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Política

Emergencia en Seguridad: las dudas que genera el sistema de compras directas

Los últimos casos sobre este tipo de contrataciones terminaron con funcionarios investigados e imputados. Además, no está claro si el proyecto de ley alcanza sólo al Ministerio de Seguridad o a todo el Poder Ejecutivo.

Jorge Hirschbrand


La primera lectura al proyecto enviado por el Gobierno para establecer la emergencia en Seguridad dejó un mar de cuestionamientos entre los legisladores. Todavía no está claro a qué se refiere el artículo que reza “destínese las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados...”. De algún modo, con esta oración parece todas las áreas del Poder Ejecutivo tendrán que poner la porción del presupuesto que le corresponde a disposición del mega plan para bajar los índices delictivos en Mendoza.

El espíritu de la ley es lograr agilizar las compras que antes, burocracia de llamado a licitación mediante, demoraban meses en concretarse. Pero se trata de una condición que genera dudas por los antecedentes recientes vinculados con las compras directas.

Salvo Alfredo Cornejo, la cúpula administrativa de la anterior gestión en el Ministerio de Seguridad está imputada por una investigación iniciada por el fiscal de Delitos Complejos, Eduardo Martearena. Se sospecha que se pagaron sumas desmedida por arreglos de patrulleros y compras de repuestos e insumos. Paralelamente, los empleados de esas reparticiones salieron a decir que los manejos entre el Ministerio y algunos talleres nunca estuvieron claros: algunos mecánicos debieron esperar años para cobrar facturas por montos mínimos y otros, por trabajos excesivamente caros, lograron sus pagos en cuestión de días.

Como si fuera poco, el gobierno anterior quiso acelerar el equipamiento de la cárcel de Cacheuta y para ello había habilitado a Omar Pérez Botti a hacer contrataciones rápidas y sin trámites engorrosos. Resultado: el ahora ex funcionario está imputado por administración fraudulenta.

En este caso puntual, Celso Jaque -mentor de esta ley- y la gente que lo acompaña aseguraron en el proyecto que los legisladores recibirán una rendición de cuentas trimestral. Y más allá de que algún diputado prefirió que los periodos se recorten a un mes, lo que más molesta es que, si todo el Ejecutivo adquiere facultades de este tipo, bastará con que desde cualquier ministerio argumenten que “se hace en nombre de la emergencia en Seguridad” para hacer una compra directa.

Uno de los objetivos de los legisladores de la oposición será establecer mecanismos sólidos de control, ya que al pretender exceptuar al Ley de Contabilidad, y más allá de que los órganos naturales hagan su tarea (Tribunal de Cuentas y la Contaduría General), la idea es seguir de cerca cada transacciones; que las operaciones que se concreten sean con la mejor opción de mercado y no con las más conocidas y no por ello más efectivas.

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