Estafa millonaria a inversionistas: imputan al abogado Yoma tras allanamientos en oficinas y barrios privados

Tras la ola de denuncias en su contra por una estafa millonaria a inversionistas, el abogado mendocino Jorge Iván Yoma y dos de sus socios serán imputados este viernes en el Polo Judicial Penal. El fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Hernán Ríos tomó la decisión tras los allanamientos realizados este jueves en barrios privados y oficinas del centro.

Durante las medidas, a cargo de la División Delitos Económicos, de Investigaciones, secuestraron documentación, computadoras y celulares, que serán sometidos a los análisis correspondientes para agregar carga probatoria a la causa. Eso se sumara a las declaraciones y el material que ya fue aportado por los damnificados en las siete causa que lidera el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Por su parte, se espera que en estos días se sumen nuevas denuncias, ya que estiman que hubo alrededor de 70 inversionistas afectados por el ardid y que el dinero podría alcanzar una cifra inédita para este tipo de casos en Mendoza. Tan sólo de las siete presentaciones iniciales, surge una suma defraudada de 548.657 dólares, es decir, casi 800 millones de pesos argentinos.

A raíz de todo eso, Yoma fue citado a presentarse a las 9.30 en el edificio del MPF, donde será acusado por siete casos de estafa en concurso real. Luego, serán los turno de Rodrigo Ramón López Casado y Pablo Daniel Falco, socios del abogado, quienes quedarán imputados como coautores del mismo delito.

Fuentes allegadas a la causa revelaron que los tres sospechosos no quedarán detenidos, aunque se les fijará una importante fianza para mantenerse en libertad. Asimismo, les impondrán una serie de condiciones a cumplir, tales como entregar sus pasaportes, prohibición para salir del país y comparecer cada dos semanas ante las autoridades judiciales correspondiente.

El modus operandi

De las denuncias, que fueron publicadas en detalle por MDZ, surge que los acusados desarrollaron un elaborado plan para ganarse la confianza de personas que tenían a su disposición capital en dólares y buscaban invertirlos para generar ganacias.

Los relatos de las víctimas son coincidentes y sostienen que, entre 2022 y 2024, tomaron conocimiento por medio de allegados acerca de una oportunidad de inversión que se mostraba "infalible". La misma era ofrecida por Yoma y sus socios a través de la financiera Asesoría Legal S.A., que operaba en calle 25 de Mayo al 1200 de la Ciudad de Mendoza.

Básicamente, consistía en entregar importantes sumas en dólares, las cuales prometían que iban a tener como destino financiar préstamos prendatarios con garantías triplicadas. De esa forma, buscaban asegurarles a los inversionistas que obtendrían ganancias mensuales por el 2,5 por ciento de lo aportado y que los rendimientos podían ser entregados mes a mes, ofreciéndoles además la chance de recapitalizar los intereses.

FotoJet

De acuerdo con las declaraciones de los denunciantes, Yoma y su equipo generaban confianza "inmediata" mediante sus oficinas de lujo equipadas con moderno mobiliario y ubicadas en un coqueto edificio del centro mendocino. Además, ese "centro operativo" se mostraba permanentemente repleto de empleados, quienes ofrecían una atención sumamente profesional.

Asimismo, otro elemento que le brindaba seguridad a los inversores eran los contratos de mutuo que se firmaban al momento de entregar los dólares que buscaban capitalizar. Se trata de un acuerdo legal en el que una parte (mutuante) le entrega a otra (mutuario) cierta cantidad de dinero para que lo utilice y luego lo devuelva en un tiempo acordado.

Los roles de los tres imputados por la estafa millonaria

Allí era donde entraban en juego el resto de las sociedades comerciales que lideraban Yoma y sus socios, entre los que se destacan Pablo Daniel Falco y Rodrigo Ramón López Casado. Esas empresas figuraban en los contratos de mutuo como partes deudoras, es decir, eran destinatarias del dinero aportado por los inversores y a través de las mismas se debían realizar las operaciones que generarían las ganancias prometidas.

No obstante, los denunciantes afirman que finalmente descubrieron que se trataba de sociedades "fantasmas" y que el capital aportado terminó siendo desviado para el pago de deudas personales del abogado investigado y sus presuntos cómplices, así como también para financiar "cuevas de cambio" en Mendoza y Buenos Aires o adquirir bienes que luego ponían a nombre de testaferros para insolventarse de manera fraudulenta.

Más allá de que, en algunos casos, hubo inversores que llegaron a retirar parte de los intereses generados y, en escasos ocasiones, alguna porción del capital invertido, hacia fines de 2024 la estructura financiera comenzó a incumplir los acuerdos que mantenían con sus acreedores y los socios se justificaban aduciendo a complicaciones económicas por la inestabilidad en medio del periodo eleccionario, el cambio de gobierno y posterior la devaluación del peso argentino.

INFOGRAFÍA CORREGIDA 1

Las consistentes excusas y maniobras evasivas terminaron colmando la paciencia de los inversores ya entrado 2025, ante la falta de respuesta y la evidente falta de voluntad para concretar los pagos pactados. Así, a finales del año pasado se radicó la primera denuncia y entre enero y marzo de este año se sumaron otras seis presentaciones judiciales que ya llegaron al despacho del fiscal Ríos.

Pero eso no es todo, de acuerdo con la información recolectada por este portal, recientemente otro de los afectados realizó una nueva presentación judicial de manera virtual, a través del sitio web de denuncias del Ministerio Público Fiscal (MPF), y varios más empezaron a buscar asesoramiento legal para sumar sus casos a la investigación.

En la mayoría de los casos, se trataba de ahorros de toda la vida o dinero generado por el trabajo de diferentes generaciones de una misma familia, que se perdieron a partir de las maniobras fraudulentas de la organización liderada por Yoma y sus socios, tal como surge de las presentaciones que analiza la Justicia.