Polilla de la vid: con esfuerzo luchando y con el látigo cobrando

La ley aprobada el año pasado obligaba a productores a pagar parte del plan de combate de la plaga, pero solo el 20% cumplió. El Gobierno endureció el cobro para dar la “estocada final” a la plaga este año pero hay quejas de bodegas y viñateros.

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Cristian Avanzini

LA PRESIÓN DE PLAGA HA DISMINUIDO YA EN UN 95%.

ALF PONCE/MDZ

Luego de casi 10 años la Provincia se encamina a dar la “estocada final” a la polilla de la vid (lobesia botrana) - la cual ingresó en 2010 en maquinaria agrícola importada desde Chile- aunque enfrenta en este último tramo el mismo problema que el resto de la economía nacional: el financiamiento.

La Legislatura aprobó el año pasado una ley que obliga a viñateros con más de 10 hectáreas a hacer un aporte para el plan de lucha que en los últimos años ha logrado arrinconar a una plaga que atenta contra la producción, tanto en cantidad como en calidad. 

La normativa exige un aporte de $1.500 por hectárea durante dos temporadas, monto que el Iscamen podía actualizar para esta campaña, aunque finalmente no lo hizo.

El programa de lucha contra la lobesia dispuso el año pasado de unos $300 millones para cubrir unas 150.000 hectáreas de viñedos. El Gobierno nacional aportó $100 millones y la Provincia cubrió los $200 millones restantes.

Sin embargo el aporte nacional varía según los vientos de la crisis, por lo que a nivel local el programa no puede depender hoy de esa pata para su efectivo funcionamiento y debió apelar a una ayuda obligatoria del sector productivo.

Tras la sanción de la ley las asociaciones de viñateros pusieron el grito en el cielo porque aunque entendían y aceptaban que el plan de erradicación era eficiente, no soportaban más peso en su estructura de costos. Por ello la sorpresa no fue mayor al momento del vencimiento: en el “chanchito” el Gobierno había recaudado poco más de un 20% de lo facturado.

Irrigación envió las boletas de pago con cuatro vencimientos: octubre, diciembre, febrero y abril. De los $135 millones, al cierre del cuatrimestre los productores habían cancelado solo unos $30 millones y entre los deudores había grandes jugadores del sector propietarios de cientos de hectáreas, según datos oficiales.

Esta tendencia haría peligrar el “jaque-mate” a la plaga, por lo que el Gobierno decidió apelar a una estrategia más firme para asegurarse el cobro del aporte. “La campaña de este año es crucial; no podemos tirar por la borda todo lo bueno que hemos hecho, que ha reducido la presión de plaga en un 95%”, comentó el jefe de Gabinete de Economía, Alfredo Aciar, y agregó esperanzado: "Si hacemos una buena campaña dejaríamos la plaga casi en cero; el sur se declararía libre de lobesia en 2020 y lo mismo podría pasar en los otros oasis en 2021 ó 2022”.

Por ello en mayo se endureció el cobro a través de una nueva reglamentación que convierte a las bodegas en agentes de percepción de la tasa para la lucha contra la polilla. Esto significa que los productores deudores comenzaron a sufrir el descuento al momento de ingresar producción o realizar cualquier transacción con el establecimiento elaborador.

Allí las propias bodegas pusieron su grito en el cielo: “Nosotros no somos la ATM del Gobierno”, se quejaron, en referencia a que la nueva normativa les sumaba un trabajo administrativo extra.

Ante esto recomendaron a los productores que se pusieran al día por su cuenta antes de proceder a las operaciones, modalidad con la que el Gobierno estuvo de acuerdo. “Es tan simple como llenar un breve formulario en internet para que Irrigación envíe el nuevo talonario de cobro con los intereses”, aseguró Aciar.

Con esta medida, en poco más de un mes el recupero de la tasa pasó de $30 millones a $57 millones según los números que maneja hoy Economía.

Látigo en mano, el Gobierno está dispuesto a ir con todo para erradicar la plaga. Si tiene éxito funcionarios y productores festejarán un triunfo que costó una década y el aporte probablemente se diluya como una simple anécdota amarga.

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