La vinculación de Cazabán con la denunciante de Rico suma problemas para el Gobierno
La testigo que declaró en contra del subsecretario de Seguridad tiene causas abiertas en San Rafael por estafas. El abogado que la defendió fue el actual secretario General de la Gobernación. "Quien entienda que en esto hay un conflicto político, se confunde”, se apuraron en aclarar desde el Gobierno, que vivió una jornada agitada por el caso.
La testigo que denunció al subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, fue defendida en las causas que se tramitan en su contra por presuntas estafas en San Rafael, por Alejandro Cazabán, actual secretario General de la Gobernación.
Este nuevo ingrediente se sumó en las últimas horas al conflicto que tiene en vilo al gobierno de Celso Jaque: las denuncias contra Rico por su participación en grupos antisubversivos durante la dictadura, y las fuertes presiones de organismos defensores de los derechos humanos para que el gobernador lo destituya del cargo.
Alicia Morales es la delegada en San Rafael del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. El viernes pasado denunció ante el Juzgado Federal Número 1 que en 1976, cuando estaba detenida en la central de inteligencia D2, vio a Rico entre sus captores.
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Luego se supo que esa mujer tiene causas en su contra por estafas en San Rafael. Lo que no se sabía es que el abogado defensor de Morales fue Cazabán, hombre de máxima confianza del gobernador.
“Cuando dejó el Ministerio de Seguridad (en 1999), Cazabán ejerció como abogado especialista en derecho penal, y la tuvo (a Morales) como clienta. Hoy no ejerce más la profesión, por incompatibilidad con el cargo”, explicó un vocero del Gobierno.
“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado está la actividad privada, y por el otro la situación que se ha dado ahora con Rico. Quien entienda que en esto hay un conflicto político, se confunde”, agregó la misma fuente oficial.
Este es el último capítulo de la jornada por esta polémica generada en torno a Rico. Más temprano la tensión ganó el Gobierno luego que el ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, se quejara en público por el respaldo que funcionarios del Ejecutivo vinculados a organizaciones de Derechos Humanos le dieron a los pedidos de renuncia que desde hace más de un mes viene resistiendo el subsecretario de Seguridad.
También la Legislatura se involucró en la polémica. Un proyecto del diputado Ricardo Puga para pedirle al Gobierno que destituya a Rico y otros ex comisarios que ahora forman parte del Ministerio de Seguridad, no tuvo éxito y fue “cajoneado”.
“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado está la actividad privada, y por el otro la situación que se ha dado ahora con Rico. Quien entienda que en esto hay un conflicto político, se confunde”, agregó la misma fuente oficial.
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