Prostíbulos e inspectores, ahora en Tunuyán

La historia comenzó casi de casualidad, como ocurre con muchas de las grandes tramas de investigación periodística. Ocurrió el 19 de octubre del año pasado en Tunuyán, cuando personal de Gendarmería nacional realizó una serie de allanamientos en dos locales conocidos como "Ángeles y Demonios" y "Las Vegas".

Los uniformados se sorprendieron entonces cuando descubrieron que en este último local —ubicado sobre la Ruta 40— entre los que consumían el servicio de las mujeres del lugar, aparecía un empleado municipal llamado Federico Cardellá.

Si bien en un primer momento desde la municipalidad se intentó minimizar el hecho, aclarando que este último sólo era un empleado sin relación política, "un obrero municipal", pronto se supo que se encontraba en el área de Contingencia Urbana, para luego pasar a ser el jefe de la Inspección General, a cargo de los controles en los comercios.

El hecho ocurrió justo cuando Tunuyán había decidido prohibir los locales vinculados a la prostitución, después de una fuerte presión generada desde diversos sectores y luego de que Tupungato y San Carlos clausuraran cabarets en sus propios Departamentos.

Dicho sea de paso, Tunuyán era entonces el único departamento cuya ordenanza municipal permitía habilitar locales bajo la denominación de "casa de cita".

Cardellá decidió romper el silencio, ya que se considera el chivo expiatorio de una situación que relaciona con lo más alto de la política municipal tunuyanina. “Simplemente estoy detenido por una llamada telefónica que le hice al dueño de un cabaret para decirle que a partir del primero de noviembre se clausuraban los cabarets”, dijo el suspendido funcionario en las últimas horas.

Y agregó: “La justicia cree que a través de esa llamada yo facilitaba el trabajo de los cabarets”.

Según Cardellá, dejó pasar seis meses para que la justicia Federal lo investigara “a fondo”: “Para que vea si yo estaba vinculado a la trata de personas o la droga, como se está diciendo en varios medios mendocinos”.

Molesto, el suspendido funcionario apunta sus cañones al director de Inspección General de Tunuyán: “La orden me la dio el ser Horacio Bascuñan (…) Es más, hubo dos reuniones con todos los inspectores de la municipalidad y les dijo que los cabarets no se inspeccionaban más por órdenes de arriba”.

Pero Cardellá aún fue más allá: “Tunuyán tendría que haber clausurado sus prostíbulos, como lo hicieron Tupungato y San Carlos”.

Desde Almafuerte, el suspendido inspector jura que cuatro funcionarios del gobierno de Tunuyán le dijeron que era un “perejil político”.

A su vez, advirtió que en un primer momento la municipalidad no lo ayudó con su defensa legal: “Después de que declaré en diciembre, se ocuparon de ponerme un abogado penal”, dijo.

En ese punto, Cardellá aseguró que el letrado puesto por la comuna le pidió hacerse pasar por loco. “Si yo le llevaba el apunte al abogado que me pusieron, caía mi declaración”, advirtió.

Y acusó que “la responsabilidad de esto la tiene la municipalidad de Tunuyán”.

Finalmente, en un mensaje directo al corazón del poder, Cardellá reveló que el propietario de esos cabarets —a quien no identificó— “se reunió con el director de Inspección General del municipio”.

Uno de los que se animó a definir a Cardellá es Daniel Martínez, vicepresidente del Concejo Deliberante de Tunuyán y concejal por la UCR. En charla con MDZ, afirmó que se trata de una persona conocida en el departamento y destacó su filiación política.

“Es un ferviente justicialista muy conocido en el lugar, ha sido un militante muchos años”, contó el edil. Y reveló que Cardella fue Jefe en el Área de Asistencia Urbana para luego pasar al Área de Inspección.

A su vez, aseguró que la investigación “no tiene nada de connotación política”. Para Martínez, "lo importante es la situación de trata que esa situación conlleva y en eso hay que centrarse".

Concluyendo

¿Hasta dónde llega la responsabilidad política de la trama aquí narrada? ¿Y la complicidad? Aún es impreciso arriesgar esas respuestas, no obstante lo cual no dejan de revestir relativa gravedad  las definiciones del suspendido inspector Cardellá.

Hay otro dato sintomático: lo ocurrido muestra una asombrosa coincidencia con la investigación por el prostíbulo VIP de la Ciudad de Mendoza que lleva adelante el mismo juez, Walter Bento.

Allí también hay un inspector preso —Raúl Cuquejo, en Almafuerte— que jura haber sido imputado solo por haber llamado al dueño de PymeVip, el lugar que luego sería allanado.

¿Será que la matriz de corrupción vinculada a la trata es siempre la misma? ¿Es apenas una coincidencia?

El tiempo lo dirá con claridad.