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Política

El caso De Rosas, o la búsqueda permanente de la trampa

El juicio político lleva más de dos años y hubo muchas dilaciones. Las suspicacias abundan alrededor de la nueva suspensión. El peligro de una nulidad.

Ricardo Montacuto

Foto: Pachy Reynoso/MDZ

Desde que empezó el proceso de Jury al fiscal de Estado Joaquín de Rosas, dos años atrás, se sabe que el funcionario resistiría su expulsión hasta el último aliento. De hecho, en el curso del proceso presentó media docena de recursos y nulidades claramente dilatorios que dieron vergüenza ajena. Buscó todos los caminos posibles para esquivar el juicio y una condena segura. Ahora ha sufrido una indisposición física que ha generado todo tipo de suspicacias, y que probablemente estuvo planificada con anterioridad, de acuerdo a las fuentes consultadas.

A De Rosas no lo están sometiendo a un Jury por no haber actuado en algún trámite formal, o por haber cometido un error aun severo. Al fiscal lo están enjuiciando por haber favorecido a un grupo empresario de una manera desvergonzada, en el caso de expropiación de tierras para la reserva Divisadero Largo. Con su accionar permitió que un grupo licúe deudas de forma desmesurada sirviéndose del Estado de todos los mendocinos. Un Estado que hoy está fundido, por si alguien no se ha dado cuenta.

Busquemos equivalencias para entender la defraudación a la confianza pública en la que ha incurrido el fiscal De Rosas. No se trata su caso de un asunto de guantes blancos, ni de una extraña triangulación de áreas petroleras, ni del giro de dinero a través de complicadas tramas de terceros a paraísos fiscales. Simplemente, De Rosas favoreció en una proporción de diez a uno a empresarios, comparando con propietarios de tierras vecinas que también fueron expropiados. Y Daniel Vila, el beneficiado, no es cualquier empresario, sino uno que maneja una porción de poder importante, posiblemente la más grande de la provincia. Pero el fiscal transformó aquella operación en una chapucería: Al custodio de los intereses de la provincia lo pescaron llevándose los caramelos delante de la policía. Así de clara fue la maniobra. Y sin embargo, el proceso lleva más de dos años desde las denuncias originales y vaya uno a saber su destino. Ayer fueron intensos los rumores sobre un supuesto “arreglo” que involucra a algunos legisladores, para salvar al fiscal a cambio de su renuncia el 10 de diciembre diciembre de 2015.

Como todo proceso político, en un Jury se producen hechos que en un juicio normal serían escandalosos. Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no haya estado en este juicio es más que llamativo. Lo mismo las “ausencias” convenientes de algún que otro legislador, como suele ocurrir en estos casos o cuando hay que hacer votaciones secretas en el Senado. Es política, pasa... Y avergüenza pero no tanto. Pero aquí hubo mucho más. Las dilaciones en el juicio a De Rosas han colocado la seriedad del Jury al borde del ridículo. Sólo ha sido salvada por los extremos cuidados del tribunal en esquivar las frecuentes trampas de zorro del fiscal De Rosas -quien ha estado jugando todo el tiempo en el borde del área buscando que le cobren un penal inexistente- y por la tarea del Procurador de la Corte Rodolfo González, quien ayer mismo tenía preparado su escrito con el alegato acusatorio contra el fiscal de Estado.

La enfermedad del fiscal generó sospechas, al punto que un integrante del Cuerpo Médico Forense lo controlará todos los días. Sufrió una indisposición cardíaca pero se internó en una clínica que no es conocida por su calidad en la atención de complejidades coronarias, ni tiene profesionales en esta materia con la relevancia de los equipos del Hospital Italiano, el Hospital Español, o la Clínica de Cuyo, por caso. La elección del centro asistencial que hizo De Rosas para su tratamiento fue motivo de sonrisas socarronas en la política y en la Justicia. También en círculos médicos. “La enfermedad estaba planificada desde antes. Él nunca nombró técnicamente a un defensor, sino apenas a un abogado patrocinador que no puede hablar en su nombre ni es su mandatario. Si la audiencia seguía sin él, hubiésemos caído en una nulidad. Es lo que está buscando desde el principio” confió una fuente del caso.

Con la abundancia de pruebas y testimonial que prácticamente sentencia a De Rosas, cualquier decisión que se tome en el Jury que no sea condenatoria será espuria. Salvo, alguna triquiñuela formal que el Fiscal de Estado consiga para apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y llegar a 2015 o aun después en su puesto. La estrategia fue siempre la demora: desde los planteos del principio, las famosas pericias y "recontrapericias" de Catastro que nunca llegaban, los peritajes a los honorarios de más de treinta abogados desperdigados en toda la provincia que participaron en el proceso de las tierras para Divisadero Largo, y que luego rechazó cuando empezaron a llegar aquellos testimonios; todo fue dilación. Más tarde vino aquella historia de “a mí ya me juzgaron cuando el Senado me eligió para ser fiscal, por estos mismos hechos”, lo que fue rechazado, y finalmente llegó el último recurso: la enfermedad.

El fiscal De Rosas -quien hasta ahora se abstuvo de declarar- está buscando la forma de probar que su defensa no ha sido tenida en cuenta. Y que por lo tanto sus derechos fueron violados. La “chicana” de tener un abogado patrocinador en lugar de uno defensor fue expuesta ayer cuando Roberto Godoy Lemos se sentó entre el público, algo que fue advertido por Omar Palermo, que lo hizo constar en el acta. Si hubiesen sesionado sin esperar a que el fiscal se recupere, el Jury podría haber sido declarado nulo. Los miembros del tribunal están lidiando con ese tipo de celadas todo el tiempo, contando además con que probablemente el fiscal tenga aún algunos aliados entre los integrantes del Jury de enjuiciamiento.

En el affaire De Rosas, lo que está en juego es la institucionalidad de Mendoza. Es el caso en que la justicia y la política tienen la oportunidad de demostrar que los resortes del poder son manejados por ciudadanos elegidos por otros ciudadanos en elecciones libres, y por los procesos institucionales que corresponden en el caso de los magistrados. Y no por la billetera, por generosa que esta sea.

Así de simple.

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