Jueces insisten en no aportar a OSEP
Parecía que renunciaban, pero no. La causa iniciada por jueces de Mendoza que se oponían a aportar a la obra social estatal sigue vigente a pesar de que un grupo de magistrados firmó un acuerdo para retirar la demanda. El problema es que no todos aceptaron resignar la denuncia. Por eso la causa en la que se pide declarar inconstitucional la ley 8.373 sigue vigente y en manos de la Suprema Corte.
La ley cuestionada es la que determina la adhesión de Mendoza a la ley nacional de discapacidad, por la cual las obras sociales, entre ellas OSEP, deban cubrir el 100 por ciento de los tratamientos de personas con discapacidad.
Esa norma también incluye un artículo que obliga a los magistrados a aportar a la OSEP como lo hacen todos los empleados públicos. “Están obligados a aportar a la Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.), los Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, los Legisladores Provinciales, los Intendentes y los Concejales, siempre en carácter de afiliados directos", dice el artículo 3 de la norma.
Luego de sancionada la norma, un grupo de jueces, encabezados por Rafael Escot, pidieron declararla inconstitucional porque aseguraban que violaba la intangibilidad de sus salarios. El repudio social fue masivo, a la vez que la Corte desestimó un amparo para evitar los descuentos.
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Escot, de cacería en África.
Así, Escot y otros jueces desistieron de seguir la causa. Pero no todos siguieron el mismo camino. Los jueces Ricardo Mirábile, María Mercedes Herrera, María Evelina Chillemi y Marta Liliana Foncea no desistieron e insisten en que se declare inconstitucional la ley que los obliga a aportar. Incluso hubo otros jueces que quisieron sumarse, pero ya no podían porque vencieron los tiempos. Entre otras cosas aseguran que “es arbitraria y puramente dogmática la afirmación de que la norma legal cuestionada pueda causar perturbación al servicio asistencial que OSEP presta a las personas discapacitadas y que son éstas las principales perjudicadas con la medida solicitada”.
Por eso también apelaron la sentencia que les rechazó el amparo y volvieron a reclamar que decida un tribunal de conjueces y no la Corte. La sala 1 de ese tribunal rechazó todos los planteos, por lo que los más de 300 magistrados seguirán aportando al menos hasta que esté el fallo definitivo. Pero no agotan las instancias, porque en la causa hicieron reserva “del caso federal y de ocurrir ante la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el caso de que no se haga lugar a lo peticionado”.
El descuento se está haciendo efectivo desde febrero de este año. Según informaron desde OSEP el mecanismo es igual que con cualquier empleado, es decir un descuento automático por bono de sueldo. Lo que sí tuvieron que hacer es una campaña de afiliación para que los magistrados sean efectivamente usuarios de la obra social. Por ahora sólo quedan 23 jueces sin que hayan cumplido con los trámites, pero la idea es que si no lo hacen los afilien compulsivamente. En total por los 300 jueces la recaudación anual es de de 4,5 millones de pesos.