Casinos: Un "no va más" que deja demasiadas dudas

La ludopatía es una enfermedad horrible, destructora de personas y de familias enteras. ¿Pero hasta dónde la solución a este problema social -que por cierto, no es nuevo- es una ley compulsiva, amañada por intereses económicos e incluso a contramano de la crisis financiera, en la que aparece la necesidad de promover inversiones y nuevos empleos, en vez de cortar de cuajo esta posibilidad?

La prueba más clara del conservadurismo de la decisión es que la lucha contra los casinos es una bandera de siempre del Partido Demócrata. Sus diputados aprovecharon esta semana esos cinco minutos de arrebato para promover un proyecto que antes no había logrado consenso.

Si realmente se pensara en curar a los que enferman por el vicio del juego, parte de la solución sería quizás fortalecer el famélico programa de asistencia al ludópata que, como reveló MDZ este sábado, actualmente carece de profesionales que atiendan a los enfermos y es ignorado hasta en las cartillas publicitarias de los casinos estatales.

En cambio, se hizo una gran puesta en escena en contra del juego, la cual, como se ha dicho, estuvo empujada por los grupos económicos que explotan los actuales casinos y que no quieren más competencia.

De las declaraciones para colgar en un cuadrito que se dieron esta semana en la Legislatura , quizás la más notable no pertenezca a un legislador. Corresponde, tal vez, al secretario general de la Unión de Personal de Juegos y Casinos, Alejandro Campos, representante del sector que militó el proyecto contra las nuevas casas de juego. “Los casinos estaban haciendo un daño social, ahora será más fácil detectar la ludopatía porque no habrá nuevas salas”, expresó el dirigente Campos, abruptamente atacado por un sentimiento de sensibilidad social que suena a verso.

Jaque, el progre. Como habrá sido de conservador el voto de la Legislatura contra los casinos que el gobernador Celso Jaque, muchas veces tildado de ser un político muy conservador, quedó esta vez como un progresista total frente a la opinión mayoritaria de los legisladores.

Se sabe que el mandatario está a un paso de vetar la polémica norma. Pero además, ante cuanto periodista lo consultó, soltó esta semana opiniones categóricas sobre la ley en cuestión. “La ley seca en los Estados Unidos generó la mafia y cuando se genera la prohibición del juego se genera la mafia del juego clandestino”, postuló, poco después de sancionado el proyecto.

Jaque también habló de la importancia de los casinos en el desarrollo del turismo y se inclinó a favor de “regular, no prohibir” las casas de juego. Eso suena interesante.

Es que el tema económico es sin duda un aspecto muy importante a tener en cuenta en esta polémica. Porque el cepo impuesto a los proyectos de nuevos casinos puede ser un golpe fuerte a la inversión en este rubro, justo en momentos que el Estado busca por todas las vías promover que haya más puestos de trabajo y cierta circulación de divisas en medio de la crisis.

La crisis financiera internacional ha empezado a poner en riesgo el trabajo en la provincia. Aunque preventivamente, los empresarios están comenzando a despedir y el clima que se vive es feo. Por eso no se puede actuar livianamente en los proyectos que afecten determinadas actividades económicas.

Lo que no significa, valga la aclaración, aceptar inversiones a cualquier costo. Los casinos no pueden proliferar descontroladamente en lugares de la provincia donde son la única diversión “nocturna”, algo que puede verse con claridad, en el propio departamento del gobernador Jaque: Malargüe.

Volemos. En búsqueda de soluciones a la ludopatía, se podría estimular la incorporación a los casinos de otros rubros de diversión (los espectáculos de música, por ejemplo, que algunos casinos ya están incluyendo), para que las casas de juego dejen de tener como encanto exclusivo el tintineo de las máquinas tragamonedas y el hipnótico girar de la ruleta. Para que no sean sólo los enfermos por los juegos de azar los únicos que los visiten.

La realidad es tan pobre en este sentido que, en los pueblos y en la propia ciudad de Mendoza, los lugares para ver espectáculos están en franca extinción. Y si no basta con mirar la polémica por el intento de venta del Teatro Mendoza, que se cae a pedazos mientras no aparecen en el horizonte medidas que permitan su salvataje o su remplazo por un espacio que supla el vacío que la sala de calle San Juan ha dejado.   

Volviendo a los casinos, no estaría mal, por otro lado, comprometer un poco más a las empresas del juego en la detección de las personas enfermas. Nadie tiene un mejor diagnóstico del jugador compulsivo que el croupier que maneja la ruleta y lo provee de fichas.

Y no se puede olvidar, por último, el aporte significativo que hace el juego estatal al sistema sanitario para la atención de patologías complejas. ¿Y si el Estado establece que los casinos privados aporten también a esta causa?

Muchas soluciones alternativas e interesantes asoman cuando el apurado y tajante concepto de prohibición y el lobby empresario ceden lugar al debate de ideas más enriquecedoras.

Cualquiera de estas ideas suena más coherente que prohibir un vicio antiquísimo, que difícilmente pueda ser eliminado por ley. Y desde el lado de la salud, cualquiera de estas ideas suena más fructífera que mantener el actual 0-800 de atención al ludópata, que apenas tiene del otro lado de la línea una voz cansada que sólo puede ofrecerle al enfermo la internación en un hospital neuropsiquiátrico.