Se complica la situación del ex jardinero de Néstor Kirchner
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull imputó a Ricardo Fabián Barreiro por la supuesta falsificación de un documento público, ya que se habría presentado como proveedor del Estado sin declarar que en ese momento tenía un cargo ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia de Entre Ríos.
Ricardo Barreiro era ex empleado de parques nacionales y también jardinero del matrimonio Kirchner en la casa de Río Gallego. Luego fue secretario privado del presidente de la Nación en 2003. Cuando abandonó el cargo para dedicarse a sus negocios dejó a su hijo Pablo como secretario privado de Cristina, encargado de manejar las redes sociales de la presidenta. En El Calafate es conocido por su restaurante en el centro de la ciudad, los colectivos y el camión recolector de basura del Parque Nacional Los Glaciares de RP Transportes y su complejo de cabañas. También integra el área de Recursos Económicos Financieros y Control de Calidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Además tiene un cargo en la gobernación de Entre Ríos. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Número 7, a cargo de Elvio Garzón.
Entre los expedientes que cuenta el magistrado figura que
Barreiro comenzó a prestar funciones a partir del 15 de agosto de 2012 en el Ceiser, un organismo dedicado a “crear, producir y distribuir eventos, bienes, productos y servicios culturales”. Aunque la designación es “ad honorem”, luego se le asignaron viáticos “con un Nivel de Personal Superior Fuera de Escalafón, Funcionario Político Nivel 41”. Ello a pesar de que el jardinero vive en El Calafate, a más de 3.000 kilómetros de Paraná.
A la vez, tanto Barreiro como su empresa RP Transporte SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia. Según los informes remitidos por la Dirección General de Contrataciones, en octubre de 2012 el jardinero aseguró, a través de una declaración jurada, que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública entrerriana. Ese dato resultó ser falso.
Más aún, a partir de esa falsedad, la Dirección de Turismo Social le alquiló a RP Transporte SA dos colectivos por el período de un mes para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis. Por estos servicios, el ex jardinero presidencial presentó, el 11 de diciembre de 2012, una factura por 220.000 pesos, la cual fue ingresada al Servicio Administrativo Contable provincial por la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Turismo.
Ahora deberá comparecer en una causa donde se lo acusa de haber falsificado datos para poder inscribirse como proveedor del Estado. Cuando se hizo público su caso, en mayo último, el empresario radicado en El Calafate no había informado que tenía un cargo en el Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos y así pudo beneficiarse en una licitación pública.
Mientras, Elvio Garzón debe resolver un pedido que le hizo el fiscal para que se realice una pericia caligráfica a fin de determinar si la firma que obra en el expediente de la Dirección General de Contrataciones efectivamente pertenece a Barreiro.
Ese sería el paso previo para que el jardinero millonario sea citado a prestar declaración indagatoria en Paraná.