Córdoba: condenaron a integrantes de una "criptosecta" internacional por estafas y asociación ilícita

Ocho integrantes de una “criptosecta”, con alcance internacional, fueron condenados en la provincia de Córdoba por estafas reiteradas y asociación ilícita. Según se constató en la investigación, los acusados contactaban a jóvenes y los convencían de que podían ganar dólares con sus redes sociales si pagaban una suscripción y conseguían más gente.

“Esto es una secta para volverse millonarios”, recordó uno de los damnificados sobre las tareas que realizaba la compañía IM Mastery Academy, de la cual ocho integrantes fueron condenados a penas de hasta 3 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas.

Según el fallo, Renato Lucciano Rivarola Oblitas, de 37 años; Brian Tomás Manrique, de 27; su hermano Lautaro Julián Manrique, 24; Andrea Estefanía Bautista Bedoya, de 31; Gustavo Miguel Zamora, 28; y Haidar Tawil Abou, de 25, formaban parte de “L360/IM”, un desprendimiento de la empresa IM Mastery Academy, cuya sede central se encuentra en Estados Unidos pero opera en distintos países del mundo.

En el expediente se destaca que desde 2018 hasta junio de 2022 se dedicaron a captar y a acoger a por lo menos 29 víctimas con el objetivo de estafarlos. Para concretar el delito, contactaban por redes sociales a jóvenes que atravesaban dificultades económicas y les aseguraban que podían ganar dólares fácilmente si pagaban una suscripción de 185 dólares.

Cuando los damnificados ya se habían asociado “les decían que debían conseguir a otras personas que paguen la suscripción”. Se supo además que todos vivían en departamentos de la compañía.

Oblitas, los hermanos Manrique, Bedoya, Zamora y Tawil Abou fueron condenados a 3 años de prisión por los delitos de asociación Ilícita en calidad de miembros y estafas reiteradas, mientras que a otras dos imputadas, María Victoria Gómez y Pamela Angélica González, se les fijó una sentencia de un año.

A su vez, les ordenaron que “se abstengan de realizar actividades dentro del país relacionadas con la causa”. Se suma también el decomiso de los bienes secuestrados, que incluyen siete celulares, seis notebooks y los activos depositados en una plataforma dedicada a la compra y venta de criptomonedas al considerar que se trataban de ganancias obtenidas del delito.

Por otra parte, se dispuso “una reparación para las personas damnificadas, que consiste en restituirles la suscripción que abonaron, los gastos de traslado y alojamiento y darles un salario mínimo vital y móvil (SMVM) por el tiempo en el que estuvieron dentro de los departamentos”.