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Los abusos de agentes del Estado causaron la muerte de 2.557 personas en democracia
Así lo reveló la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Se trata de personas que muerieron por abusos de agentes estatales en prisiones, ejecuciones extrajudiciales o por el llamado "gatillo fáci". La organización dijo que la situación se agravó durante la presidencia de Néstor Kirchner, "a pesar de su prédica en favor de los Derechos Humanos". Mendoza al tope de "los peores casos".
Los gobiernos de Néstor Kirchner (1003-2007) y el actual, liderado por su esposa, Cristina Fernández, muestran los números más altos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, pese a que son reconocidos por su política de memoria histórica sobre derechos humanos y por haber impulsado los juicios contra los represores de la última dictadura.
Así lo indicó Gustavo Filograsso, representante de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y el trabajo fue difundido a nivel internacional por la agencia IPS y publicado en lugar destacado, por ejemplo, por el prestigioso diario La Jornada, de México.
Destaca que en Mendoza “se produjeron los peores casos”.
"Son los gobiernos que más reprimieron", afirmó el representante de la Correpi. En tanto, el informe señala, en torno a las notorias diferencias entre la percepción en este sentido de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayor y Abuelas de Plaza de Mayo, con la posición de Correpi, Filograsso explicó que, "sin cuestionar su trayectoria, hoy en día, en los hechos, no nos encontramos como compañeros".
Lo cierto es que de acuerdo con los cálculos de esta organización, en 25 años de vigencia de la democracia argentina, luego de la sangrienta dictadura militar, la cifra de personas que han muerto por la acción de agentes del Estado trepa a 2.557.
En el análisis de Correpi, consta, además, que más de la mitad de las personas que murieron tenían menos de 25 años de edad y dos tercios, menos de 35.
La entidad detalló que 1.341 casos correponden a fusilamientos, “ejecuciones extrajudiciales sumarísimas", con la participación incluso de "escuadrones de la muerte", especialmente en "el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires".
En segunda instancia, 822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y "bajo custodia". La Correpi marcó que los peores casos corresponden a las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, donde son revestidos como "suicidios por ahorcamiento e incendios".
Recordó el informe de Correpi que Mendoza recibió en 2004 un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su situación carcelaria. “Además –agregó- en todos los casos de motines e incendios en los que mueren decenas de presos, los familiares denuncian violencia del servicio penitenciario, arbitrariedades y el ´dejar hacer´ por parte de los guardias”.
La estadística de la organización humanitaria continúa con la categoría "Intrafuerza o intrafamiliar", que incluye "210 episodios en los que víctimas y victimarios resultan camaradas de la misma fuerza".
Con el título de "Otras circunstancias" se circunscriben "105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de las funcionarios policiales".
En quinto lugar, 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales, y cierra el estudio con el concepto "Causa fraguada o consecuencia de otros delitos", con 23 casos, más ocho fallecimientos sin especificar.
Gustavo Filograsso, representante de Correpi, advirtió que la cifra de 2 mil 557 muertes debido a la represión policial e institucional es apenas "una parte del total; los casos en realidad son muchísimos más".
Agregó luego que “no hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden".
En el análisis de Correpi, consta, además, que más de la mitad de las personas que murieron tenían menos de 25 años de edad y dos tercios, menos de 35.
La entidad detalló que 1.341 casos correponden a fusilamientos, “ejecuciones extrajudiciales sumarísimas", con la participación incluso de "escuadrones de la muerte", especialmente en "el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires".
En segunda instancia, 822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y "bajo custodia". La Correpi marcó que los peores casos corresponden a las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires, donde son revestidos como "suicidios por ahorcamiento e incendios".
Recordó el informe de Correpi que Mendoza recibió en 2004 un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su situación carcelaria. “Además –agregó- en todos los casos de motines e incendios en los que mueren decenas de presos, los familiares denuncian violencia del servicio penitenciario, arbitrariedades y el ´dejar hacer´ por parte de los guardias”.
La estadística de la organización humanitaria continúa con la categoría "Intrafuerza o intrafamiliar", que incluye "210 episodios en los que víctimas y victimarios resultan camaradas de la misma fuerza".
Con el título de "Otras circunstancias" se circunscriben "105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de las funcionarios policiales".
En quinto lugar, 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales, y cierra el estudio con el concepto "Causa fraguada o consecuencia de otros delitos", con 23 casos, más ocho fallecimientos sin especificar.
Gustavo Filograsso, representante de Correpi, advirtió que la cifra de 2 mil 557 muertes debido a la represión policial e institucional es apenas "una parte del total; los casos en realidad son muchísimos más".
Agregó luego que “no hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden".