Los caminos de San Jorge: hacer de nuevo el proyecto o que se anule la ley 7722
San Jorge fue el primer proyecto minero metalífero a cielo abierto que se intentó en la provincia luego de la sanción de la ley 7722, que restringió esa actividad. También fue el que más avanzó, pues, a pesar de las objeciones técnicas y el rechazo comunitario, logró el primer paso de la aprobación, que fue la Declaración de Impacto Ambiental firmada por el Poder Ejecutivo.
Pero ese proyecto quedó truncado ayer con el rechazo por unanimidad que recibió en la Cámara de Diputados. De esa manera, el expediente elevado por Jaque y el entonces ministro Francisco Pérez quedó anulado y no puede volver a ser tratado.
El camino que puede quedarle a la empresa es empezar de nuevo. Ayer, los legisladores reconocían que era un camino posible. Es que técnicamente lo que hicieron los diputados es no aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, aunque luego la sanción fue más allá y menciona al proyecto como tal.
La empresa podría realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y comenzar el largo camino para conseguir la aprobación. Mendoza tiene un régimen particular para el control ambiental de la actividad minera. Además de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, en 2006 se emitió un decreto que impone más rigor al tema. Allí es donde se exigen audiencias públicas y se crea una comisión especial para analizar los impactos de cada proyecto (llamada CEIAM).
La vía judicial
La empresa también tendría cerrada la vía judicial para cuestionar la decisión de los diputados, pero sólo en principio. El tratamiento legislativo está previsto en la reglamentación, a través de la ley 7722.
Pero la chance judicial que le queda a San Jorge (o Coro Minig) es de muy largo plazo: las empresas mineras mantienen una demanda contra la Provincia para que la ley 7722 sea declarada inconstitucional y, por lo tanto, se anule. Esas demandas, que son más de 10, avanzan. San Jorge presentó su propio pedido de inconstitucionalidad en julio de 2007, junto con las otras empresas. De hecho, todos los expedientes tienen números continuados y son patrocinados por casi los mismos abogados. El expediente de San Jorge tuvo movimientos recientes, en oficios firmados por el ministro de la Corte Carlos Böhm.
Además de las manifestaciones públicas de rechazo, las organizaciones defensoras del ambiente habían iniciado una estrategia judicial para frenar el proyecto. En primera instancia, la Justicia Civil rechazó un amparo presentado por la organización Oikos, y justamente el martes la apelación a esa sentencia fue aceptada. Ahora ese expediente quedará sin sentido, pues allí se cuestionaba la Declaración de Impacto Ambiental que ahora fue anulada.