Investigan más irregularidades en el ingreso de autos de rally y peligra el inicio del campeonato

Los tres autos de rally que ingresaron este fin de semana por el Paso Cristo Redentor con serias irregularidades detectadas por la Aduana de Mendoza  fueron el disparador de una investigación que alerta sobre el manejo irregular que podría haber detrás de esa actividad y pone contra las cuerdas el comienzo del Campeonato Argentino de Rally, pautado para el viernes 24 de febrero en la localidad de General Madariaga, provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la Aduana confirmaron a MDZ que existe al menos una docena de autos preparados especialmente para la alta competencia que estarían siendo ingresados temporalmente con irregularidades y que esa práctica se habría ejecutado durante varios años. Esto motivó un alerta que se expandió rápidamente al resto de las fronteras argentinas, a días del comienzo de la 43º edición del Rally Argentino.

Entre otras irregularidades, investigan si existe subfacturación de los vehículos, que son comprados por valores superiores a los US$200.000 en Europa y declarados a menos de la mitad en nuestro país. 

Esta investigación de la Aduana que se inició en Mendoza pone en riesgo el comienzo del campeonato a fines de febrero, puesto que desde la AFIP y la DGI (Dirección General Impositiva) se aprestan no solo a controlar de forma más exhaustiva los autos que ya ingresaron a la Argentina días anteriores, sino también los que todavía deben llegar. 

Los tres autos Hyundai i20 NG, valuados por encima de los US$600.000 en total, llamaron la atención del personal especializado de la Aduana de Mendoza.

Cuando la Dirección General de Aduanas-AFIP se aprestó a revisar la documentación solicitada, acostumbrados a ver extensos contratos llenos de cláusulas interminables, se encontraron con apenas cuatro escuetos renglones en un papel. 

Estaba claro: la documentación era -cuanto menos- inverosímil. Se trata de vehículos preparados para una exigencia extrema de 10 fechas del rally argentino, expuestos a un deterioro considerable producto de las carreras y los terrenos inhóspitos donde se desarrolla la competencia y que aparecían cedidos por una empresa chilena a otra argentina en forma de comodato, es decir, un préstamo gratuito.

Con el serio indicio de contrabando frente a sus ojos, la investigación comenzó a ser más profunda horas después y se encontraron con el antecedente de que estos mismos vehículos de rally Hyundai habían ingresado bajo el régimen de importación temporal el año pasado, para competir en el Campeonato Argentino de Rally. Con una salvedad: fueron utilizados en el campeonato cordobés, para el cual no estaban autorizados, lo cual constituye una infracción al artículo 970 del Código Aduanero y demandaría una multa por encima de los 40 millones de pesos.

Entre otras cosas, el motor se registró el año pasado por US$18 mil dólares y esta año por apenas US$2.500. También la Aduana de Mendoza registró como los repuestos que eran nuevos habían sido declarados como "usados". 

La persona cuyo nombre figura en la importación de los autos, es la esposa de un piloto de rally que tiene el antecedente de haber sido condenado como partícipe necesario del delito de contrabando calificado de estupefacientes. Los coches serían conducidos, según la documentación presentada ante la Aduana de Mendoza, por el reconocido piloto y multicampeón de rally Federico Villagra, así como también el mencionado esposo de la mujer que figura en la documentación y el hijo de ambos.

Dos hipótesis iniciales para una investigación donde recién tiran del hilo

Los agentes de la Aduana en este momento trabajan con dos hipótesis: una es que los coches habrían sido alquilados y no cedidos, lo cual obligaría a que la operación tribute en el país o bien, que en realidad los argentinos son dueños de los autos, situación que también los haría pasibles de tributos ante el fisco.

En este marco, señalaron que si se comprobara que la maniobra es un hecho de contrabando, la Aduana no sólo secuestraría los automóviles en cuestión, sino que, por el valor de la mercadería, podría aplicar una multa que, como mínimo, superaría los 110 millones de pesos.

Así, sumado a la multa por las irregularidades encontradas en la importación del año 2022: las sanciones estarían por encima de $150 millones.