Plantean la nulidad de la posible extensión del contrato de los tragamonedas

El Instituto de Juegos y Casinos renegoció por motivación propia el contrato de concesión de los tragamonedas del casino central otorgando una serie de beneficios a la empresa Mendoza Central Entretenimientos que generaron una fuerte controversia. Legisladores de la oposición presentaron una denuncia en Fiscalía de Estado asegurando que ese contrato tenía vicios y que generaba perjuicios para el Estado. La semana pasada las áreas administrativa y jurídica del organismo de control le elevaron al fiscal subrogante Javier Fernández las conclusiones del análisis y ahora Fernández debe firmar la resolución definitiva. Así, las nuevas autoridades del Casino, conducido por Carlos Bianchinelli, y el propio gobernador Francisco Pérez quedan en una posición incómoda, porque están obligados a tomar decisiones políticas sobre cómo encarar la renegociación por los plazos de duración del contrato.

En el dictamen Fiscalía de Estado esquiva definirse sobre el tema más controvertido del contrato que es la ampliación de las ganancias de la empresa a través del aumento del canon, que pasó del 26 al 47% de los ingresos de los tragamonedas. Pero tampoco le da vía libre al Instituto de Juegos, pues piden que haya informes técnicos económicos de otros organismos para saber si hay perjuicio para el Estado.

Pero también dejan abierta la puerta para que haya investigaciones contra los funcionarios que intervinieron en el proceso. En general, aunque no anulan el proceso, sí determinaron que “surge que existen en el Acuerdo de Renegociación Contractual de fecha 18/07/2011 y en su acto administrativo ratificatorio, Resolución Nº509/11 (20/09/11), diversos vicios de diversa entidad, que poseerían, respecto de la validez de los mismos, diferentes consecuencias jurídicas en el marco de la legislación provincial aplicable”.

También cuestionan la cláusula en la que le ceden a MCE la concesión de la explotación del bar del casino, pues lo encuentran injustificado

La polémica por las ganancias

En el expediente hay varios detalles. Uno de ellos es que se menciona el momento en que la empresa Casino de Buenos Aires (CIRSA) le transfirió el negocio a MCE (del grupo Vila). Fue en noviembre del 2008, ya con Daniel Pereyra (ex empleado de Vila en la Universidad de Congreso) sentado en el sillón de la presidencia del Instituto. El análisis de Fiscalía tiene otro detalle: el expediente ya pasó por el lugar, pero cuando estaba a cargo del hoy suspendido Joaquín De Rosas. En ese momento la renegociación fue aprobada en tiempo express y sin objeciones. Ahora De Rosas está al borde de ser enjuiciado (sólo falta la fecha) por estar sospechado de favorecer al grupo Vila, pero no por los tragamonedas sino por negocios inmobiliarios. Javier Fernández es quién lo subroga.

El análisis de Fiscalía esquivó definirse sobre la principal polémica, que tiene que ver con saber si con el nuevo canon la Provincia pierde o no dinero. En ese sentido, la resolución deriva el tema en otros organismos, como el Tribunal de Cuentas de la provincia. “Respecto de las previsiones sobre ajuste de los canones retributivos (del 26.23% al 47% en forma escalonada), deberá verificarse si de tal previsión deviene un daño “cierto y concreto” para el ente descentralizado provincial, a cuyo efecto debería recurrirse primigeniamente, a los informes que al respecto emitan las Comisiones Legislativas de Hacienda de ambas Cámaras, la Sindicatura del I.P.J.C. y del análisis que efectúe el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia”, determinaron. Sí establecen que si esos informes determinan que hay daño al Estado, la propia Fiscalía inicie acciones contra los responsables.

Por eso el tema está lejos de cerrarse y podría venir una etapa de búsqueda de responsables. “Existe la obligación funcional de disponer las medidas tendientes a investigar las eventuales irregularidades de diferente naturaleza, de agentes de la administración activa y consultiva, que han sido señaladas y surgen en virtud de las irregularidades detectadas precisándose en su caso el tipo de responsabilidad aplicable, con expresa notificación a la Fiscalía de Estado”, culmina el escrito.

Pero queda en manos del propio Instituto de Juegos iniciar esas investigaciones para saber si, por ejemplo, hubo irregularidades administrativas o incluso delitos. Así se desprende del análisis de Fiscalía de Estado. "Lo expresado no obsta que pueda imputarse a los funcionarios que corresponda, responsabilidad administrativa  y/o determinar, en cualquier caso, pautas de la eventual responsabilidad civil y/o penal, a cuyo efecto deberían desarrollarse en el organismo de origen las investigaciones y/o sumarios que estimen puedan corresponder", ordenan.

Otro aspecto importante es que el dictamen aclara que Daniel Pereyra no se habría excedido en sus atribuciones porque los investigadores entienden que el directorio del Instituto de Juegos y Casinos le dio la atribución al ex funcionario para renegociar.

Ratificó en ese mismo acto lo actuado por el funcionario en la renegociación del contrato.

En diálogo con MDZ Radio, Carlos Bianchinelli, presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), dijo que este martes se reunirán con legisladores de la Comisión de Hacienda de ambas cámaras -Diputados y Senadores- para cruzar información y que ellos puedan dar su opinión.

Sostuvo que lo dictaminado por la Fiscalía del Estado "da la posibilidad de renegociar sólo esos artículos y no de renegociar la totalidad del convenio. No habla de que sea ilegítimo el convenio ni de la nulidad y respecto del 47 por ciento no emite opinión dejándole la responsabilidad al Tribunal de Cuentas y a las cámaras".

Entrevista a Carlos Bianchinelli: