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El adelantamiento: los intendentes radicales dependen de la ayuda de la Justicia Federal

Aunque legalmente pueden convocar a elecciones, la falta de tiempo puede conspirar en su contra. Necesitan que la Justicia Federal garantice el apoyo logístico, porque la provincia no tiene esa estructura. Desde ese fuero no tienen un "sí" automático. Además, precisan apoyo económico y técnico del Gobierno, que se opone a la medida. En Godoy Cruz ya trabajan para que se vote el 2 de octubre.

Tres intendentes radicales quieren adelantar las elecciones como reacción espasmódica al cachetazo electoral que recibieron el domingo. Pero, más allá de la decisión política, deberán sortear otros obstáculos antes, como convencer a la Justicia Federal de que preste asistencia y al propio Gobierno para aporte los recursos. El camino no es sencillo, pues, en el medio, el proceso electoral ya previsto sigue en marcha.

En Godoy Cruz ya todos trabajan pensando en el 2 de octubre como fecha oficial de elecciones departamentales. Así se los hizo saber a sus militantes Alfredo Cornejo, el intendente que es abanderado e impulsor de la iniciativa. Detrás están Mario Abed, de Junín, y Gerardo del Río, de Rivadavia, que quieren hacerlo pero están más dispuestos a actuar en bloque; es decir que si hay alguna decisión partidaria de no avanzar, pondrían marcha atrás. Lo de Cornejo parece sin retorno.

La ley les daría la derecha para adelantar las elecciones, siempre y cuando convoquen con 30 días de antelación. Pero luego deben garantizar la logística.

Mendoza no tiene Justicia Electoral propia ni estructura, y para cualquier elección depende de la Justicia Federal. Desde ese fuero confirmaron a MDZ que aún no tienen ninguna comunicación oficial sobre las intenciones de los radicales y que si la decisión se toma, analizarán el contexto para saber si pueden prestar asistencia o no. Es que antes deben terminar el proceso de las elecciones primarias, luego ejecutar las elecciones de Capital y San Carlos y pulir los detalles de las generales del 23 de octubre. Por eso no hay un “sí” automático. Ya les ocurrió a los intendentes de Capital y San Carlos, que debieron cambiar la fecha de la elección a pedido del juez Walter Bento.

Los acuerdos

Antes de presupuestar los gastos, Godoy Cruz y los municipios que quieran adelantar deberían firmar un acuerdo con el gobierno provincial similar al que hicieron Capital y San Carlos. Desde la Casa de Gobierno no les harán fácil ese trámite, pues no están de acuerdo ni les conviene tampoco el adelantamiento.

Para eso tienen que conseguir autorización de la DGE para abrir las escuelas, del Ministerio de Seguridad para que haya policías y del Ministerio de Gobierno para poner la plata. “Si hay una decisión y una orden de la Junta Electoral, tendremos que acatarla y enviar los policías. El resto no sé, porque aún no hay nada”, se limitó a decir Carlos Aranda, ministro de Seguridad.

Por las dudas, los intendentes del PJ ya comenzaron a ratificar las elecciones para el 23 firmando los decretos de convocatoria para ese día. Así lo hicieron General Alvear, San Martín y Las Heras.

¿Cuánto cuesta la elección?

Las elecciones de Capital y San Carlos costarán, según el presupuesto oficial, 1.014.000 pesos, que en su totalidad fueron aportados por el gobierno provincial. En el presupuesto se menciona en detalle adónde van a parar esos gastos. La Secretaría Electoral Nacional cobra 260 mil pesos por sus servicios, el Correo Argentino cobra 300 mil pesos por la elección de Capital y 60 mil por la de San Carlos. Otros 100 mil se destinan al sistema informático y 186 mil para pagarles a las autoridades de mesa.

Allí hay un dato curioso: en el acuerdo se menciona que se pagarán 250 pesos a cada uno, pero en la convocatoria se dijo que el pago es de 200 pesos. Luego aclararon que los otros 50 pesos son para quienes hagan el curso de capacitación. Además, se prevé dinero para pagar a los empleados que deberán trabajar el domingo 28.

Otro dato curioso es que hace dos años el intendente de Capital, Víctor Fayad, presupuestó su elección desdoblada en 1,5 millones de pesos, dinero que fue aportado por el gobierno nacional a través de dos ATN. Dos años después, una elección más compleja y “multiplicada por dos”, porque se hace también en otro departamento, cuesta más de 30% menos.