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Cómo Jaque deja que el SUTE maneje 23 millones de pesos de la Provincia

El Gobierno pagará las deudas que reclamaban los docentes por el congelamiento de la antigüedad, entre 1999 y 2003, a pesar de que la Justicia falló en contra del reclamo de los docentes y otros agentes estatales. Lo curioso es que en el caso de los maestros, los cálculos de lo que debe cancelarse los hizo el gremio docente. Una prueba más de las relaciones carnales entre el Gobierno y el SUTE.

Los cargos, nombramientos y privilegios otorgados desde la Dirección General de Escuelas (DGE) hacia miembros de la conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), parece perder relevancia al conocerse el acuerdo del Gobierno provincial con la cúpula gremial para el pago de la deuda por el ítem antigüedad, congelado entre los años 1999 y 2003.

Es que a pesar de no tener la obligación de hacerlo, al habérsele rechazado el reclamo a los docentes en los estrados judiciales mendocinos en dos ocasiones antes del convenio y de la desestimación de la queja en la Corte nacional, posteriormente, el Gobierno de Celso Jaque de todos modos acordó la cancelación del dinero exigido y para eso erogará poco más de 23 millones de pesos. Sobre los cuales el Gobierno no ha intervenido en la cofección de las estimaciones y les será liquidado a los educadores en base a los cálculos realizados por la dirigencia gremial.

El primer avance de este acuerdo se realizó en marzo de 2009, en el marco de la paritaria salarial. En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo provincial presentó una propuesta de solución al reclamo a todos los gremios estatales, que ya tenían tramitaciones judiciales, pero sólo el SUTE aceptó discutir el convenio. Aunque no abandonó su camino en la Justicia, con el desplazamiento de su secretario general, Eduardo Franchino, y el apoyo a la candidatura del resistido contador Carlos López Puelles (foto) al manejo de la DGE, la conducción gremial dio acabadas muestras de su intención de mantener una estrecha y recíproca relación de amistad con el Gobierno.

Así las cosas, tomados de la mano con López Puelles, los sindicalistas lograron estampar sus rúbricas en el acta del convenio en diciembre de 2009.

Más allá de la erogación de los 23 millones de pesos, para el pago del justo reclamo docente, las principales falencias que se observan en este acuerdo son: quién hizo el cálculo de lo que debe cobrar cada docente, el marco legal del trato mediante el cual "le hicieron pasar el río con botas" a los legisladores opositores en la aprobación de la Ley de presupuesto 2010 -por la que se le autoriza al Gobierno el pago de este arreglo- y quienes serán los verdaderos beneficiados o los que recibirán la porción mayor de la torta.

La calculadora del contador

A principios de este año, comenzaron a llegar a manos de cada docente, por medio de sus directivos, las ofertas que les hacía el Gobierno para ya terminar con la disputa.

Sin embargo, las cifras ofrecidas no conformaron a la mayoría de los docentes y las notificaciones fueron devueltas. Además, muchos fueron los profesionales de la educación que llegaron hasta el tercer piso del Ala Este de Casa de Gobierno, al área de Liquidaciones, para pedir detalles de lo calculado y pidiendo respuestas acerca de cómo había hecho el gobierno escolar para determinar la cifra que cada uno debía recibir. En realidad está claro que en la estimación el Gobierno no pudo dar respuesta certera porque no había participado de la confección del cálculo.

Tanto es así que la puerta del responsable de la liquidación en la DGE, Antonio Cola, empezó a ser golpeada con insistencia, en busca de respuestas. Así fue que se conoció el verdadero trasfondo del arreglo SUTE-Gobierno.

“Yo no tengo nada que ver, a mi me dicen de arriba que tenemos que pagar lo que dice el diskette que mandó el SUTE, andá a preguntar al sindicato”, asegura uno de los reclamantes que le respondió Cola y dejó claro que a pesar de estar encabezado el ofrecimiento con la frase “Gobierno de Mendoza – Dirección General de Escuelas”, las cifras ofrecidas salieron de una exigida calculadora que trabajó noche y día en la sede sindical de calle Coronel Plaza y que las arcas estatales quedaban a merced de las matemáticas gremiales.

Lejos de retroceder, y con la posibilidad latente de que el rechazo de los trabajadores hiciera caer el ‘arreglo’, llegaron en el mes de mayo nuevas ofertas a las escuelas pero con un importante incremento en los montos a convenir.

La ley de presupuesto

En la presentación de la oferta a los docentes, se escuda el ofrecimiento en el decreto 2072/03 y en la Ley 7183/04 pero esas normas no enmarcan este acuerdo, ya que el primero se refiere al convenio del Gobierno de Julio Cobos con todos los sindicatos estatales, por el que se les ofrecía un arreglo a ser pagado en 48 cuotas, sin existir fallo judicial alguno respecto al reclamo de los trabajadores y que obligaba a quienes aceptaban esa metodología de pago a desistir de avanzar judicialmente. A su vez, la 7183 es la Ley de presupuesto del año 2004 que refrenda la decisión gubernamental anterior.

Por lo tanto, y tras la firma del acuerdo ‘exclusivo’ con el SUTE, el 23 de diciembre de 2009, la única forma de que pasara sin objeciones la votación de la Ley de presupuesto 2010 era haciendo referencia a ese acuerdo.

Tanto el pago como los beneficiarios del mismo, hoy son absolutamente diferentes. El arreglo es ofrecido a quienes recurrieron a la Justicia y perdieron; y se estipuló una cancelación hasta en 18 cuotas, con un mínimo de 100 pesos por cuota y con un adicional del 52% sobre el total calculado como deuda.

Sin embargo, para poder lograr la autorización de la Legislatura y seguir fortaleciendo la relación SUTE-Gobierno, el Ejecutivo incluyó el artículo 63 en la Ley de Presupuesto 2010, que los parlamentarios opositores parecieron no advertir y lo pasaron por alto. Algunos reconocen hoy que hasta lo vieron con buenos ojos porque creían que se estaba cumpliendo cabalmente con los compromisos contraídos por la gestión gubernamental anterior.

Yo quiero mi pedazo

Mientras los docentes se preguntan cómo fue que se perdió el juicio, cuyo fallo de rechazo en la Corte Suprema de la Nación se emitió casualmente un día antes de las elecciones en el sindicato, los números que hoy están acordando, aunque lejos de lo que esperaban, son puestos en valor con la clásica frase “peor es nada”.

Pero, mientras tanto nada se sabe o nadie ha salido a decir, al menos, como se componen esos $23.035.093 que, extraoficialmente, se conocen que repartirá el Gobierno en el universo docente ni quienes son los que preparan su plato para recibir una suculenta porción de la torta.

El monto final, de acuerdo a datos filtrados desde el propio sindicato, se desmenuza de la siguiente manera:

14.163.454, 93 millones es la deuda que reconoce el Gobierno de Celso Jaque, en base a los cálculos hechos por el perito contable contratado por el SUTE.

7.081.727, 46 millones sería lo que se debe sumar en concepto de intereses. Es decir, el 52% prometido por el Ejecutivo.

21.245.182, 39 millones termina siendo entonces la cifra total a pagar.

Ahora bien, 23.035.093, 61 millones es el dinero destinado a la DGE para abonar los acuerdos con los docentes. Casi un par de millones por encima de la cifra resultante de la suma de deuda e intereses. Y, es aquí donde aparecen las mayores dudas del acuerdo.

Son 1.789.911, 22 millones que quedan en la nebulosa y hay quienes desde dentro del sindicato docente los rotulan como contribuciones, sin tampoco poder explicar de qué tipo ni bajo qué conceptos.

Mientras tanto, aseguran algunos que el asesor letrado del SUTE, Héctor Santander, cobraría el 4,5% de los 14 millones de deuda, en concepto de “honorarios por la firma del convenio”, a pesar de que es empleado del sindicato y sólo habría cumplido con las tareas inherentes a su función. En caso de ser efectivo ese pago, Santander se quedaría con 637.355 pesos.

Pero, a su vez, también admiten en el gremio, que una partida similar sería para el perito contable que intervino en la operación. A este actor le correspondería un 4%, que significan 566.538 pesos.

Sumando ambos honorarios, el número da $1.203.893. Lejos de los casi dos millones ‘fantasmas’.

Entonces, ¿cuál es en definitiva la cifra total que erogará el Estado mendocino?, ¿cómo se repartirá el dinero? y ¿quién tiene las planillas donde figuran los nombres de los más de 7 mil docentes involucrados? Son las tres grandes interrogantes que se plantean al ir armando este rompecabezas. Preguntas que tanto el responsable de Liquidaciones de la DGE, Antonio Cola; como  al asesor legal del SUTE, Héctor Santander, obviamente, no quisieron responder.

A continuación, reflejamos cómo fue el diálogo de MDZ con los protagonistas de estas cuentas

Conversación con Héctor Santander.

-¿De cuánta plata hablamos?
- Es relativo, no todos van a cobrar lo mismo. Los números de todos los docentes son diferentes.

-Pero, yo le pregunto en total. Por el monto de todo el acuerdo, me imagino que al final de las planillas alguien debe haber sumado todo lo que se va a pagar…
- Esos datos los tienen en el Tercer piso…

-¿En el Ministerio de Gobierno quiere decir?
-No, en el Ala Este, en Liquidaciones. Hablalo con Antonio Cola, él maneja esos números.

Conversación con Antonio Cola.

-¿De cuánto dinero estamos hablando, en total, por el pago de este convenio?
- Mire, toda esa información la tienen en el Sute. ¿Por qué no la pide allí? Llámelo a Santander, que es el asesor letrado, yo no lo puedo dar esa información.

-Pero, casualmente lo llamo porque Santander me dijo que usted manejaba los números.
-Me tendría que poner a ver el diskette que me mandó con esos datos. Pero, son ellos los que mandaron el diskette. Pídaselo a él, lo debe tener.