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Herramientas de la perpetuidad

El periodista Pepe Eliaschev hace un análisis de las noticias más relevantes que se vivieron en la Argentina durante esta última semana.

Con una cuestión absolutamente anodina y prescindible (que puedan votar los menores desde los 16 años), el Gobierno volvió a agujerear a las frívolas y a menudo casquivanas fuerzas opositoras. A la Casa Rosada la estrategia de "ampliar" los derechos y las garantías, unida al programa de aumento ilimitado de la intervención estatal en la vida cotidiana, le ha dado buenos resultados. Al enarbolar banderas "progresistas", el kirchnerismo pulveriza de hecho toda posibilidad de convergencia democrática que atenúe aunque sea un poco el asfixiante hegemonismo presidencial.
  
En Diputados, la estatización de Aerolíneas Argentinas colocó a Victoria Donda y a Claudio Lozano del lado del kirchnerismo. Los socialistas avalaron la liquidación y estatización de las AFJP. El radicalismo se alineó con el Gobierno en la confiscación de YPF.

Un fragmento del Frente Amplio Progresista (FAP) se unió al kirchnerismo en la escandalosa "expropiación" de la ex Ciccone. La ley de medios del Gobierno fue apoyada por los socialistas. En todos los casos, el Gobierno tiene éxito en correr "por izquierda" a las desflecadas patrullas del centro-izquierda.
  
Radicales, socialistas, el grupo de Pino Solanas y los seguidores del gracioso político cordobés Luis Juez sienten literalmente terror de quedar "a la derecha" de la infatigable retórica oficial. Puestos antes la disyuntiva de aparecer como insensibles o enfrentados a medidas que perciben secretamente como positivas, se meten en cepo una y otra vez, desprovistos de iniciativas y condenados a ser un melancólico furgón de cola, como  resignados a patalear primero pero a engancharse con el "relato" oficial después. Ahora, con el derecho a votar desde los 16 años se asiste a una operación de electoralismo crudo y duro.

Resulta notable que la naturaleza del proyecto no sea advertido por fuerzas opositoras, a las que seguramente jamás se les ha ocurrido reflexionar sobre las lecciones de la legendaria polémica sobre la "contradicción" principal oportunamente articuladas por el líder chino Mao Zedong. Para la centro-izquierda argentina no resulta claro cuáles son las disputas secundarias y por donde pasa el debate principal. No es necesario avalar el totalitarismo maoísta, para encontrar sentido en esta postura, una formula intelectual que pone en términos abstractos una verdad elemental de la vida cotidiana.
  
Los radicales avalaron el método kirchnerista de desembarco en YPF basados en sus famosas "banderas" yrigoyenistas de hace 100 años. El juecismo en el FAP compró la teoría de la "soberanía monetaria" para dar su apoyo al encubrimiento de Amado Boudou en el copamiento de la ex Ciccone. Los socialistas creyeron que la ley de medios kirchneristas iba a "democratizar" radio y TV, cuando en verdad es un instrumento al amparo del cual ha nacido un colosal oligopolio mediático gubernamental. En el caso del voto a los 16 años, el proyecto del Gobierno vuelve a embretar a las formaciones opositoras.
  
Impulsar el voto optativo de los jóvenes de entre 16 y 18 años implica asumir una política formalmente ampliadora de derechos a la que al progresismo anti K le resulta difícil adherir. No denuncian ni advierten que lo central de este proyecto es darle salida electoral a la estrategia oficial de cortejar a las jóvenes generaciones. Por cuerda separada pero convergente, el kirchnerismo apresura también una ley para darle el voto optativo a los extranjeros que tengan solo dos años de residencia en el país.
  
Estas dos batallas oficiales y sus consiguientes modificaciones del Código Electoral, suponen engordar en unos tres millones de electores nuevos el padrón. La jugada oficial es una obra maestra de la astucia, porque no solo enganchará tres millones de votos a un caudal que estima como muy favorable al Gobierno y muy pasible de ser condicionado por las políticas del Estado, sino que –simultáneamente- vuelve a fragmentar a la oposición, cuyo embelesamiento con la retórica del perfume progresista es proverbial.

El kirchnerismo necesita lograr la mayoría agravada estipulada por el artículo 77 de la Constitución Nacional para modificar la ley electoral. Eso implica contar con mayoría absoluta, o sea la mitad más uno del total de los miembros de cada cámara para que lo aprobado sea legal. Un sector del FAP ya dio su apoyo al proyecto K, pero otros sectores no ocultan su desorientación. Mientras que por un lado vapulean la sagacidad electoralista del Gobierno, por el otro no se atreven a ser presentados como "enemigos de la juventud".
  
Muchos radicales, pero no todos, tienden a apoyar la iniciativa oficial, pero añadirían que ese derecho sea un deber, y no una opción más. En el núcleo ideológico del Gobierno, tanto en ésta como todas sus otras iniciativas, el kirchnerismo propone un mundo, un país y una sociedad repletos de derechos, pero bastante desprovistos de obligaciones. Para el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, "no le podemos hacer el juego al Gobierno. Las campañas de adoctrinamiento en las escuelas, la aparición del Vatayón Militante y el voto de extranjeros y jóvenes de 16 años integran la misma estrategia re-reeleccionista".

En PRO, el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó su entusiasmo por la medida, pero advirtió, cauteloso, que era a título personal". Binner fue prudente como siempre y no se pronunció: "Siempre estuvimos a favor de los jóvenes, pero hay que estudiar el proyecto". Fogosa, en cambio, la ex kirchnerista Victoria Donda, Lozano y el ex radical Gerardo Milman se manifestaron favorables a la movida, condenada sin embargo a dotar de jóvenes y de extranjeros a los batallones del oficialismo.

Desde el Frente Peronista, el diputado Enrique Thomas sostuvo que "si a los jóvenes de 16 se les habilita el voto, entonces también deberían ser imputables en delitos penales, casarse sin autorización de tutor o conducir un auto. Esto es pura especulación electoral". La ley 22278, promulgada en 1980, sostiene que "no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación".

Aunque no se trate de una absoluta inimputabilidad (en penas cuyas condenas serían superiores a los dos años, sí son responsables), es evidente el desarreglo. ¿Podrían elegir
Presidente de la Nación, pero no podrían ser juzgados y condenados por un asesinato? Con perspicaz disquisición jurídica, el Dr. Daniel Sabsay cuestiona la avanzada oficial. Piensa que si se les da el voto a los menores de entre 16 y 18, deberá ser obligatorio. ¿Por qué? Porque para el artículo 37 de la Constitución Nacional que "el sufragio es universal, secreto y obligatorio". Se haría así "un distingo en el artículo 40", que fija que sólo en una consulta popular no vinculante "el voto no será obligatorio".
  
Es evidente que, por ahora al menos, para fragmentos importantes de la incurable oposición argentina, todos los gatos son pardos y no hay diferencia entre lo central y lo accesorio.

¿Hay dudas de que lo que el Gobierno quiere y lo que Cristina Fernández propicia, es perpetuidad y para eso necesita mecanismos propicios?