¿70 años de populismo o 63 años de decadencia y violencia liberal?

¿70 años de populismo o 63 años de decadencia y violencia liberal?

Lucas Gómez Portillo, abogado y docente, miembro del Manifiesto Argentino y del Instituto Sampay deja sus pareceres sobre las recientes críticas al peronismo, aparecidas en varios medios masivos.

En los últimos meses desde las principales autoridades del Ejecutivo Nacional y algunos formadores de opinión de alcance nacional se machaca con la idea de que nuestro país perdió el rumbo hace 70 años, proponiendo la aventurada imagen de que hay que sacrificarse para pagar décadas de “fiesta” o de que todos los inocultables males que padecemos hoy son sólo consecuencia de algo que pasó hace setenta años.

Lo curioso es como, una vez más, se instalan frases hechas y simples que miles de compatriotas repiten como un mantra sin advertir que son objeto de una grosera manipulación, tendiente a desviar la atención de los verdaderos responsables de la actual situación y, peor aún, de una falsificación de nuestra historia que busca estigmatizar, otra vez, al peronismo, señalándolo como origen de todas las desgracias.

En estas líneas proponemos reflexionar sobre este punto, ya que, como se verá, hoy cobra una magnitud quizás no advertida por la mayoría de los y las argentinas. Hoy, 11 de marzo de 1949, justo hoy, hace 70 años, se sancionó una Nueva Constitución Nacional, en el marco de un Gobierno Democrático (luego de una década de gobiernos fraudulentos y militares). Esa constitución tenía como pilares la Independencia Económica, la Soberanía Política, la Justicia Social y la Cultura Nacional, nociones que fueron incorporadas a nuestro preámbulo y se proyectaban sobre todos sus artículos.

Esa Constitución no sólo constitucionalizó por primera vez los derechos de los Trabajadores, de los Niños, la familia y los Ancianos, sino que mejoró todo el sistema de Derechos y Garantías Individuales, incluyendo el habeas corpus, la prohibición de la discriminación racial, la retroactividad de la ley más benigna en casos penales, la prohibición de la aplicación analógica de la ley penal, el principio de “in dubio pro reo” y el principio de prohibición del abuso del derecho.

También implicó la elección directa de Presidente, Vicepresidente y Senadores Nacionales, mejorando el sistema democrático notablemente.

Lucas Gómez Portillo.

Además, dispuso que la propiedad privada tiene una función social y le da al Estado fuertes herramientas de fiscalización e intervención en la economía, por ejemplo, en la distribución y la utilización del campo o le da la posibilidad intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad; o lo autoriza a que, por vía legal, pudiera establecer el monopolio de alguna actividad por parte del Estado, dejando libre acción a los privados en toda la economía salvo que tengan por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Además estableció la imposibilidad de conceder o transferir los servicios públicos a particulares, ya que los considera propiedad originaria del Estado.

Tomado en cuenta que justamente los 70 años maldecidos por quienes hoy gobiernan coinciden con la aparición de una Constitución democrática, que estaba adecuada a las necesidades de nuestro país en plena expansión industrial mundial y que garantizaba un Estado desarrollado, poniendo límites a la intervención extranjera, no queda más que pensar que lo que consideran como causa de los problemas es la institucionalidad y la capacidad estatal para evitar que un puñado de privilegiados se aprovechen de los bienes comunes a su entero beneficio, a costa del Pueblo. Tal vez sea un confesión tácita de las políticas que el Gobierno Nacional aplica y una muy buena explicación de sus desastrosos resultados. Para 1949 el modelo exclusivamente agroexportador había demostrado haber agotado su potencialidad durante décadas de concentración y de haber colocado límites excesivos a la diversificación económica industrial, palanca necesaria para el desarrollo nacional real. La Constitución de 1853 que lo había sostenido también había mostrado su agotamiento.

Omite decir el relato oficial hipersimplificado que siete años después de la sanción de esa Nueva Constitución, en 1957, la misma fue derogada por un bando militar, cumpliendo así las expectativas del sector agroexportador concentrado local y los designios de potencias extranjeras y el cada vez más hegemónico poder financiero internacional. En simultáneo, mientras se derogaba una Constitución democrática, nuestro país ingresaba al Fondo Monetario Internacional y se echaron por tierra todos los instrumentos de regulación estatal, retrocediendo institucionalmente cien años para atrás.

Esa derogación de facto, además, vino acompañada de la derogación de todas las Nuevas Constituciones provinciales que también se sancionaron en 1949. La tragedia también fue federal. Vale decir que nuestra Provincia tiene una Constitución del `49 también, olvidada y ocultada.

No es ocioso decir que quienes sostuvieron que un supuesto defecto procedimental (que no fue tal) afectaba la validez de la reforma de 1949 no tuvieron mayor empacho en considerar Constitucional la derogación de la Constitución por parte de un militar con el Congreso cerrado.

Entonces, la cuenta está mal hecha, la decadencia se originó en realidad hace 63 años, el 27 de abril de 1956, esa es la fecha que todos los y las argentinas deberíamos considerar origen de nuestras deficiencias e imposibilidades. Luego vendrían décadas de proscripción e imposibilidad política, de muerte y violencia que encontraría su climax brutal en 1976 y 1982.

La academia y el poder judicial se encargaron de silenciar este hecho violento. Las Facultades de Derecho, de manera cómplice, apenas mencionan esta tragedia republicana en sus programas, no se lo estudia ni evalúa la validez jurídica de un bando militar que deroga un texto constitucional, ni siquiera se debate sobre algo tan grave, y los Jueces hicieron y hacen omisión sepulcral de la existencia de esta Constitución.

Sería importante abrir el debate sobre esta Constitución que pareciera de enorme actualidad, ya que, justamente, apuntaba a impedir la concentración económica, el control monopólico de los mercados, la existencia de servicios públicos puestos a las necesidades populares y el control estricto de las importaciones y las exportaciones, problemas que las autoridades actuales parecieran querer solucionar dando cada vez más libertad a los que especulan con el hambre de las mayorías nacionales.

También resulta indispensable tener presente la existencia de la Constitución de Mendoza de 1949 para avanzar, en serio, en una Nueva Constitución Provincial.

No se puede dejar pasar este día sin pensar en todo lo que se perdió por ocultar una Constitución entera, por desaparecerla, por agredir de muerte a nuestra institucionalidad y, por sobre todo, guardar silencio como sociedad, haciendo como si eso nunca hubiera ocurrido. Resulta hoy innegable que no podemos construir un país diferente y desarrollado falseando nuestra historia.

Mgter. Lucas Gómez Portillo, profesor de Derecho Constitucional, miembro del Manifiesto Argentino y del Instituto Sampay

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