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Jaque, el aborto, el matrimonio gay y su gobierno a "conciencia"

El gobernador volvió a demostrar claramente, con sus afirmaciones, cuál es su postura ante los avances legales en dos temas que dividen fuertemente las aguas de nuestra sociedad. Mientras que para el aborto asegura que respetará a rajatabla la ley; en cuanto al matrimonio homosexual, insta a sus funcionarios a incumplirla.
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“Todo lo que se haga por fuera del Código Penal, significa cometer delito”, se excusaba ayer Celso Jaque por haber acallado las declaraciones de su Ministro de Salud, Carlos Behler, tras conocerse un día antes la intención de la cartera sanitaria nacional de ampliar las excepciones de abortos no punibles, mediante una resolución ministerial.

Behler había asegurado, apenas salida a la luz la ratificación de la Resolución 1184 del Ministerio de Salud de la Nación, que instauraría una lista de objetores de conciencia para conocer puntualmente qué médicos se opondrían a hacer abortos y admitió que la provincia cuenta con un protocolo similar al propuesto por la Nación pero que no ha sido firmado por el gobernador.

Con lo que no contaba el ministro era que el gobernador saldría detrás suyo a desbaratar cualquier intento de avanzar con ello, más allá de si el Gobierno nacional ratificaba o no la decisión del ministro Manzur.

“Es una locura”, fue la frase con que Jaque resumió sus pensamientos, y agregó: “Aunque personalmente estoy absolutamente en contra del aborto, en Mendoza no existe ningún protocolo y no adheriremos a ninguna medida que venga por fuera del Código Penal. Ahí se establecen sólo tres excepciones para permitir un aborto. Todo lo que se haga por fuera del Código Penal, significa cometer delito”.

Con estas declaraciones, el malargüino no sólo volvió a dejar claro su posicionamiento de raíces eclesiásticas sino que, amparándose en la letra pura de la Ley, no dejó lugar a discusiones.

Sin embargo, y también apoyándose en su religiosidad, instó a uno de sus ministros a incumplir una norma legal.

El gobernador adelantó que le pedirá al titular de la cartera de Gobierno, Mario Adaro, de quien depende el Registro Civil, que confeccione una lista de ‘objetores de conciencia’ entre los oficiales públicos, “para garantizarles su derecho a no querer casar parejas del mismo sexo’.

Derecho inexistente, ya que la ley 26618, que da estatus de matrimonio a la unión de parejas del mismo sexo y que fue reglamentada hace dos días por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, no da lugar a objeciones de conciencia.

Mientras tanto, la titular del Registro Civil, Olga Videla, salió a aclarar -en contraposición a lo dicho ayer por el Gobernador- que su oficina es un "organismo de aplicación" y que, por lo tanto, no ve cómo podría no cumplir con la ley.

La norma es muy clara en cualquier sentido con que quiera mirársela y no da lugar a discusiones ni dobles lecturas. Precisamente, el debate que desembocó en su sanción en el Congreso englobó todo este tipo de situaciones.

Tan fuera de lugar fueron estas declaraciones de Celso Jaque, que no sólo significaron una clara aceptación de pretender amparar a quienes violen una ley sino que además generaron que desde el Instituto Nacional contra la Discriminación se le remita un pedido de informes acerca de sus dichos y que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans saliera a repudiarlo enérgicamente.