Los pozos del escándalo: la justicia aceptó un amparo
Hace un mes, en plena Vendimia, el gobernador de la provincia Francisco Pérez pidió al Departamento General de Irrigación (DGI) que suspendiera los dudosos permisos de 20 pozos de agua en Alto Agrelo en Luján de Cuyo. Esto fue avalado por el Tribunal Administrativo de Irrigación; sin embargo, una jueza local dejó en “stand by” esta propuesta.
Resulta obligado hacer una mirada retrospectiva del caso. En marzo de 2010, cuando el DGI estaba a cargo de Eduardo Frigerio, se firmó una resolución que permitió la apertura de 22 permisos de perforación de agua.
El 25 de marzo de 2010 se emitieron todas las resoluciones de cada uno de los permisos. Los adjudicatarios que se vieron beneficiados por la buena voluntad de Frigerio son los siguientes: Santiago Julio Obarrio (Amuray), Raúl Ángel López, Santacroce S.A., Bulnes S.A., Vignes de Andes S.A., Golf Club Alto Agrelo, Santa María de Los Andes, y Cerezas Argentinas.
Según puntualizó el abogado Marcelo Romano, especialista en derecho Hídrico, “Frigerio resolvió otorgar un pequeño número de permiso de pozos en Agrelo, en una zona de restricción absoluta y en el medio de una estrés hídrico y para completar la herejía, violando los derechos de cientos de regantes que con anterioridad habían realizado su pedido, le dio pozos a un puñado de regantes VIP, según el mismo, recomendados por el Gobernador Jaque”.
Las luces y sombras sobre estas dudosas concesiones desembocaron en un jury de enjuiciamiento contra Frigerio quien terminó renunciando en diciembre de 2011.
El sábado 2 de marzo, en medio de la Vendimia, Pérez comunicó la decisión política de instruir al actual superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, de suspender los permisos de 20 pozos de agua. Esta propuesta fue avalada por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del DGI.
Sin embargo, según informó diario Los Andes, una jueza local dictó a fines de marzo la medida de “no innovar” con lo cual se frena el pedido del gobernador y se deja en “stand by” la posibilidad de interrumpir la concesión dudosa de pozos de agua en un área de restricción hídrica.