No está claro por qué intervinieron la Coprosamen
Tal como se presagiaba luego de escuchar a las partes involucradas del conflicto de la fundación Coprosamen quedó la impresión que hay muchas dudas sobre los reales motivos que derivaron en la intervención estatal de la entidad encargada del control de la sanidad animal y la calidad de los productos derivados para consumo humano.
Durante dos jornadas la Comisión de Economía de Diputados evaluó la situación de la institución privada, controlada por los productores y con participación estatal. Por la Legislatura pasaron los dos protagonistas principales de la polémica: el ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, principal impulsor de la intervención y la presidenta desplazada Mariela Jayat.
El proceso que desembocó en esta crisis y la posterior intervención de la Coprosaen fue conocido finalmente en detalle y se pudo saber finalmente cómo es que funciona una fundación que mantiene una relación directa con el Estado.
También se pudo observar cómo todo terminó en un reclamo salarial del personal de la Coprosamen y del personal del Iscamen que formalmente también forman parte de la nómina de la fundación aunque sean considerados en funciones públicas.
El motivo principal aludido por el Gobierno a través de Barg que fue la denuncia del gremio Ampros por la falta de pago no satisfizo la curiosidad de los diputados.
El punto contradictorio que se instaló es que el sindicato expuso el faltante del pago de salarios pero también dijo que esto se produjo porque el gobierno no había girado el dinero a la Coprosamen. Es decir el Gobierno decidió intervenir por el reclamo gremial pero soslayó su responsabilidad sobre el problema. Aunque desde el mismo Ministerio de Agroindustria se pueda decir que la intervención le permitirá al Estado conocer de cerca cómo se maneja el dinero en la fundación impulsando una auditoría externa.
Ni a los oficialistas siquiera se dieron por contentos con la explicación oficial que de algún modo tomaron distancia del asunto y llegaron a pedir con una resolución un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para conocer los destinos de los fondos públicos que llegan a la Coprosamen que asciende a unos 103 millones anuales.
Y como se ve las desconfianzas no apuntan sólo y directamente a la conducción desplazada de la entidad sino que la mirada se amplía hacia el Estado porque se sospecha que ha usado a la fundación para contratar a personal sin que figure en la planta estatal y con la posibilidad de desprenderse de empleados sin mayores consecuencias.
Por supuesto que quienes reaccionaron de una manera tajante fueron los legisladores radicales y sobre el final de la jornada emitieron un comunicado corto pero contundente para generar la presión necesaria sobre el gobierno.
"El Gobernador Francisco Pérez no tenía causas justificadas para disponer una medida extrema como es la intervención de la Fundación Coprosamen", concluyeron los radicales en un comunicado.
"Solicitaremos que, en forma inmediata se dé marcha atrás con dicha decisión y se restituya inmediatamente en sus cargos y funciones a los integrantes del Consejo de Administración de la Fundación que fueron elegidos legítimamente el 2 de mayo pasado", señalaron por escrito los diputados de la UCR.
Además, dijeron que le exigirán al Ejecutivo que proceda, "con urgencia", a abonar los servicios de fiscalización cumplidos durante este año, que a la fecha se encuentran impagos, “para evitar así seguir ocasionándole problemas a la entidad y al personal”.
A estas conclusiones llegaron los legisladores luego de realizar un análisis exhaustivo del expediente Nº3038-D-2013-00917, que dio origen a la intervención de Coprosamen, y de escuchar en comisiones al ministro de Agroindustria y Tecnología de la Provincia, Marcelo Barg, junto con el director de Ganadería, Juan Tejada, y al interventor Guido Loza, como así también a los integrantes de la Comisión intervenida.