Difonso: "Si derogan la 7722 van a generar un conflicto sin precedentes"

El jefe comunal alertó que se está avanzando en un nuevo intento "en el plano legislativo y en el judicial para derogar la Ley 7722 que cuida el agua".

Difonso recordó que "es la minería metalífera, con ácido sulfúrico, cianuro, mercurio, y otras sustancias tóxicas similares, la que se prohíbe, no así la Tercera categoría que incluye las canteras de ripio. La metalífera es la que está en discusión".

Los organismos pro mineros argumentan una inconstitucionalidad de la ley debido a que esta prohíbe el uso de dichas sustancias para su actividad pero la permite en la agricultura y en las fábricas de pintura -entre otras-. El coautor de la norma advirtió que el problema está en las cantidades, no en la utilización del producto.

"Es un argumento sofista, porque las cantidades son las que complican el uso de tóxicos, no es la misma cantidad de químicos que se utiliza en la vitivinicultura que la cantidad de químicos y explosivos que se utilizan en la minería", indicó Difonso.

De la misma manera, Daniel Funes, Miembro de Vecinos Autoconvocados de San Carlos y de representante de las Asambleas por el agua, aseguró que se defenderá la normativa que prohíbe la minería contaminante.

Funes explicó que la sociedad no va a permitir que se derogue una ley que preserva el recurso hídrico de la provincia. La incostitucionalidad que plantean los mineros quedaría superada por el derecho de todos los mendocinos de consumir agua pura.

"El pedido de inconstitucionalidad no lo va a tratar un Cámara solamente, les dijimos que hay antecedentes en los que cuando un tema tiene que ver con el futuro de todos los mendocinos, no puede quedar en manos de tres o cuatro personas. Por lo que se pidió que reciba un tratamiento en Plenario de la Corte, la Corte lo reconoció y habilitó la posibilidad de una audiencia pública previa", explicó Funes.

El sancarlino aseguró que "así como la gente lo ha venido haciendo desde hace años, van a negarles -a los empresarios mineros- la posibilidad de que la Corte declare la inconstitucionalidad -de la ley 772-". "No la van a obtener", aseguró.

"La ley no prohíbe el uso de químicos en la minería por capricho, lo hace para preservar el recurso hídrico", indicó Funes.

El ambientalista decidió enviarle un mensaje a los empresarios y les pidió que "en vez de perder tanto tiempo y dinero en intentar cambiar las leyes, lo inviertan en buscar otras formas de extraer oro, si es que tantas riquezas va a generar la actividad".

Contra el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT)

Tanto los mineros como las organizaciones por el agua se pronunciaron en contra del Plan, ya que contiene "ambigüedades" que al mismo tiempo en que los benefician los perjudicarían y da lugar a diversas interpretaciones.

Mientras que los representantes de las Cámaras mineras alertaron sobre la imposición de áreas protegidas en las zonas en donde se proyectan explotaciones, los ambientalistas advierten que dentro de las leyes a modificar -e incluso derogar- se encuentra la mencionada 7722.

Según Difonso, en San Carlos se hizo un proceso de ordenamiento a través de distintas ordenanzas que no se está teniendo en cuenta en el PPOT. "La Provincia pidió que cada municipio establezca su propio ordenamiento, nosotros lo resolvimos pero no se está respetando", aseguró.

"Hay falencias formales en la convocatoria de la audiencia, y en el PPOT, que lo mínimo que tiene que garantizar es la vigencia plena y absoluta de la ley para proteger el agua y la salud", afirmó Difonso.

Según el intendente, el problema con el Plan que hace que tanto las facciones mineras como las ambientalistas estén en contra este es que "apunta a conformar a distintos sectores y no toma decisiones que tiene que tomar un ordenamiento".

"Hoy defendemos la ley de los que quieren cambiar el sistema jurídico de Mendoza para beneficio de ellos. Son escaramuzas y musarañas que hacen prever que lo que se quiere es manipular", aseguró Difonso.

"Hay movidas o manipulaciones tendientes a cambiar las prioridades para el uso del agua, pero hay una Constitución y una ley de aguas que la protegen, y estamos frente a un grupo de empresarios que las quieren cambiar", agregó.

"¡Si queremos el Ordenamiento Territorial, pero bien hecho. Necesitamos parar esta locura dle Plan Provincial de Ordenamiento Territorial que quiere vender el agua, derogar la Ley 7722, que ignora la ley de glaciares, que cree que las reservas son malas, que pretende quitarle el agua al agro para darle a las mineras, que quiere la explotación de uranio. Vamos a organizarnos para ir el 15 -a la audiencia pública para decidir sobre el PPOT- a decir otra vez que con el agua no se jode.", alertan los vecinos autoconvocados de San Carlos, con Funes a la cabeza, en su página de Facebook.

La organización de sancarlinos perdió el pedido de impugnación de la audiencia porque quien podía pararla es el fiscal de Estado que no se encontraba presente, por lo que lo reiterarán en la misma.

Funes comentó que en las reuniones con los asambleistas se nombra al Plan como "engendro mutante" porque todo el tiempo va cambiando en busca de satisfacer a todas las facciones. "No se sabe cual es el documento final, nos dicen que es preliminar y que se le van a sumar aportes, pero no sabemos si nuestros aportes se van a tener en cuenta, nos dicen que el gobernador lo va a decidir, pero él no puede decidir sobre algo que va a afectar a todos los mendocinos por, por lo menos, 15 años", explicó.

"Dentro del PPOT se nombra como un obstáculo para el desarrollo de la provincia la declaración de áreas naturales protegidas, que es el recurso legal más fuerte para defenderlas de la minería. Cuidar el agua no puede ser un obstáculo para el crecimiento, es un resguardo para los próximos años", lamentó el ambientalista.

Finalmente comentó que existen áreas que no aparecen en el proyecto, como la Laguna del Diamante porque se olvidaron de ponerlas.

Mientras que desde la cartera de Ambiente aseguran que el PPOT "defiende el agua" y destina áreas protegidas, sin prohibir la minería. Pero insisten en la importancia de que sean los propios mendocinos los que participen en su realización y que estén presentes en la audiencia pública que se realizará el próximo martes a las 9.00 hs en la Sala Magna del Centro de Congresos y Exposiciones -Peltier 610 de la Ciudad de Mendoza-.

"Sería importante entender que todos los aportes, críticas y pluralidad de miradas puestas durante estos dos meses de consulta abierta han sido tenidos en cuenta. El Plan no es prohibitivo ni permisivo, sino algo mucho más grande: será el primer marco (a nivel nacional y latinoamericano) que guíe a un Estado hacia la organización de su territorio, su economía, su futuro. Temas que pasarán necesariamente por la Legislatura", agregan desde el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales.