Sapag, Buzzi y Paco calientan la pelea petrolera
Ya se sabe que la nueva riqueza argentina, la “soja” que derramará dólares dentro de pocos años, se llama “petróleo no convencional”. Cada perforación del tipo de las que se harán en la formación neuquina de Vaca Muerta, por ejemplo, va a significar casi mil puestos de trabajo entre directos e indirectos y miles de millones de dólares en ganancias. Imaginen cualquier yacimiento de 72 pozos, por ejemplo. El petróleo y el gas no convencional serán la gallina de los huevos de oro, siempre que se consigan las inversiones necesarias para desarrollar tal tipo de explotación.
La Constitución de 1994 indica que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Pero, hay toda una disputa semántica sobre lo que esas palabras significan. En general se admite que las provincias van recuperando jurisdicción plena sobre yacimientos a medida que caen concesiones y van negociando por sí mismas los nuevos contratos. Varias ya lo hicieron, entre ellas Mendoza, con una parte de sus recursos. De hecho esta semana se abren sobres de la licitación por áreas marginales en el sur provincial. Pero hay provincias que dieron un paso más: Chubut sancionó meses atrás un nuevo marco hidrocarburífero que otorga a la provincia mayores regalías que las que rigen por acuerdos anteriores, mayores inversiones, reservas, e inversión social de las empresas en las zonas en las que trabajan. De hecho, aquella provincia viene de saldar con Pan American Energy (la de la escandalosa auto denuncia por coimas) la “adaptación” de su contrato por Cerro Dragón, firmado en 207, a las nuevas condiciones que le significan mucho más aporte a la provincia al año. La ley chubutense contempla además las explotaciones de petróleo y gas no convencional.
El problema de fondo, según creen en YPF, es que la cesión de las áreas a la empresa neuquina atenta directamente contra la posibilidad de la petrolera nacional de planificar inversiones a largo plazo. Impide sumar nuevos socios a la explotación de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina, ya que recorta drásticamente el horizonte de inversión y la posibilidad de su recupero. En el borrador del proyecto de ley provincial del Gobernador, se plantea que todas las áreas que venzan en 2026 y 2027 pasen automáticamente a manos de GyP. Ello coloca a Neuquén como una suerte de intermediario para nuevas inversiones. Es decir, les van a “pasar la gorra” a las empresas, cuando YPF y el gobierno nacional tienen apuro para sacar el petróleo, y buscar así el autoabastecimiento energético perdido a causa de la mala política energética y las condiciones macro pésimas de la economía argentina.
La pelea, finalmente, se reduce a quién tiene el poder de conceder, y por lo tanto de cobrar en el caso de las provincias. En el gobierno nacional creen que la nueva ley neuquina le daría soporte legal a las asignaciones directas de áreas a GyP, quebrando el esquema de acceso “competitivo” que impulsan el gobierno nacional e YPF. Sin embargo, en Chubut, los diputados del Frente Para la Victoria que no son muy amigables con el gobernador Buzzi, le aprobaron su ley petrolera, la que genera unos 700 millones de pesos anuales más en recursos sólo fiscales para aquella provincia. Por ahora, Mendoza mira este partido desde afuera, aunque la provincia tiene cerca de un 20 % de la formación Vaca Muerta de este lado de la frontera con Neuquén.
En YPF, algo así como los abanderados de ponerle freno a las ambiciones de las provincias, juran que esta historia no se trata de discutir el dominio de los hidrocarburos por parte de las provincias (y el derecho a recibir los ingresos por regalías), ni tampoco la posibilidad de que las provincias creen empresas que compitan de igual a igual con YPF y con las demás compañías. Lo que quieren es igualdad de condiciones, y no modelos como el chubutense o el neuquino, donde las empresas provinciales reciben las áreas, las conceden, otros hacen las inversiones pero ellos cobran parte de las ganancias a riesgo cero. La discusión de mercado es bastante más larga.
Otro punto de atención en la pelea es qué pueden hacer las provincias y qué no, no solo legalmente sino en “tamaño” del negocio. La Ley de Hidrocarburos, que es muy antigua y ha sufrido muchas modificaciones, es la que finalmente dispone cómo cada provincia puede ejercer su derecho sobre el petróleo, tal como lo indica la famosa “Ley Corta” (26.197) en su artículo 2. Allí dice: “El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado nacional y de los Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto por la Ley Nº 17.319 y su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de los Hidrocarburos. El diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional”. Los que buscan atajar el ímpetu por el shale gas y petróleo de las provincias revolean este artículo, y dicen que Neuquén intenta avanzar sobre YPF y el Gobierno Nacional.
[Video: La pelea por la explotación del shale gas y oil no sólo es comercial sino ambiental. Vaya como aporte al debate el documental que sobre el fracking (fractura) hizo Pino Solanas años atrás. Se trata de la principal, sino única, técnica para explotar el petróleo y el gas metido dentro de las piedras.]
Por supuesto, los gobernadores no comparten aquella visión. Por eso Buzzi recibirá hoy a Jorge Sapag y a Francisco Pérez, aunque la participación del mandatario mendocino no está garantizada. Al mediodía compartirá un almuerzo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su par chilena Michelle Bachelet –también estarán los otros gobernadores que comparten frontera con Chile, como los propios Sapag y Buzzi- y a las cinco de la tarde, Pérez tiene su propia reunión con Bachelet en la embajada de Chile en nuestro país. No obstante, después del almuerzo, sus colegas petroleros lo estarán esperando.
El plan de Buzzi y Sapag sería el de presentar un proyecto propio de nueva Ley Nacional de Hidrocarburos alternativo al que impulsa Galuccio, pero que respete a rajatabla el poder de las provincias y el nuevo negocio del petróleo no convencional. “No hay ninguna razón por la que nosotros debamos entregarnos en esto. La pelea va a ser muy dura, se trata de recursos muy importantes, y acá habrá una batalla campal por el control del shale” dijo uno de los gobernadores consultados. Será una pelea interesante pero despareja. Las diez provincias petroleras no suman la misma cantidad de legisladores, por ejemplo, que Buenos Aires. De todos modos, los gobernadores creen que tienen una causa justa. “El gobierno nacional no tiene en este momento el margen político para intentar algo así. Menos aún el año que viene” dijo otro de los mandatarios respecto de los planes de Galuccio, con un agregado interesante: creen que la idea de cerrarles a las provincias el camino directo a tesoros como el de Vaca Muerta no tiene el apoyo pleno de Cristina, y que en todo caso se trata de un plan cuyo principal “sponsor” es el propio Galuccio, y que busca restarles poder a las empresas provinciales que concesionan el petróleo: GyP de Neuquén, Petrominera en Chubut, EMESA de Mendoza, y Fomicruz en Santa Cruz.
YPF ya advirtió sobre las consecuencias para su negocio que tendría la intermediación de las provincias respecto de las grandes inversiones. Según el diario La Nación, lo hizo en el formulario F-20 que envió a fines de marzo a la SEC (Security Exchange Commission, agencia federal reguladora del mercado de capitales en Estados Unidos). Sostuvo allí: "Enfrentamos una competencia intensa en las licitaciones de áreas de petróleo y gas", informó. "Algunas provincias, como La Pampa, Neuquén y Chubut, crearon compañías provinciales para desarrollar actividades en la industria. Como resultado, las condiciones a través de las cuales podemos acceder a nuevas áreas exploratorias y productivas podrían verse afectadas adversamente" completó.
Por ahora, los gobernadores han mantenido el contacto y hoy se reúnen a darle forma al plan de resistencia. Lo interesante será promediar los intereses. Es entendible que YPF tema perder socios por la voracidad de las provincias, muchas de ellas deficitarias, fundidas y mal administradas. Es cierto también que la explotación petrolera a gran escala en recursos no convencionales requiere de grandes empresas con mucha experiencia, las más grandes del mundo. Es difícil que empresas provinciales den esa categoría. Y también es cierto que diez empresas de energía más YPF pulseando por los recursos, lo que harán es terminar espantando a los inversores que buscarán seguridad jurídica y recuperar su inversión, y luego obtener ganancias. Sólo Vaca Muerta necesita de unos diez mil millones de dólares de inversión en cinco años, para empezar a pensar en ganancias.
Ninguna de las provincias petroleras grandes se siente conforme con participar en el 51 % de acciones de YPF porque su poder en el directorio es apenas formal y tienen un acuerdo de sindicación de acciones para acompañar lo que decida siempre el Estado nacional. Y por el otro lado, lo dice la Constitución, el recurso es de las provincias. Son las propietarias del recurso y deben concederlo o explotarlo, en función de la legislación nacional. Chubut ya encontró su atajo provincial y Neuquén va por el suyo.
¿Qué hará Mendoza?