene que en una segunda etapa propondrá que la instalación de cámaras sea obligatoria en los frentes de todos los hospitales y escuelas. Aunque el proyecto que ahora se tratará apunta solamente a las cámaras de los particulares.
Cairo tuvo reuniones con asesores del ministerio y fue puliendo el proyecto para que las cámaras a las que echará mano el Estado tengan determinadas características técnicas. Entre ellas, la posibilidad de filmar de noche y de almacenar imágenes 60 días.
Aunque el Gobierno no tiene en sus planes comprarlas, los legisladores aseguran que las cámaras que necesitan no son caras: alrededor de 8.000 pesos. Aliviar los costos para poder usarlas es el gran objetivo.
Segundo proyecto
Oficialistas y opositores coincidieron en que el proyecto de las cámaras será el segundo en llegar al recinto en medio del fuerte debate por la emergencia en seguridad, lanzado por el vicegobernador Carlos Ciurca a principios de este mes.
El primero consistió en la refuncionalización judicial para ampliar el espectro de la Justicia de Flagrancia y de Garantías, iniciativa que tiene más de un año de estudio y que esta semana recaló en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, pero todavía no sale (la Bicameral hará una consulta al Poder Judicial por este tema la semana que viene).
Las cámaras tendrían una suerte diferente, ya que Cairo presentó el proyecto en diciembre y se encargó de militarlo para que pase más rápido los distintos filtros. Aunque habrá que ver si tiene real impacto en la lucha contra el delito, dado que el registro de cámaras privadas será voluntario.
En tanto, son más de 20 los proyectos que hacen cola para salir en medio del estrépito que provocó la emergencia. En la bolsa legislativa hay de todo: construcción de cárceles, creación de nuevas divisiones policiales y facultades para que la Justicia actué en casos de narcomenudeo, entre muchas y diversas propuestas.
Resulta difícil detectar qué leyes quiere tener el Gobierno para enfrentar la crisis de la seguridad y cuáles no le sirven, dado que, como dice el radicalismo, no aparece un plan concreto del Ministerio de Seguridad. De todos modos, el oficialismo legislativo viene poniendo en carrera al menos dos iniciativas más que consisten en modificar el Código de Faltas para castigar con penas de prisión a quiénes porten armas ilegales y a aquellos que utilicen el número 911 para hacer bromas.
Por otra parte, la otra idea calificada como "importante" por el PJ es la que apunta a restringir la circulación de dos personas en moto. El proyecto "contra los motochorros", como comúnmente se lo conoce, fue el único presentado por el gobernador Francisco Pérez. Sin embargo, el oficialismo dice que no podrá sancionarlo rápido debido a la resistencia que genera por parte de los dueños de este tipo de rodados.
La emergencia
El otro punto en veremos es la propio declaración de emergencia en seguridad. El gobernador Pérez está de acuerdo con la discusión de un paquete de leyes, pero reniega de un proyecto que ponga en evidencia el estado de emergencia en esta área. Ciurca, en cambio, promueve su aprobación.
El debate hacia adentro del PJ sigue. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, afirmó ayer ante la consulta de este diario que hasta ahora solo tiene la "instrucción política del gobernador de aprobar un plan legislativo contra la inseguridad, pero no de aprobar la emergencia".
Los senadores del oficialismo, en cambio, consideran que directamente es inevitable su aprobación. Aunque todavía no definen qué tipo de emergencia van a defender y que plazos pondrán. "Si es para comprar bienes, como la que se sancionó en 2008, no sirve, porque no tenemos plata y además se pueden comprar móviles por catálogo", se sinceró en off anoche un senador peronista.
En el oficialismo se dice que la ley de emergencia debe "encomendar" la aprobación de los proyectos necesarios para mejorar la seguridad, aunque los proyectos en sí ya se comenzaron a discutir en las comisiones y en el recinto sin que esa ley se sancione todavía.
En medio de este desorden, la senadora justicialista Claudia Torres reconoció que está todo por definirse respecto de la emergencia. "Estamos analizando el alcance de la ley y veremos si se incluyen medidas concretas, para lo cual nos reuniremos con el ministro Comperatore la semana próxima", explicó la legisladora.
El plazo para que las distintas voces se pongan de acuerdo se extenderá hasta comienzos de junio, ya que la Bicameral dispuso ayer un plazo de 15 días para sancionar la pregonada emergencia en seguridad.