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Paco Pérez admitió que no sabe cuánto costará aplicar en Mendoza la ley nacional de discapacidad

"¿Cuántos millones son? Esa es la duda. Ese flujo no está en ningún lado. Unos pueden hablar de 10 millones, otros de 50 y otros de 100", se sinceró Paco. No obstante, confirmó la decisión política de aprobar la norma.

Con el garrote mediático de CQC encima, la Cámara de Diputados de la provincia dará hoy el primer paso para adherir a la ley nacional de discapacidad. Sin embargo, el gobernador electo, Francisco Pérez, señaló que recién cuando comience su gestión se sabrá cómo se aplicará y especialmente cuánto le costará a las arcas del Estado.

Si bien el vice electo, Carlos Ciurca, propició el respaldo de los diputados del oficialismo a la adhesión y se ocupó cerca del fin de semana de buscar el apoyo de la oposición para la sesión de hoy, Pérez por su lado señaló que esta expresión política no tiene cifras en dinero ni mecanismos de aplicación, por ahora.

"Hay que manejarse con mucha prudencia debido a que no está definido el gabinete de salud de la provincia y el de la Nación. Cuando asuma y juren mis ministros analizaremos desde la reglamentación de la ley hasta cuánto implica su aplicación", explicó Paco.

El principal nudo es el financiero. Se calcula que la OSEP gastará entre 30 y 40 millones de pesos. Pero a esto hay que sumarles los costos de las otras obras sociales, cuyos afiliados no harían aportes extra para la atención de los discapacitados.

Para Pérez, el flujo financiero necesario directamente no existe en ningún lado. Se desconoce.

"¿Cuántos millones son? Esa es la duda. Ese flujo no está en ningún lado. Unos pueden hablar de 10 millones, otros de 50 y otros de 100", expresó Paco.

Ciurca comparte el diagnóstico de Pérez, aunque por su lado sostiene que ya ha conseguido buena parte del financiamiento (entre 40 y 50 millones de pesos) a través de un plan del Gobierno Nacional que hasta aquí nadie había visto.

Los dos aseguran que la adhesión a la ley nacional de discapacidad fue "una decisión política compartida" de las autoridades entrantes, aunque ahora viene una tarea más dura de resolver: que el compromiso se vuelva real y que aparezca el dinero para ello.