Fuerte movida legislativa contra el aumento del agua
15 legisladores de la UCR, el PD, el ARI y todos avalaron una presentación ante la Corte provincial contra la suba del 19,7% en la tarifa. Demorarían hasta seis meses en resolver el caso.
Si la Suprema Corte de Justicia se expide a favor de declarar inconstitucional el acta acuerdo entre el Ejecutivo y Obras Sanitarias Mendoza, que fue elaborada por el gobierno de Julio Cobos en mayo de 2007 y finalmente se firmó durante la gestión de Celso Jaque, el aumento del 20% en la tarifa del servicio deberá dejarse sin efecto.
Es decir que los 330.000 usuarios recibirían el resarcimiento del dinero en forma retroactiva, a partir del día en el que caiga el convenio y desde que el aumento comenzó a regir, el 10 de febrero pasado.
Los argumentos utilizados en la presentación firmada por Jorge Serrano (UCR), Néstor Piedrafita (ARI), Aldo Giordano (PD), Nelly Gray de Cerdán (PD), Carlos Aguinaga (PD) y Alejandra Naman (ARI), entre otros legisladores (15 en total) tienen que ver con dos situaciones.
Por un lado, porque, según explicó el especialista en procesos de privatización, José Luis Correa, no se ha respetado la primacía de la Constitución Nacional por sobre la ley provincial. Esto es porque, para dar por aprobada la ley, se jugó con los tiempos que la ley provincial 7189 contempla en el artículo 82. En esta se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo remitirá los acuerdos de renegociación a la Legislatura para que esta se expida, dentro del plazo de 60 días posteriores a la propuesta. De no hacerlo, el acuerdo se dará por aprobado en forma fáctica.
Sin embargo, Correa explicó que, en el caso de OSM, se han cometido dos errores que pueden provocar que el acta sea declarada inconstitucional.
Por un lado, que la aplicación a rajatabla de esta ley provincial, viola el artículo 82 de la Constitución Nacional. Esta dice que “la voluntad de cada Cámara deber manifestarse expresamente: se excluye en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Pero, además, la Legislatura sí se manifestó a favor de rechazar el acuerdo. Si bien lo hizo únicamente Diputados –ya que en Senadores no hubo quórum para tratarlo – Es decir que, a pesar de no haberlo hecho ambas cámaras, sí existe una clara voluntad legislativa de no aceptar el convenio.
Pero además, según argumentaron los legisladores, hubo fallas en el control del acuerdo por parte de la Fiscalía de Estado, porque se negó a controlar el acuerdo, argumentando que en esta oportunidad la firma del acta se trató de una cuestión de oportunidad, o conveniencia.
También hubo fallas en los controles que podría haber ofrecido la Asesoría de Gobierno, ya que, al entender de los diputados y senadores que realizaron la presentación judicial, no protegió los intereses del Estado, ya que el cumplimiento del acta acuerdo representa unos cien millones de pesos a la provincia.
El acuerdo deja por sentado que la empresa francesa SAUR anula la demanda por 200 millones de dólares que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Además, renegocia la deuda de más de 48 millones de pesos en concepto obras de infraestructuras que la empresa no ha cumplido con la Provincia, y le da un plazo de 16 años para concretarlas.
Por otra parte, el Ejecutivo acordó ofrecer a OSM una rentabilidad anual del 6%.
Lo más probable es que la Suprema Corte demore hasta seis meses en emitir un fallo.
Si el fallo es a favor de la inconstitucionalidad, lo que sucederá es que el acuerdo se caiga y deba ser reelaborado por el Ejecutivo, dejando así sin efecto los aumentos en la tarifa que deberán ser devueltos a los usuarios que los hayan pagado.
Por un lado, que la aplicación a rajatabla de esta ley provincial, viola el artículo 82 de la Constitución Nacional. Esta dice que “la voluntad de cada Cámara deber manifestarse expresamente: se excluye en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Pero, además, la Legislatura sí se manifestó a favor de rechazar el acuerdo. Si bien lo hizo únicamente Diputados –ya que en Senadores no hubo quórum para tratarlo – Es decir que, a pesar de no haberlo hecho ambas cámaras, sí existe una clara voluntad legislativa de no aceptar el convenio.
Pero además, según argumentaron los legisladores, hubo fallas en el control del acuerdo por parte de la Fiscalía de Estado, porque se negó a controlar el acuerdo, argumentando que en esta oportunidad la firma del acta se trató de una cuestión de oportunidad, o conveniencia.
También hubo fallas en los controles que podría haber ofrecido la Asesoría de Gobierno, ya que, al entender de los diputados y senadores que realizaron la presentación judicial, no protegió los intereses del Estado, ya que el cumplimiento del acta acuerdo representa unos cien millones de pesos a la provincia.
El acuerdo deja por sentado que la empresa francesa SAUR anula la demanda por 200 millones de dólares que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Además, renegocia la deuda de más de 48 millones de pesos en concepto obras de infraestructuras que la empresa no ha cumplido con la Provincia, y le da un plazo de 16 años para concretarlas.
Por otra parte, el Ejecutivo acordó ofrecer a OSM una rentabilidad anual del 6%.
Lo más probable es que la Suprema Corte demore hasta seis meses en emitir un fallo.
Si el fallo es a favor de la inconstitucionalidad, lo que sucederá es que el acuerdo se caiga y deba ser reelaborado por el Ejecutivo, dejando así sin efecto los aumentos en la tarifa que deberán ser devueltos a los usuarios que los hayan pagado.