Emergencia en seguridad: la Concertación se abstendrá de votar
En rigor, la falta de apoyo del interbloque de radicales y justicialistas concertadores no sería un inconveniente para que la normativa obtenga media sanción y pase a Senadores, pero se interpreta como una señal política al constituirse como la única oposición al oficialismo.
El interbloque de la concertación se abstendrá mañana de votar en el tratamiento de la ley de emergencia en seguridad. En rigor, la falta de apoyo de justicialistas y radicales concertadores no sería un problema para que el proyecto obtenga media sanción y pase a Senadores, aunque la decisión de los concertadores es todo un signo político que indica a las claras como ha quedado marcada la cancha legislativa por el oficialismo: UCR, ARI, PD y Justicialistas frente a concertadores ciudadanos y plurales. La estrategia de Celso Jaque estaría dando, entonces, el resultado esperado.
El argumento de los concertadores, que fue expuesto en una conferencia de prensa en la Legislatura, es que no apoyarán el hecho de otorgarle un cheque en blanco al gobierno, en cuanto a que el proyecto le da libertad para reasignar y mover partidas presupuestarias de un ministerio a otro, y la excepción al cumplimiento de los artículos 28 y 29 de la Ley de Contabilidad de la Provincia, que permitiría realizar compras directas sin necesidad de realizar procesos licitatorios.
"Entendemos que no podemos ser un obstáculo para la aprobación de la ley, por eso nos abstenemos y no votamos en contra. no queremos poner palos en la rueda para que se implemente este plan, que todavía no sabemos de qué se trata ni de quién es, suponemos que de los demócratas. Ya que el oficialismo consiguió el consenso de las otras fuerzas políticas, nos parece que debe seguir adelante, pero sin nuestro consentimiento", sentenció el diputado Andrés Marín, el presidente del bloque de la Concertación Ciudadana.
Por otra parte, Marín subrayó que hasta ahora, ningún gobernador se había animado a enviar un proyecto a la Legislatura donde se soslayara tanto la ley de Contabilidad, y agregó que la normativa propone controles laxos y un manejo absolutamente discrecional de las partidas, que incluso podría generar endeudamiento para los próximos periodos de gobierno.
"Una ley de esta categoría va en contra de la misma ley de presupuesto", sostuvo Marín, mientras que el diputado Luis Petri destacó que se trata de una legislación de emergencia económica y no de seguridad, y que evidencia la falta de planificación del justicialismo al respecto de lo que se quiere invertir y cómo distribuirlo.
El consenso de los partidos intermedios
El consenso del que habla Marín, es, en realidad, un "tácito acuerdo" de los bloques intermedios (UCR, PD, ARI) a los dos principales rivales políticos, con el oficialismo. Este quedó evidenciado ayer, durante una reunión que se realizó para introducir cambios y mejoras en el texto de la ley.
Es que para los presidentes de los bloques de diputados del ARI, Néstor Piedrafita, y de la UCR, Mariano Ficarra, consultados ayer por este medio, la declaración de la emergencia en seguridad era necesaria, pero con modificaciones. Algunas de las cuales se acordaron en este encuentro.
Una de estas enmiendas al primer proyecto entregado por el Ejecutivo, fue la de incluir la designación de un coordinador entre las distintas áreas involucradas en la Ley, ya que abarca distintos ministerios.
Por otra parte, se aceptó que los controles al funcionamiento de la ley se hagan bimestralmente, y no cada tres meses, como se había pensado en un principio. Desde la UCR surgió la iniciativa de que exista un informe previo a la compra que prevea realizar el Ministerio de Seguridad, para que sea primero revisado por la Bicameral de Seguridad.
Otro aspecto que se tendrá en cuenta es el de intentar incorporar al texto definitivo, es que se revea la currícula del Instituto de Seguridad Pública, para mejorar la formación universitaria.
Por último, se tendrá en cuenta que la ley no deje aspectos para resolverse en el 2009, sobre todo en lo que respecta a ejecución de fondos.
Si bien es casi seguro que la ley obtenga mañana la media sanción de Diputados, para que el jueves encuentre sanción definitiva en una sesión especial de Senadores, la polémica no estará ausente en la Casa de las Leyes, ya que Concertadores y Jaquistas prometen sacarse chispas durante el tratamiento de la polémica normativa.
El consenso de los partidos intermedios
El consenso del que habla Marín, es, en realidad, un "tácito acuerdo" de los bloques intermedios (UCR, PD, ARI) a los dos principales rivales políticos, con el oficialismo. Este quedó evidenciado ayer, durante una reunión que se realizó para introducir cambios y mejoras en el texto de la ley.
Es que para los presidentes de los bloques de diputados del ARI, Néstor Piedrafita, y de la UCR, Mariano Ficarra, consultados ayer por este medio, la declaración de la emergencia en seguridad era necesaria, pero con modificaciones. Algunas de las cuales se acordaron en este encuentro.
Una de estas enmiendas al primer proyecto entregado por el Ejecutivo, fue la de incluir la designación de un coordinador entre las distintas áreas involucradas en la Ley, ya que abarca distintos ministerios.
Por otra parte, se aceptó que los controles al funcionamiento de la ley se hagan bimestralmente, y no cada tres meses, como se había pensado en un principio. Desde la UCR surgió la iniciativa de que exista un informe previo a la compra que prevea realizar el Ministerio de Seguridad, para que sea primero revisado por la Bicameral de Seguridad.
Otro aspecto que se tendrá en cuenta es el de intentar incorporar al texto definitivo, es que se revea la currícula del Instituto de Seguridad Pública, para mejorar la formación universitaria.
Por último, se tendrá en cuenta que la ley no deje aspectos para resolverse en el 2009, sobre todo en lo que respecta a ejecución de fondos.
Si bien es casi seguro que la ley obtenga mañana la media sanción de Diputados, para que el jueves encuentre sanción definitiva en una sesión especial de Senadores, la polémica no estará ausente en la Casa de las Leyes, ya que Concertadores y Jaquistas prometen sacarse chispas durante el tratamiento de la polémica normativa.
