La respuesta de la Justicia a los presos por violencia de género que están en huelga de hambre
Como respuesta a la huelga de hambre que llevan adelante desde hace una semana los presos por violencia de género en las cárceles de Mendoza, medida que toman por que entienden que muchos de ellos están en prisión injustamente y que las causas no se investigan en profundidad, la Justicia emitió un comunicado detallando que la gran mayoría de las denuncias no terminan con hombres detenidos y explicando el proceder en cada expediente.
"En vista a la información publicada por diferentes medios de comunicación de la provincia, en relación a la huelga de hambre que llevan a cabo aquellas personas privadas de la libertad por supuestos delitos relacionados a violencia de género, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informa que durante el año 2022 ingresaron un total de 8.783 causas de violencia de género. En dicho total los fiscales ordenaron la detención de 667 hombres, lo cual representa un 7.59% del total de personas denunciadas. En este sentido es importante destacar que del total de imputados, un 59% de ellos habían delinquido con anterioridad (reiterantes – reincidentes)", explicaron desde el MPF.
"Asimismo se informa que en los delitos vinculados a hechos de violencia de género, la detención del imputado se sustenta en informes técnicos de contenido científico que realizan profesionales de la salud mental (psicología y psiquiatría) del E.P.I. (Equipo de Profesionales Interdisciplinario). Dichos informes se elaboran en base a estándares de evaluación internacionales, arrojando el riesgo que corre la víctima de sufrir nuevamente hechos de violencia. Sin perjuicio de las pruebas obrantes en el expediente (declaraciones testimoniales, procedimiento policial, informe de lesiones del Cuerpo Médico Forense), si del informe del EPI surge que el riesgo es alto o moderado el imputado podrá ser detenido a fin de garantizar la integridad física de la mujer", agregaron.
En cuanto a procedimientos y al proceso en si de la investigación, señalaron: "Es importante aclarar que, en ningún caso transcurren más de 10 días desde la detención hasta la realización de la audiencia de prisión preventiva ante el juez penal colegiado, que es quien ratifica o no la detención. Ello, en concordancia con lo establecido por el Código Procesal Penal de Mendoza. En esa audiencia de prisión preventiva es un juez quien debe evaluar las pruebas reunidas por el fiscal, y de acuerdo con el estándar probatorio reunido es el juez el que dispone o no la prisión preventiva del imputado, no siendo decisión del fiscal el mantenimiento de la detención".
"Se hace saber que tanto las/los fiscales y jueces de la provincia se basan en normas y convenciones internacionales para sus investigaciones y decisiones procesales, a las cuales nuestro país ha adherido en nuestra Carta Magna", completaron desde la Justicia.