Los pozos del millón de pesos
La guerra por el agua subterránea recién comienza. Pero ahora tiene precio y en valores millonarios. Los empresarios que habían sido beneficiados con permisos provisorios de pozos de agua en zonas prohibidas, desplegaron todo el menú disponible de recursos administrativos y judiciales. La justicia dio curso a 10 cautelares para que no se ejecuten las medidas, mientras analizan la legalidad de las revocaciones de los permisos. Ayer el Tribunal Administrativo de Irrigación rechazó las apelaciones que habían presentado por sede administrativa. Mientras tanto, el agua de los polémicos pozos sigue saliendo a chorros.
La disputa será larga, según explican. Para tener una idea de lo que hay en juego, sólo para cubrir uno de las cautelares, se depositó un millón de pesos como contracautela. Es la primera vez que se le pone una cifra para valuar cada pozo. Desde Irrigación presentaron las apelaciones de las cautelares, junto con las argumentaciones de fondo.
Administrativamente se ordenó el cegado de los pozos. Pero la justicia le dio curso a las cautelares que permiten que las empresas sigan sacando agua sin limitaciones. A cambio, presentaron contracautelas de hasta un millón de pesos, aunque a algunos sólo les exigieron una póliza de caución.
Entre los amparistas hay empresas que tenían en el lugar proyectos de desarrollo inmobiliario de lujo, como Santa Croce, Vignes Des Andes, Aymuray y otras, que pidieron suspender y declarar inconstitucional las resoluciones por las cuales se negó la concesión definitiva de esos permisos y que ordenó el cegado de los pozos.
Una de esas empresas no presentó ningún recurso ante la justicia. Se trata de Santa María de los Andes, el emprendimiento del que es parte el conductor de televisión Marcelo Tinelli y que sólo presentó el recurso administrativo. En el fondo se especulan con que esa empresa apunta directamente a la Corte, donde se espera que termine todo el conflicto. El tema es que los tiempos seguramente no serán cortos, y en el proceso los pozos de agua siguen abiertos y sin restricciones.
El Tribunal de nuevo rengo
Ayer el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación tuvo una sesión particular. Fue la última antes de que a dos consejeros se les venza el mandato y seguramente también la última en mucho tiempo. Es que con la salida de Ricardo Scandura y Carlos Dávila (ambos representantes por el río Tunuyán) son tres los consejeros que faltan y el Tribunal no tiene quórum. El Gobernador Francisco Pérez es quien debe designar a quienes ocuparán esos tres lugares vacíos, pero se trata de una decisión sensible políticamente y que seguramente se extenderá más allá de las internas del PJ.
El Tribunal Administrativo tuvo una caliente última sesión. Ahora vuelve a quedar trunco porque faltarán tres integrantes. Pérez debe nombrar a los reemplazantes, pero en el medio está la interna del PJ.
En la sesión los consejeros rechazaron por unanimidad los pedidos de las empresas y por lo tanto ratificaron las resoluciones que ordenaban el cegado de los pozos. Ahora con la instancia administrativa agotada, desde Irrigación apuntan a que sea la Suprema Corte quien defina la legalidad luego de las quejas de los empresarios.
Las cautelares fueron presentadas en dos tribunales diferentes. Vignes des Andes fue quien primero presentó inició el “proceso por amparo contra el Departamento General de irrigación a los fines que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución N° 70 del 08/03/2013” por la cual le rechazaban el permiso de agua. Esa causa cayó en el Segundo Juzgado de Gestión Asociada. Las otras 9 están en manos del Primer Juzgado de Gestión Asociada.
Todo comenzó con el permiso que la anterior gestión de Irrigación le dió a un grupo de empresas para explotar agua subterránea en la márgen derecha del Río Mendoza, una zona donde estaba prohubido. Esa decisión le significó a Eduardo Frigerio el inicio de un jury y el funcionario renució en las vísperas del juicio en el que podía ser destituído por mal desempeño. Luego de casi un año el Gobernador anunció la decisión política de no otorgar los permisos de concesión y cegar esos pozos, que son explotados por empresas del sector inmobiliario. El Tribunal Administrativo de Irrigación fue quien ejecutó esa decisión y ahora la batalla es en la justicia.
Los emprearios argumentan que ya hicieron inversiones millonarias (en cultivos, canchas de golf e instalaciones de lujo) y tenían previstas otras asegurando que les asiste un derecho.