Okupas: mundos distintos, la misma necesidad
Joana y Elízabeth viven en el barrio La Gloria. Junto con Liliana , del Tres Estrellas, compartieron la toma del terreno de vialidad, junto al Acceso Sur, en Godoy Cruz. Las tres tienen hijos y viven en la casa de sus padres u otros familiares, compartiendo todo con otras familias. Viven de changas, sin un trabajo fijo. Crecieron en esa zona, en medio de la peor crisis del siglo XX y tuvieron problemas para acceder a la escuela. “Nuestros padres hicieron lo mismo que nosotros para conseguir la casa”, recuerdan las mujeres.
La realidad de Gustavo Pacheco es bien distinta. Es parte de la llamada clase media, tiene un empleo e ingresos estables, pues desde hace 25 años trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué lo une con las “ocupas”? Los problemas de acceso a la vivienda propia.
Mientras Elízabeth, Liliana y Joana esperan una ayuda directa del Estado, Gustavo propone otra cosa para el y las familias que están en la misma situación. “El Estado no se tiene que desatender, pero tiene que mirar también para otro lado. En mi caso, Yo no quiero una casa del IPV. No me gustan porque son chicas y no están bien construidas. Yo puedo pagar otra casa, trabajo hace 25 años en la Universidad, tengo estabilidad, un sueldo, pero los bancos no te ayudan. Me parece que el Estado podría intervenir para que alguien financie la casa. Tiene que haber una forma de presionar a los bancos, por ejemplo, para que faciliten el acceso a un crédito. Me pasa que a pesar de las seguridades que tengo, vivo en la casa de mi madre porque no hay acceso al crédito”, relata Gustavo.
Cambio de perfil
Desde el IPV aseguran que están “sorprendidos” por el crecimiento de la demanda, pero especialmente por la edad de las familias que reclaman por una vivienda.”Se ha notado que se ha cambiado el eje de las prioridades. Las personas que están reclamando son matrimonios muy jóvenes, de 22, 23 años de promedio que están viviendo en una situación de hacinamiento. Realmente es extraño”, aseguró Juan Videla.
El promedio de edad de los adjudicatarios a los cuales actualmente les están construyendo las casas, es de 40 – 45 años. Y, según explicó Videla, se trata de grupos formados hace al menos seis años. “Pensar que el Estado tiene que resolverte el problema de vivienda a los 20 años, no pasa en ningún lugar del mundo. Sin duda la situación socioeconómica no ayuda para que otros sectores hayan accedido a través de los bancos o del ahorro entonces todo le cae al IPV y es imposible que el Estado pueda resolver todo”, explica Videla, que asegura que hay un atraso de “30 años” en la construcción de casas.