Justicia mutante en el Este: pasión y resurrección de Abdo
A los dos se los separó de sus cargos por distintos motivos aunque por cuestiones que le eran inherentes a sus responsabilidades como concejales del pueblo de San Martín. Ellos son: Alberto Panella (PJ) y Omar Abdo (UCR).
No es la idea de esta nota analizar los motivos jurídicos y judiciales por los cuales fueron sacados de pista. Aunque hay que aclarar que a Abdo le fue mejor por esta vía que a Panella. Abdo logró hace unos días a través de un amparo asumir como concejal aún cuando el Cuerpo deliberativo lo había declarado inhábil para la esa función.
En cambio Panella que hace 15 años ejercía su función fue también repudiado por el mismo Cuerpo legislativo por irregularidades que cometió siendo edil. En aquel tiempo Panella exploró el mismo camino judicial del amparo pero en aquella oportunidad la justicia no le dio la razón y no pudo reasumir su cargo.
Ahora Abdo le descubrieron que era un moroso crónico del Estado y ese fue el motivo para que el Concejo le impidiera asumir. Hace quince años Panella le descubrieron unas maniobras administrativas para favorecer a un hijo en el municipio.
A Abdo la justicia le dio la razón. Le vulneraron sus derechos básicos de haber sido elegido mediante el voto popular. Algo similar había planteado Panella en su momento. Los dos sintieron que fueron juzgados arbitrariamente y adujeron inconstitucionalidad en la aplicación de las normativas.
A los concejales de esta historia los une el juez civil Jorge Lioy que hace unos días le dio la razón a Abdo y hace quince años le rechazó el mismo pedido a Panella. Hace quince años dijo que no correspondía el amparo y hace unos días dijo que sí. ¿Qué cambió?
Los casos no son iguales, podría responder el magistrado. Pero su actitud hace quince años pareció prudente porque eligió no inmiscuirse en la vida orgánica de un poder del Estado distinto al Judicial como es el Legislativo. Ahora eligió el otro camino: darle una orden al Concejo Deliberante para que le tome juramento al concejal no admitido ¿Qué cambio? Evolucioné, podría contestar el juez.
Pero otros dirán que con esa decisión Lioy dejó planteado un conflicto de poderes que sólo la Corte puede resolver. Por eso, señalan que el Concejo no debería haber acatado la orden de Lioy y elevar el conflicto de poderes al Supremo Tribunal.
Sería bueno imaginarse que podría ocurrir con el juez Lioy por haber fallado a favor de un concejal electo por los votantes, pero que eran ignorantes al momento de sufragar de que Abdo era deudor del Estado.
Para eso sería necesario recordar el caso de la destitución del fiscal Alberto Camargo. En agosto de 2005 este magistrado pretendió secuestrar documentación de la Legislatura por una denuncia sobre el modo en que se había aprobado una ley. La reacción de todo el arco político de ese momento lo apuntó como un intruso. Los legisladores lo vieron como una violación a la autonomía de los poderes. Un año después Camargo fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento. Ahora bien, ¿con su actitud redentora a favor de Abdo, Lioy no hizo lo mismo con los concejales de San Martín?
Es extraño como cambian las cosas. En el caso de Camargo el principal ofendido fue el entonces vicegobernador Juan Carlos Jaliff que impulsó el juicio contra el fiscal desubicado. Ahora Jaliff es presidente del partido Confe que fundó Julio Cobos y es senador provincial, y uno de los principales defensores de Abdo. Tanto es así que fue uno de los ilustres dirigentes que se presentó en la asunción del concejal redimido por el juez Lioy, convalidando con su presencia la sentencia del juez.
Como corolario hay que señalar: el municipio ya apeló el fallo de Lioy, pero además tres concejales justicialistas Daniel Arias, Carmela Perri y Bartolomé Robles (presidente del Concejo), ya firmaron el papel donde está escrito la conformidad para plantear el enjuiciamiento de Lioy.

