El gobierno provincial será querellante en causas terroristas
Mientras crece la presión de los organismos de derechos humanos provinciales y nacionales para que destituya al subsecretario de Seguridad Carlos Rico, el Gobierno confirmó que se convertirá en querellante en las causas por terrorismo de Estado que se tramitan en los tribunales mendocinos y federales.
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El decreto de Jaque autoriza a la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a constituirse como parte querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Esto corrobora que este gobierno genera políticas activas en materia de Derechos Humanos”, se encargó de destacar más de una vez el ministro Marchena.
Los tres funcionarios comentaron que desde hace tiempo se estaba preparando este decreto, y que su aparición no tiene relación con la polémica generada por el caso Rico.
Por su parte, Lavado comentó que el Estado mendocino intervendrá en sólo algunas de las 160 causas que están abiertas. La prioridad será para los juicios que estén en un estado más avanzado y aquellos que involucran a centros clandestinos de detención. En este sentido, la causa que estaría más cerca del juicio oral es la que se lleva adelante por la muerte de Francisco “Paco” Paco Urondo.
Otra novedad anunciada esta tarde es la aplicación en Mendoza del programa de Protección a testigos en juicios contra represores de la dictadura.
“Que se expida la Justicia”
Ya lo habían asegurado - o sugerido – Jaque, Marchena y el ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga. Los tres confirmaron a Rico en su puesto, y agregaron que no se tomará ninguna decisión hasta que se expida la Justicia.
Pero habían expectativas en la opinión de Lavado y Salinas, dos reconocidos abogados defensores de los derechos humanos que llegaron al gobierno de la mano de Jaque. Tal vez por eso, las palabras de ambos especialistas fueron similares a las del resto de los funcionarios: “el Ejecutivo no puede juzgar a una persona, y para eso está la Justicia”, dijeron.
Aunque sugirieron que si no estuvieran en el Gobierno, también pedirían la renuncia del subsecretario.
Salinas además comentó que “hizo lo que le correspondía” como funcionario del Ejecutivo. Esto es, recibir a las organizaciones, pedirle información al Ministerio de Seguridad y entregársela a las instituciones defensoras de los derechos humanos.
Por otra parte, elogió la apertura que tuvo Aguinaga al entregar la información sobre el pasado de Rico, y dijo que en ningún otro gobierno había ocurrrido algo similar.