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ATE levantó la medida de fuerza y anunció una contraofensiva legal
En una asamblea, los trabajadores decidieron levantar el paro como consecuencia de la exigencia judicial de prestar el 100% de los servicios a niños y adolescentes. Dijeron que se violó el derecho a huelga, ya que, según el fallo de una jueza de Familia, no hay lugar para reclamos. A pesar de esta situación, anunciaron una serie de medidas tendientes a conseguir el aval jurídico para continuar con la protesta.
Luego del fallo judicial de la jueza de Familia María Delicia Ruggeri, en el que se ordena a los trabajadores de la salud el 100% de la atención de los niños y adolescentes, el sindicato debió suspender el paro hoy. Sin embargo, desde ATE dijeron que buscarán que se les restituya el derecho a huelga, iniciarán un pedido de jury a la jueza que intervino en la causa y denunciarán la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Raquel Blas, delegada gremial del ente que reúne al 80 % del personal no profesional de la salud en Mendoza dijo esta noche que “suspenden el paro pero no la lucha, que continuará el jueves a las 18 con escraches a funcionarios”, entre los que mencionó al gobernador Celso Jaque.
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Asimismo, informó que comenzarán con una serie de medidas judiciales de diversa índole, para dar respuesta a la iniciativa que tomó el gobierno de cara al conflicto. Lo hizo con el telón de fondo de una asamblea de delegados que se realizó en la sede local de ATE.
En primer lugar, el sindicato intentará un efecto suspensivo del fallo ante la Suprema Corte de Justicia, ya que, según la resolución, si no se prestan los servicios básicos, podría haber penas de 15 días a 1 año de prisión para los empleados del estado que no cumplan su tarea.
Además, realizarán un pedido de jury a través de la Legislatura para la jueza interviniente. En el ámbito de la Cámara Laboral, por último, se procurará la restitución del derecho a huelga y se reclamarán los días descontados por no haber trabajado durante el paro.
“La judicialización del conflicto es la derrota política de Jaque”, manifestó hoy Roberto Macho, delegado adjunto de ATE. Mientras tanto, aseguró que “el envío de un proyecto de Ley del Gobierno contra las medidas de fuerza del ámbito de la salud, y que afecta a todos los gremios, es inconstitucional y se debe a la carencia de políticas, porque el gobierno no puede hacerle frente al conflicto y le pasa la pelota a la Legislatura”.
El artículo 239 del Código Penal dispone que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”. Este punto es el que el sindicato considera violatorio del derecho de huelga, y es por el que iniciarán acciones legales.
En este sentido Raquel Blas manifestó esta noche que “el único precedente que existe fue el pedido de un juez laboral en 1956 para que un sindicato volviera a trabajar”.
“La judicialización del conflicto es la derrota política de Jaque”, manifestó hoy Roberto Macho, delegado adjunto de ATE. Mientras tanto, aseguró que “el envío de un proyecto de Ley del Gobierno contra las medidas de fuerza del ámbito de la salud, y que afecta a todos los gremios, es inconstitucional y se debe a la carencia de políticas, porque el gobierno no puede hacerle frente al conflicto y le pasa la pelota a la Legislatura”.
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