Renegociación de tragamonedas en el Casino: los motivos de la disidencia

Hace unos días, MDZ mostró el documento que muestra la ratificación del cuestionado contrato de renegociación entre el Instituto de Juegos y Casinos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento, del grupo Vila-Manzano, por parte del titular de la entidad, Carlos Bianchinelli.

A ese respecto, explica que a su entender “el contrato debe terminar en la fecha prevista es decir en el año 2014, y de ésta forma no habrá especulaciones ni supuestos ni hipótesis sobre las ganancias o rentabilidad de las partes”.

Para sustentar su decisión, Bondino dice que, desde el instituto, “debemos cumplir con un mandato expreso e imperativo de Fiscalía de Estado de la provincia donde nos ordena actuar a los fines de restituir la legalidad violentada al contrato analizado, debiendo instar mecanismos de negociación o acudir a la sede judicial”.

A ese respecto, hace referencia a un interesante dato: en dicha renegociación estaban en juego los intereses del Estado Provincial. A criterio de Bondino:

“La renegociación no ha arribado a un resultado que resulte favorable a los intereses provinciales, no comparto el hecho de bajar el canon de un contrato vigente, por la ampliación del plazo para logar así un equilibrio entre inversión, capital y ganancias, vuelvo sobre el mismo tema aunque sea reiterativo, entiendo que en las actuales circunstancias, el contrato debe cumplirse, y concluir en la fecha de su vencimiento es decir en el año 2014”.

Bianchinelli nunca respondió la carta de Bondino. Apenas si ha prometido que el acta complementaria estará a disposición de todos los organismos de control y de la propia Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, según pudo saber MDZ, el supremo tribunal no puede expedirse sobre el contrato porque hay instancias previas y podría tener que opinar en la vía recursiva. “Además, con la denuncia penal que va a presentar ATE, la Corte no puede ignorar que puede determinarse la existencia de delitos y responsabilidades penales de los firmantes de las renegociaciones, por lo que no va a expedirse hasta que se realicen las investigaciones de esos delitos”, advirtió a este diario un conocido abogado penalista.

Como ya reveló este medio, gracias a las negociaciones de marras fueron promovidos tanto el contador Daniel Molina como Carina Andreoni, del departamento de auditoría del Instituto.

Ambos trabajaron para hacer la proyección numérica que “demuestra” que la entidad se benefició con la renegociación ad hoc.

Es un paper que deberá analizar el Senado.

A ambos los han promocionado al cargo de gerentes. A clase 12 a Molina y a jefa de división —clase 10— a Andreoni.