Narcopelea: Pérez quiere evaluar y jubilar jueces
El gobierno cocina en reserva dos proyectos de ley para obligar a los jueces a jubilarse a los 65 años, y para someterlos a evaluaciones. Además, insistirán con que fiscales y ayudantes estén en los hechos de inseguridad poniendo la cara. Después de la explosión de Paco de la semana pasada la tensión sigue, pero hay canales de comunicación. Retomarán charlas después de la Vendimia. Por qué Mendoza no adhiere a la ley nacional de lucha contra las drogas.
El gobernador Francisco Pérez y un grupo reducido de colaboradores trabajan en dos proyectos de ley que van a despertar polémica. Buscan “poner en caja” al Poder Judicial, como secuela de una pelea feroz por la política de criminalidad, el funcionamiento de jueces y fiscales, y la inseguridad que junto a la inflación marcha al tope de las preocupaciones de la mayor parte de los ciudadanos. En uno de estos proyectos, se planteará quitarles la antigüedad a los jueces que lleguen a los 65 años y no se jubilen. En paralelo, otro proyecto contemplará evaluar a los jueces que lleguen a esa misma edad, o incluso una menor, a modo de “reválida” de su formación y conocimientos. Estos proyectos están bajo siete llaves y ni siquiera todos los ministros del Poder Ejecutivo los conocen, pero estarían listos después de la Vendimia. El lunes 10, el gobernador los presentaría a legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad y esa misma semana hombres del gobierno lo llevarían a la “mesa de enlace” donde confluyen jueces, policías, legisladores, fiscales y miembros del Poder Ejecutivo.
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La embestida del gobierno contra jueces y fiscales comenzó la semana pasada, cuando el gobernador denunció que la justicia es una “entelequia” que “duerme la siesta” y no “se hace cargo” de nada. La furia de Pérez sorprendió a propios y extraños, porque se esperaba una movida fuerte pero no de semejante calibre. El duro mensaje de Paco a la Justicia ocurrió el jueves pasado, cuando el gobernador participaba del traspaso de un centro de salud de la municipalidad de Guaymallén a la provincia. Los periodistas le preguntaban al gobernador por la inseguridad, el crimen del minimarket y el caso Luciana Rodríguez; y Pérez se despachó con una parte de los muchos datos que maneja sobre lo que –entiende- son ineficiencias de la Justicia, desidia, cuando no “protección” a los delincuentes, como está dispuesto a denunciar. La escalada incluyó varias acusaciones concretas a fiscales, y un duro embate contra el Procurador Rodolfo González, que es el jefe de todos los fiscales y responsable de la política de investigación criminal en la provincia.
Luego de la explosión del gobernador, y tras absorber el impacto, jueces y fiscales activaron varios canales de comunicación política para bajar el nivel de confrontación y buscar algún tipo de acuerdo sin que más sangre llegue al río, porque una parte ya viaja aguas abajo, cargada de rojo. “Somos varios los que estamos hablando, y colaborando… ayuda mucho que unos cuántos se hayan callado la boca” cuenta un dirigente del justicialismo de diálogo fecundo con fiscales, incluso con el procurador. Cuentan que en este diálogo participan algunos ministros de Paco, el vicegobernador Ciurca, y algún intendente. Lo que buscan es –primero- bajar los niveles de enfrentamiento “para que la justicia no se ponga corporativa”, y que los espacios de la Bicameral de Seguridad y la Mesa de Enlace sean en verdad productivos.
“Lo que queremos es que los integrantes de los tres poderes lleguemos a acuerdos sobre acciones concretas a adoptar, con plazos y responsables… Es decir, deberes para hacer” cuenta otra de las fuentes consultadas por esta “narco pelea”, desatada básicamente por el escaso avance judicial de las causas relacionadas a la narcocriminalidad, y las conexas. Hasta los jueces que tardan 15 segundos en derivar las causas a la Justicia Federal reconocen que el uso de drogas aumentó la inseguridad. “Es así, se drogan y roban y matan más… esto pasa en Mendoza y hay que reconocerlo” asume uno de los hombres de la Justicia de diálogo fluido con la política.
La pelea sigue. Los jueces han empezado a hablar de restricciones que sienten en su trabajo. “Hace más de dos semanas nos quitaron la custodia… ¡A los jueces! ¿Usted se imagina que no haya custodia en un juzgado de familia, donde un tipo va armado a matar a la mujer o al cuñado o una mujer va con un chichillo… o hay chicos en peligro? Nosotros nos hemos portado como caballeros tratando de resolver estas cuestiones, y nos devolvieron algunos policías. Además, veníamos hablando mucho con el gobierno el problema de las causas conexas con los narcos. Por eso el golpe de ‘Paco’ nos sorprendió. El problema con la gente que trabaja en la Justicia Federal, y no con toda porque sería injusto, es que no tienen información. No conocen lo que pasa en la calle. Saben mucho más los policías provinciales, que ellos” afirman. La polémica de las custodias para los jueces se resolvió, por ahora. Ningún magistrado dio la orden judicial de que le pongan guardias y los policías volvieron aunque en menor medida. “Que no se quejen… teníamos el problema de que faltaban policías en la calle… ¿qué querían? Custodiaban todos los edificios públicos, hasta los de la OSEP. A la Casa de Gobierno también le quitamos policías” dijo una fuente oficial.
Los fiscales fueron de los más criticados por el gobierno. Y aunque les asiste parte de razón porque es obvio que hay algunos que no trabajan, hay alguna factura oculta al Procurador. Un ex ministro de Seguridad cuenta que cuando fue a presentarle sus credenciales de flamante funcionario al Procurador, éste le dijo “usted es el noveno ministro se seguridad que viene acá”, y desde ese pedestal construyó la relación con aquel gobierno. El que logró torcer ese rumbo y hacer que los fiscales se pusieran más tono con el espíritu del “nuevo” Código Procesal Penal que ya tiene 14 años y se aplicó incompleto, fue el ex ministro Carlos Aranda, con un remedio simple: empezaron a sacar de la cama al Procurador en plena madrugada, cuando los fiscales y los ayudantes no aparecían en los lugares en los que había algún hecho delictivo. El día en que lo sobresaltaron un domingo a la mañana reclamando que era una vergüenza la ausencia de fiscales o ayudantes, González firmó una resolución obligando a los fiscales a estar en los lugares de los delitos. Por supuesto, la orden no se cumple, o se acata a medias.
En la reunión que el lunes 10 -después de la Vendimia- Paco Pérez tendrá con la Bicameral de Seguridad, el gobernador aportará datos sobre avances de causas penales. “En lo que va del año tuvimos casi 30.000 detenidos y aprehendidos y demorados en distintos procedimientos. Es una cantidad importantísima, y de eso hubo sólo 280 personas procesadas” se quejan en el gobierno. Los jueces, a su turno, se preguntan cómo fueron esos procedimientos, qué pruebas había, o qué pasaba con las garantías de la gente.
Los jueces contestan en voz baja, dejan trascender algún dato, pero no quieren llevar las peleas al extremo porque saben que en definitiva la política es la que tiene la última palabra sobre presupuestos, recursos, y leyes. Y reconocen además que tienen serios bolsones de ineficiencia. El propio Procurador se lo reconoció a una de las personas de la política con la que habla, buscando distender la situación.
Uno de los puntos de fricción es por qué la justicia local no avanza más rápido o con mayor potestad en la lucha contra el narcotráfico. La respuesta no es la simple “es un problema de competencia”. Hay matices y cuestiones políticas. Hay quienes dicen que el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, le llevó al procurador González la idea de tener una fiscalía especial dirigida a los asuntos de narcocriminalidad. Parece que al jefe de los fiscales le pareció bien y que podría haber avances en ese sentido, pero ese fiscal no sería más que un asistente de lujo de los fiscales federales que actúan en la provincia, justamente por la competencia federal en materia de drogas. Hay un punto central: Mendoza no está adherida a la ley federal de lucha contra el narcotráfico sancionada en 2005. Con esa ley las provincias pueden darle más poder contra la droga a sus propios jueces y policías. Hay ocho provincias en este esquema y el resto aún no adhiere, por muchas razones. Una fuente política dijo ayer que es el propio gobierno nacional el que en este momento está desalentando adhesiones, porque esa ley significaba muchos recursos que hoy la Nación no tiene, para combatir el narcomenudeo que de todos modos, mal o bien, hoy se pelea con lo que hay. “Significaba transferencias por cien millones de dólares… y hoy no hay… la policía se queja de que tiene sólo tres perros… ¿Sabés cuánto cuesta un perro de esos, sin entrenar? 20.000 pesos…” explica un informante.
En la Legislatura de Mendoza están cajoneados desde hace varios años proyectos de adhesión a la ley nacional que empodera a jueces y policías locales, y de creación de fiscalías específicas. Hay ocho provincias entre ellas Buenos Aires que consideraron útil esta ley. ¿Por qué Mendoza no adhiere?
En medio de toda esta pelea de tiras y aflojes, hay algunos acuerdos. En estos días de Vendimia no habrá declaraciones altisonantes de miembros del gobierno contra jueces o fiscales. Y González se comprometió a que habrá un fiscal o por lo menos un ayudante calificado en los hechos importantes. En el gobierno pidieron especialmente que no envíen a la ayudante que se desmayó en un operativo al salir de la vivienda en la que un anciano había muerto calcinado. El ejemplo grafica el enojo: “Algunos no tienen ni experiencia ni conocimientos” se quejó un funcionario que lleva varios años en el ámbito de la seguridad pública. Mientras, el Procurador ha jugado a varias puntas. Habla tanto con el ministro Rodolfo Lafalla como con dirigentes de sectores internos del PJ, tratando de apagar el incendio.
En la justicia provincial, en los órganos y en cada escritorio en el que se toman decisiones, hay una suerte de alerta que cambió de amarillo permanente a rojo la semana pasada. “Es muy complejo entender qué pasó… Lo que creemos es que alguien se ha estado quejando de algo, que no sabemos bien qué es… veníamos hablando con el ministro Lafalla y otros funcionarios de todos estos temas… de la conexidad entre los casos… había charlas con Llorente y con González” se lamenta un importante hombre de la justicia viendo el estropicio político que se generó y que ha creado anticuerpos difíciles de derribar en el espacio común de la “Mesa de enlace”, que tendrá su próximo encuentro el jueves 14 de este mes, siempre que antes no maten a nadie. En el medio, el mismo día en que el gobernador se reúna con la Bicameral de Seguridad se habrá cumplido el segundo aniversario del crimen de Matías Quiroga. Estará complicada la agenda pública de inseguridad en esa semana, con el incómodo debate del nuevo Código Penal como agregado. Ese proyecto está cosechando más rechazos que adhesiones por la baja de penas de numerosos delitos que hoy no tienen excarcelación.
Pasando en limpio las medidas que se estudian y los diversos compromisos que se están asumiendo en medio de un diálogo complicado, se resumen así:
• Un proyecto de ley para evaluar a los jueces y otro para quitarles la antigüedad si persisten en sus cargos a los 65 años. Así buscan dinamizar la justicia.
• Evaluación de magistrados, a los 65 años o antes.
• Profesionalización del personal del 911
• Iluminación de zonas del Gran Mendoza que se han convertido en “bocas de lobo”.
• Presencia obligatoria de jueces y fiscales en los lugares de hechos delictivos.
• Reuniones periódicas (cada 15 días) de la mesa de enlace en seguridad, para hacer el “tracking” de las tareas de cada repartición.
• Más acción de la bicameral y del Jury de enjuiciamiento en los casos obvios de desidia judicial.
• Bajar la tensión del enfrentamiento público.
• ¿Adhesión a la ley nacional de narcocriminalidad?
El narcotráfico cambió el concepto de inseguridad para siempre. Hay numerosos crímenes que lo comprueban, ya sea de chicos drogados que roban y matan y que en algún modo también son víctimas y victimarios a la vez; como ejecuciones a manos de sicarios de las que en Mendoza hemos visto varios casos. Ya se arrojan los muertos al pedemonte, tanto como en Buenos Aires matan a un colombiano en Palermo a las tres de la tarde. No son muchos los funcionarios que han advertido estos cambios a tiempo. Ni la Justicia, ni los fiscales, ni la policía pueden actuar igual que hace diez años. Pérez lo asume y lleva la cuenta de los casos que le transmiten. Por eso junta presión día por día.
La ficción violenta y la realidad –peor- se confunden. Hay quienes fueron “adelantados” en narcocriminalidad a la mendocina. Desde hace muchos años agentes de la DEA han operado en Mendoza con la venia de gobiernos locales. Luego Pérez creó una dirección específica en el Ministerio de Seguridad para la palea anti narco. Y otros estudian con lo que hay, para comprender el crimen organizado de la droga: dicen que el ex ministro de Seguridad Carlos Aranda comenzó a ver en 2012 “El Patrón del mal”, la novela que hoy es éxito mundial sobre la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Hoy la lleva en un pendrive y la reparte entre funcionarios ávidos, que se “clavan” de a tres o cuatro capítulos por día.
Los fiscales fueron de los más criticados por el gobierno. Y aunque les asiste parte de razón porque es obvio que hay algunos que no trabajan, hay alguna factura oculta al Procurador. Un ex ministro de Seguridad cuenta que cuando fue a presentarle sus credenciales de flamante funcionario al Procurador, éste le dijo “usted es el noveno ministro se seguridad que viene acá”, y desde ese pedestal construyó la relación con aquel gobierno. El que logró torcer ese rumbo y hacer que los fiscales se pusieran más tono con el espíritu del “nuevo” Código Procesal Penal que ya tiene 14 años y se aplicó incompleto, fue el ex ministro Carlos Aranda, con un remedio simple: empezaron a sacar de la cama al Procurador en plena madrugada, cuando los fiscales y los ayudantes no aparecían en los lugares en los que había algún hecho delictivo. El día en que lo sobresaltaron un domingo a la mañana reclamando que era una vergüenza la ausencia de fiscales o ayudantes, González firmó una resolución obligando a los fiscales a estar en los lugares de los delitos. Por supuesto, la orden no se cumple, o se acata a medias.
En la reunión que el lunes 10 -después de la Vendimia- Paco Pérez tendrá con la Bicameral de Seguridad, el gobernador aportará datos sobre avances de causas penales. “En lo que va del año tuvimos casi 30.000 detenidos y aprehendidos y demorados en distintos procedimientos. Es una cantidad importantísima, y de eso hubo sólo 280 personas procesadas” se quejan en el gobierno. Los jueces, a su turno, se preguntan cómo fueron esos procedimientos, qué pruebas había, o qué pasaba con las garantías de la gente.
Los jueces contestan en voz baja, dejan trascender algún dato, pero no quieren llevar las peleas al extremo porque saben que en definitiva la política es la que tiene la última palabra sobre presupuestos, recursos, y leyes. Y reconocen además que tienen serios bolsones de ineficiencia. El propio Procurador se lo reconoció a una de las personas de la política con la que habla, buscando distender la situación.
Uno de los puntos de fricción es por qué la justicia local no avanza más rápido o con mayor potestad en la lucha contra el narcotráfico. La respuesta no es la simple “es un problema de competencia”. Hay matices y cuestiones políticas. Hay quienes dicen que el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, le llevó al procurador González la idea de tener una fiscalía especial dirigida a los asuntos de narcocriminalidad. Parece que al jefe de los fiscales le pareció bien y que podría haber avances en ese sentido, pero ese fiscal no sería más que un asistente de lujo de los fiscales federales que actúan en la provincia, justamente por la competencia federal en materia de drogas. Hay un punto central: Mendoza no está adherida a la ley federal de lucha contra el narcotráfico sancionada en 2005. Con esa ley las provincias pueden darle más poder contra la droga a sus propios jueces y policías. Hay ocho provincias en este esquema y el resto aún no adhiere, por muchas razones. Una fuente política dijo ayer que es el propio gobierno nacional el que en este momento está desalentando adhesiones, porque esa ley significaba muchos recursos que hoy la Nación no tiene, para combatir el narcomenudeo que de todos modos, mal o bien, hoy se pelea con lo que hay. “Significaba transferencias por cien millones de dólares… y hoy no hay… la policía se queja de que tiene sólo tres perros… ¿Sabés cuánto cuesta un perro de esos, sin entrenar? 20.000 pesos…” explica un informante.
En la Legislatura de Mendoza están cajoneados desde hace varios años proyectos de adhesión a la ley nacional que empodera a jueces y policías locales, y de creación de fiscalías específicas. Hay ocho provincias entre ellas Buenos Aires que consideraron útil esta ley. ¿Por qué Mendoza no adhiere?
En medio de toda esta pelea de tiras y aflojes, hay algunos acuerdos. En estos días de Vendimia no habrá declaraciones altisonantes de miembros del gobierno contra jueces o fiscales. Y González se comprometió a que habrá un fiscal o por lo menos un ayudante calificado en los hechos importantes. En el gobierno pidieron especialmente que no envíen a la ayudante que se desmayó en un operativo al salir de la vivienda en la que un anciano había muerto calcinado. El ejemplo grafica el enojo: “Algunos no tienen ni experiencia ni conocimientos” se quejó un funcionario que lleva varios años en el ámbito de la seguridad pública. Mientras, el Procurador ha jugado a varias puntas. Habla tanto con el ministro Rodolfo Lafalla como con dirigentes de sectores internos del PJ, tratando de apagar el incendio.
En la justicia provincial, en los órganos y en cada escritorio en el que se toman decisiones, hay una suerte de alerta que cambió de amarillo permanente a rojo la semana pasada. “Es muy complejo entender qué pasó… Lo que creemos es que alguien se ha estado quejando de algo, que no sabemos bien qué es… veníamos hablando con el ministro Lafalla y otros funcionarios de todos estos temas… de la conexidad entre los casos… había charlas con Llorente y con González” se lamenta un importante hombre de la justicia viendo el estropicio político que se generó y que ha creado anticuerpos difíciles de derribar en el espacio común de la “Mesa de enlace”, que tendrá su próximo encuentro el jueves 14 de este mes, siempre que antes no maten a nadie. En el medio, el mismo día en que el gobernador se reúna con la Bicameral de Seguridad se habrá cumplido el segundo aniversario del crimen de Matías Quiroga. Estará complicada la agenda pública de inseguridad en esa semana, con el incómodo debate del nuevo Código Penal como agregado. Ese proyecto está cosechando más rechazos que adhesiones por la baja de penas de numerosos delitos que hoy no tienen excarcelación.
Pasando en limpio las medidas que se estudian y los diversos compromisos que se están asumiendo en medio de un diálogo complicado, se resumen así:
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• Evaluación de magistrados, a los 65 años o antes.
• Profesionalización del personal del 911
• Iluminación de zonas del Gran Mendoza que se han convertido en “bocas de lobo”.
• Presencia obligatoria de jueces y fiscales en los lugares de hechos delictivos.
• Reuniones periódicas (cada 15 días) de la mesa de enlace en seguridad, para hacer el “tracking” de las tareas de cada repartición.
• Más acción de la bicameral y del Jury de enjuiciamiento en los casos obvios de desidia judicial.
• Bajar la tensión del enfrentamiento público.
• ¿Adhesión a la ley nacional de narcocriminalidad?
El narcotráfico cambió el concepto de inseguridad para siempre. Hay numerosos crímenes que lo comprueban, ya sea de chicos drogados que roban y matan y que en algún modo también son víctimas y victimarios a la vez; como ejecuciones a manos de sicarios de las que en Mendoza hemos visto varios casos. Ya se arrojan los muertos al pedemonte, tanto como en Buenos Aires matan a un colombiano en Palermo a las tres de la tarde. No son muchos los funcionarios que han advertido estos cambios a tiempo. Ni la Justicia, ni los fiscales, ni la policía pueden actuar igual que hace diez años. Pérez lo asume y lleva la cuenta de los casos que le transmiten. Por eso junta presión día por día.
La ficción violenta y la realidad –peor- se confunden. Hay quienes fueron “adelantados” en narcocriminalidad a la mendocina. Desde hace muchos años agentes de la DEA han operado en Mendoza con la venia de gobiernos locales. Luego Pérez creó una dirección específica en el Ministerio de Seguridad para la palea anti narco. Y otros estudian con lo que hay, para comprender el crimen organizado de la droga: dicen que el ex ministro de Seguridad Carlos Aranda comenzó a ver en 2012 “El Patrón del mal”, la novela que hoy es éxito mundial sobre la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Hoy la lleva en un pendrive y la reparte entre funcionarios ávidos, que se “clavan” de a tres o cuatro capítulos por día.