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Hiperactividad judicial alrededor de Moyano
Colaboradores íntimos del líder de la CGT serían procesados en la causa de los troqueles "truchos" de medicamentos contra el cáncer. Operaciones sospechosas de lavado y el "caso Covelia", otros dos dolores de cabeza.
De manera inminente, la Cámara Federal porteña resolverá si avala o no -lo más probable es que sí- los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadío a hombres muy cercanos con el líder de la CGT y titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.
Lo hará en la causa que investiga el uso de troqueles falsos para cobrar importantes reintegros por parte del Estado por medicamentos contra el cáncer -Erbitux- que debían suministrarse a los afiliados.
Paralelamente, el juez federal Ariel Lijo recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia que dio cuenta de la aparición de un antigüo reporte de "operación sospechosa" de Moyano.
Mientras, Lijo espera que el fiscal federal Carlos Rivolo requiera formalmente que impulse la investigación para avanzar con otras medidas tendientes a ver si hubo "lavado de dinero". Por ejemplo, librar exhortos en busca de cuentas en otros países y avanzar sobre los supuestos vínculos con la empresa recolectora de residuos Covelia.
Más en lo inmediato, la Cámara Federal resolverá sobre el titular de Droguería Urbana, Marcos Hendler; el titular de la Administración de Programas Especiales Hugo Solá, quien llegó al cargo con la venia de Moyano, y el auditor de la obra social camionera, Daniel Lombardero, firmante junto a su jefe, Moyano, de los expendientes presentados ante el APE para los reintegros.
Lo que analiza la sala II del Tribunal de apelaciones se remonta a tres expedientes concretos de suministro de Erbitux a pacientes graves, ya fallecidos. Los troqueles de este medicamento anexados para cobrar los reintegros eran falsos, según demostró una pericia.
En primera instancia la Cámara tiene que resolver si confirma los procesamientos por tres expedientes, que fueron los primeros analizados por Bonadío de un total de 300 secuestrados en allanamientos al APE y a la Obra Social de Camioneros.
En estos tres expedientes, la primera hoja de inicio del trámite, es decir, la que formalmente pide los reintegros al Estado y es el preámbulo de toda la documentación respaldatoria, está firmada por el propio Moyano.
Igualmente aún habrá que ver si la modalidad de reintegro con uso de troqueles falsos se repite en los demás trámites aún a estudio de Bonadío, porque si esto sucediera ya sería difícil para el líder camionero argumentar desconocimiento o errores por pérdida de troqueles o culpa del proveedor de Camioneros -Hendler- de Droguería Urbana, explican en tribunales cuando se consulta sobre posibles -cercanos o futuros- llamados a indagatoria al lider de la CGT.
Hendler, también procesado por el juez federal Noberto Oyarbide en la megacausa por medicamentos que tiene a cargo, aparece en una escucha telefónica pidiendo a otra procesada en esta causa más de una decena de troqueles falsos del Erbitux que, según se escucha, se le habían perdido. Y la mujer responde que puede suministrarlos sin problema.
Droguería Urbana vendía los medicamentos a solicitud de Camioneros cuando se recibían las recetas que entregaban los pacientes: en los casos analizados, de real existencia y emitidas por médicos de hospitales públicos.
Todas estas maniobras comenzaron desde que el APE, bajo la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, empezó a exigir los troqueles para desembolsar los reintegros que anteriormente se daban a las obras sociales sindicales de manera previa al inicio de los tratamientos, sin ningún control posterior.
Lo que analiza la sala II del Tribunal de apelaciones se remonta a tres expedientes concretos de suministro de Erbitux a pacientes graves, ya fallecidos. Los troqueles de este medicamento anexados para cobrar los reintegros eran falsos, según demostró una pericia.
En primera instancia la Cámara tiene que resolver si confirma los procesamientos por tres expedientes, que fueron los primeros analizados por Bonadío de un total de 300 secuestrados en allanamientos al APE y a la Obra Social de Camioneros.
En estos tres expedientes, la primera hoja de inicio del trámite, es decir, la que formalmente pide los reintegros al Estado y es el preámbulo de toda la documentación respaldatoria, está firmada por el propio Moyano.
Igualmente aún habrá que ver si la modalidad de reintegro con uso de troqueles falsos se repite en los demás trámites aún a estudio de Bonadío, porque si esto sucediera ya sería difícil para el líder camionero argumentar desconocimiento o errores por pérdida de troqueles o culpa del proveedor de Camioneros -Hendler- de Droguería Urbana, explican en tribunales cuando se consulta sobre posibles -cercanos o futuros- llamados a indagatoria al lider de la CGT.
Hendler, también procesado por el juez federal Noberto Oyarbide en la megacausa por medicamentos que tiene a cargo, aparece en una escucha telefónica pidiendo a otra procesada en esta causa más de una decena de troqueles falsos del Erbitux que, según se escucha, se le habían perdido. Y la mujer responde que puede suministrarlos sin problema.
Droguería Urbana vendía los medicamentos a solicitud de Camioneros cuando se recibían las recetas que entregaban los pacientes: en los casos analizados, de real existencia y emitidas por médicos de hospitales públicos.
Todas estas maniobras comenzaron desde que el APE, bajo la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, empezó a exigir los troqueles para desembolsar los reintegros que anteriormente se daban a las obras sociales sindicales de manera previa al inicio de los tratamientos, sin ningún control posterior.