Seguridad: en busca del rumbo perdido
En los últimos años se apeló a un sistema policial precario como único método para combatir la inseguridad. No se pusieron en marcha políticas de inclusión social y se usó el tema para fines electorales.
Nadie que entienda que la seguridad es un problema serio y complejo puede anunciar que la solución mágica reside en la efectividad de un mapa del delito. Es simplificar el tema a la mínima expresión, a la nada. O, en todo caso, es caer en el error frecuente de aquellos que, con un pensamiento simplista, encuentran la única salida en la presencia masiva de uniformes en la calle.
Mendoza no tiene política de seguridad ni política criminal. No la tiene ahora ni la tuvo con Julio Cobos. Para muestra, vale recordar la cantidad de ministros que pasaron por Seguridad en los últimos cinco años. Sólo Leopoldo Orquín, en el gobierno de Roberto Iglesias tuvo la capacidad de saber cómo mantenerse cuatro años en esa cartera y desde allí impulsar un plan determinado; con aciertos y errores, pero un plan al fin.
La realidad de la provincia indica que existe un nivel de improvisación alarmante. Del marketing político representado en la promesa de reducir 30% el delito en seis meses, a la concreción de ese objetivo, hay una distancia admirable. Y es un punto más para tener en cuenta que poco se sabe sobre cómo encarar la crisis de seguridad.
“Nadie sensato puede prometer algo así. Ningún gobierno sensato puede proponer algo así. Lo que realmente debería hacer un mandatario es decir cómo va a conseguir esos objetivos. Y sólo informar cuando haya resultados concretos, y no antes”, explicó Claudia Laub, especialista en seguridad y responsable del Área de Seguridad Urbana de la asociación El Ágora.
El discurso de cada funcionario que asume en Seguridad es redundante. Más policías, más patrulleros, más operativos y más requisas. Ninguno se animó a hablar de volver a construir un tejido social lo suficientemente resistente para sostener a aquellos que caminan por la cornisa del sistema.
La propuesta, opuesto a lo que se cree, sólo sirve para generar mayor violencia, mayor exclusión, mayor resentimiento y, por lo tanto, mayor inseguridad. De alguna manera, sólo logra potenciar las diferencias entre clases sociales.
Las experiencias de las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín son la antítesis de lo que ocurre en Mendoza. En esos sitios hubo una verdadera voluntad política de atacar la enfermedad y no sólo paliar los síntomas. Se aplicaron medidas educativas, sanitarias, judiciales y policiales tendientes a aumentar la inclusión social. Inversamente proporcional a esa suba, bajó la inseguridad.
¿El secreto? Se establecieron pautas claras de acción y se llegó a un acuerdo para que la seguridad dejara de ser un ítem de campañas políticas previa a elecciones. Es imposible lograr resultados perceptibles en seis meses, pero existe un porcentaje importante de éxito si los programas se trazan para que tengan una duración de entre diez y quince años, más allá de quién esté al mando.
En Mendoza –como en el resto del país- la seguridad pasó a ser un bien que se puede comprar, cuando en realidad, es el Estado el encargado de garantizarla. Se consigue en una de las tantas agencias privadas que proliferan por estos tiempos, porque el objetivo es reducir el riesgo de ser víctima de un delito. Se perdieron los espacios públicos y la vida cotidiana se convirtió en una práctica de puertas hacia adentro. Esa falta de cohesión social tiene que ver con la carencia de políticas que permitan encarar el problema desde varios frentes.
En otras palabras, el acceso a la seguridad se convirtió en algo exclusivo de los sectores pudientes y terminó por criminalizar a la pobreza.
Estos aspectos quedaron al margen de los discursos vigentes. La creación de nuevas jefaturas de policía y el cronograma de grandes operativos en los barrios considerados conflictivos fue la muestra cabal de que el gobierno nunca consideró el aspecto social en su supuesta lucha contra el delito.
“La mano dura es una política selectiva, cuasifascista, idiota y estéril”, afirma Marcelo Saín, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y uno de los referentes sudamericanos en temas de seguridad.
Las imágenes de los procedimientos policiales reflejan cuál es la situación en la provincia. Mujeres con niños que ven cómo la policía, en una muestra desmedida de fuerza, puede sabotear sus derechos. La inseguridad golpea así en los barrios marginales del mismo modo en que lo hace en los centros residenciales donde sufren robos de autos y casas.
Hasta el momento, no se ha pensado en un sistema de mediación que permita a los vecinos de los barrios marginales resolver sus conflictos sin apelar a situaciones violentas y poner en práctica las normas de convivencia. Al contrario: se pretenden apagar esos focos violentos con represión policial.
De algún modo, esta situación obliga a recapacitar sobre la formación de los efectivos mendocinos. ¿Están realmente capacitados para actuar de acuerdo con los tiempos que corren? ¿Son estos policías capaces de mediar en un conflicto sin utilizar balas de goma o desenfundar una 9 milímetros? Esta es una de las reflexiones del documento “Más derechos, más seguridad”, redactado por diferentes organizaciones civiles argentinas.
Se pretende convertir los problemas de seguridad en un asunto de corte estadístico. Hablar de números y porcentajes es jugar con la desesperación de la gente. Las estadísticas son una muestra pequeña de la realidad, que no estará completa sin un certero informe de victimización. Se trata de una encuesta destinada a medir en el tiempo sensaciones y experiencias de quienes sufrieron o estuvieron cerca de sufrir un delito.
El único esbozo de una política seria en seguridad mostrado por el gobernador Celso Jaque fue el anuncio de un comité de crisis que incluiría a todos los sectores políticos y sociales. Sin embargo, esa promesa, al igual que la reducción drástica de los índices delictivos, formó parte de la retórica electoral.
Para Claudia Laub, “es preferible que los gobernantes hablen después. Porque si dicen las cosas que van a hacer y después no cumplen, lo único que consiguen es que la gente pierda la esperanza”.
La propuesta, opuesto a lo que se cree, sólo sirve para generar mayor violencia, mayor exclusión, mayor resentimiento y, por lo tanto, mayor inseguridad. De alguna manera, sólo logra potenciar las diferencias entre clases sociales.
Las experiencias de las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín son la antítesis de lo que ocurre en Mendoza. En esos sitios hubo una verdadera voluntad política de atacar la enfermedad y no sólo paliar los síntomas. Se aplicaron medidas educativas, sanitarias, judiciales y policiales tendientes a aumentar la inclusión social. Inversamente proporcional a esa suba, bajó la inseguridad.
¿El secreto? Se establecieron pautas claras de acción y se llegó a un acuerdo para que la seguridad dejara de ser un ítem de campañas políticas previa a elecciones. Es imposible lograr resultados perceptibles en seis meses, pero existe un porcentaje importante de éxito si los programas se trazan para que tengan una duración de entre diez y quince años, más allá de quién esté al mando.
En Mendoza –como en el resto del país- la seguridad pasó a ser un bien que se puede comprar, cuando en realidad, es el Estado el encargado de garantizarla. Se consigue en una de las tantas agencias privadas que proliferan por estos tiempos, porque el objetivo es reducir el riesgo de ser víctima de un delito. Se perdieron los espacios públicos y la vida cotidiana se convirtió en una práctica de puertas hacia adentro. Esa falta de cohesión social tiene que ver con la carencia de políticas que permitan encarar el problema desde varios frentes.
En otras palabras, el acceso a la seguridad se convirtió en algo exclusivo de los sectores pudientes y terminó por criminalizar a la pobreza.
Estos aspectos quedaron al margen de los discursos vigentes. La creación de nuevas jefaturas de policía y el cronograma de grandes operativos en los barrios considerados conflictivos fue la muestra cabal de que el gobierno nunca consideró el aspecto social en su supuesta lucha contra el delito.
“La mano dura es una política selectiva, cuasifascista, idiota y estéril”, afirma Marcelo Saín, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y uno de los referentes sudamericanos en temas de seguridad.
Las imágenes de los procedimientos policiales reflejan cuál es la situación en la provincia. Mujeres con niños que ven cómo la policía, en una muestra desmedida de fuerza, puede sabotear sus derechos. La inseguridad golpea así en los barrios marginales del mismo modo en que lo hace en los centros residenciales donde sufren robos de autos y casas.
Hasta el momento, no se ha pensado en un sistema de mediación que permita a los vecinos de los barrios marginales resolver sus conflictos sin apelar a situaciones violentas y poner en práctica las normas de convivencia. Al contrario: se pretenden apagar esos focos violentos con represión policial.
De algún modo, esta situación obliga a recapacitar sobre la formación de los efectivos mendocinos. ¿Están realmente capacitados para actuar de acuerdo con los tiempos que corren? ¿Son estos policías capaces de mediar en un conflicto sin utilizar balas de goma o desenfundar una 9 milímetros? Esta es una de las reflexiones del documento “Más derechos, más seguridad”, redactado por diferentes organizaciones civiles argentinas.
Se pretende convertir los problemas de seguridad en un asunto de corte estadístico. Hablar de números y porcentajes es jugar con la desesperación de la gente. Las estadísticas son una muestra pequeña de la realidad, que no estará completa sin un certero informe de victimización. Se trata de una encuesta destinada a medir en el tiempo sensaciones y experiencias de quienes sufrieron o estuvieron cerca de sufrir un delito.
El único esbozo de una política seria en seguridad mostrado por el gobernador Celso Jaque fue el anuncio de un comité de crisis que incluiría a todos los sectores políticos y sociales. Sin embargo, esa promesa, al igual que la reducción drástica de los índices delictivos, formó parte de la retórica electoral.
Para Claudia Laub, “es preferible que los gobernantes hablen después. Porque si dicen las cosas que van a hacer y después no cumplen, lo único que consiguen es que la gente pierda la esperanza”.
