La Corte pidió a Jaque reglamentar una ley para indemnizar a víctimas de delitos
La Suprema Corte de Justicia acaba de emitir un fallo por el cual le pide al Gobierno de Mendoza que reglamente una ley para comenzar a indemnizar y a asistir a las víctimas de delitos graves. El fallo se refiere a la ley 7841 sancionada en 2008 pero que no se aplica porque Fiscalía de Estado pidió que sea declarada inconstitucional.
La Corte aseguró que el espíritu de la norma es legal y que asistir a las víctimas de delitos es competencia del Estado. Pero también determinó que la ley entrará en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo la reglamente. En Mendoza hay numerosas demandas de víctimas de delitos que reclaman indemnización. Ahora la Corte les da un pie para reclamar, pero existe el coto de la reglamentación, es decir de la firma del Gobernador. Lo curioso es que Fiscalía de Estado pidió declarar inconstitucional la ley "enfrentando" a la provincia, defendida por Asesoría de Gobierno. La norma fue propuesta por el diputado Daniel Cassia, quien ahora exige que se aplique. "Hemos presentado notas al Gobierno y a la Corte pidiendo que se aplique la ley. Pedir la inconstitucionalidad fue una maniobra de Cazabán para frenarla y ahora nos dieron la razón. Pasa lo mismo que con otras leyes, como la de las estadísticas de delitos, que se niegan a aplicar", dijo el diputado.
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Los casos
La ley establece que el Estado debe indemnizar a las víctimas de delitos graves para buscar reparar el daño y ayudar a la asistencia. Abarca los delitos gravísimos “con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves o gravísimas, o de daños graves o gravísimos en la salud física o mental” y también a las víctimas de delitos contra la Integridad Sexual.
Fiscalía de Estado judicializó el tema basándose en que no podría responder económicamente la provincia a esas demandas, entre otras cosas. Pero la Corte estableció que “la reparación económica que prevé la ley cuestionada está fundada en los principios de "solidaridad social" y de "subsidiariedad" y no de "responsabilidad" como argumenta la Fiscalía de Estado”. Además, los jueces aseguran que ese tipo de ayuda colaboraría con la equidad, pues mencionan que las clases sociales con menos recursos económicos tienen menos oportunidades de superarse.
“Si bien las secuelas del delito afectan a todas las capas sociales, las más desprotegidas carecen de recursos para afrontar esas consecuencias, ello avala la naturaleza solidaria del beneficio que se acuerda, porque la intervención estatal basada en la solidaridad social y en la equidad permite que la comunidad -de alguna manera- compense a las personas más vulnerables por el delito que han soportado y las consecuencias tanto físicas, sicológicas, económicas que el mismo haya causado”, argumentó Jorge Nanclares, encargado de analizar en particular el tema. Otro que apoyo la decisión e incluso agregó datos a favor fue Mario Adaro, ex ministro de Gobierno y actual ministro de la Corte.
La ley fue sancionada en 2008 y originalmente tenía un presupuesto anual de 5 millones de pesos para las indemnizaciones.
En la parte resolutiva de la sentencia, la Corte establece que “la Ley 7841 será aplicada a todos los delitos en ella establecidos que ocurran en la Provincia a partir de la efectiva vigencia de la misma, es decir una vez reglamentada la ley y publicada dicha reglamentación”. Ahora, la Corte le pide al Gobierno que reglamente la ley y que en el próximo presupuesto esté incluido el monto para las víctimas “Para la efectiva aplicación se recomienda al Poder Ejecutivo que proceda a reglamentar la Ley dentro de un plazo no superior a los 30 días corridos de quedar firme la presente, ello a fin que la norma resulte operativa y puedan presupuestarse para el año venidero los gastos que su implementación”.