Suarez y el dilema de a cuánto subir las tarifas de agua y luz y el boleto de colectivo

Suarez y el dilema de a cuánto subir las tarifas de agua y luz y el boleto de colectivo

El aumento de los servicios para 2020 será el primer desafío que afrontará la nueva administración. Aún no se resuelve nada, porque la falta de una Ley de Presupuesto impide establecer a cuánto llegarán los subsidios estatales para sostener el precio del boleto de micro y las subas en el agua.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Ni bien asuma, Rodolfo Suarez deberá definir un tema caliente: a cuánto subirán las tarifa de agua y del boleto de micro aunque, a poco más de una semana del traspaso de mando, lo que reina sobre estos dos servicios es la incertidumbre.

Las dos tarifas subirán seguramente a principios de 2020, aunque aún no se sepa hasta dónde. Un aspecto complica todo por el momento. La falta de definiciones nacionales hacen imposible que se pueda terminar de cerrar el proyecto de Ley de Presupuesto, con lo que ya está definido que la actual administración dejará en manos de la que viene el envío a La legislatura de la pauta de gastos para el año que viene.

Sin esos números, no está claro todavía cuáles serán las tarifas definitivas y por una razón central: Suarez todavía no define el monto de los subsidios provinciales que amortiguarán el impacto de esas subas.

En el caso del agua el pedido de aumento de la tarifa por parte de Aysam rondó el 100% y se descarta que la suba no llegará a eso. Sin embargo, la empresa sigue adoleciendo de sus problemas crónicos por la falta de inversión y de una recaudación que, apenas, si alcanza a cubrir sus costos operativos y a pagar los sueldos del personal. Se sumó (en los últimos dos años) el efecto de la devaluación que impactó en muchos de los insumos que están dolarizados.

Este año los aportes del estado llegaron a los $400 millones y se está estudiando que el impacto de los aumentos recaigan en el 30% de los usuarios que más pagan, pero aquí existe otro inconveniente: ese grupo abarca a industrias, comercios y pymes ya castigadas por la crisis económica.

Por otra parte, la forma en que el Estado sostiene al transporte es fenomenal: este año se volcarán $6000 millones de recursos públicos para sostener el sistema, monto que se justifica en parte por una decisión política de Alfredo Cornejo de sostener el precio del boleto y porque el gobierno de Mauricio Macri dejó de enviar fondos para pagar, entre otras cosas, los aumentos de sueldos de los choferes.

Entre la obligación de cubrir paritarias y los incrementos del precio del gasoil, la provincia pasó de aportar $800 millones en 2018 a los $6000 millones que terminará destinando este año.

El pasaje de micro tendría un incremento de importancia. Las empresas han pedido una suba del 40% que, en los números, se refleja en un incremento del boleto de $18 a $25 para el mínimo que, de todas formas, dejaría al pasaje de colectivo de Mendoza aún como uno de los más bajos del país.

Con la el servicio eléctrico, una disputa con Edemsa puede llegar a convertirse en uno de los problemas a seguir de cerca por parte de la futura administración.

Según se supo hace poco más de una semana, el Ente Regulador Eléctrico de Mendoza detectó a través de una auditoría que la principal distribuidora eléctrica de la provincia dejó de pagarle al mayorista de la electricidad, Cammesa, es decir su principal proveedor, a pesar de que recaudaba en tiempo y forma el aporte de los usuarios y tenía la tarifa que correspondía.

Y, así, la recaudación, la deuda que se acumulaba y el destino de los fondos iban por caminos separados. La recaudación aumentaba, pero la deuda con CAMMESA, el mayorista de la electricidad, crecía aún más. Y en paralelo se generaba un excedente que fue a parar a inversiones financieras, lejos del objeto social de la empresa por un monto de ronda los $1.600 millones.

Ese mecanismo fue descripto en la auditoría tras haber analizado los estados financieros, la prestación del servicio y hasta la forma de contratación que tiene la empresa.

Tamaña revelación generó un debate interno en el gobierno de Cornejo en un año, como el que está terminando, en donde estuvo previsto (por contrato) una revisión de la concesión.

A todas luces la maniobra empresarial sería suficiente causal como para avanzar con la rescisión, pero dos argumentos clausuraron el camino de esa medida drástica. Por un lado, se analizó la posibilidad cierta de que Edemsa haya apelado en los últimos ejercicios a esa bicicleta financiera para mejorar su situación y no para financiar a otras de sus empresas de los accionistas, como efectivamente hizo hasta 2016 al menos.

Pero lo que realmente frenó una posible reestatización fue otro aspecto. Y no menor.

La quita de la concesión hubiera desencadenado un seguro reclamo millonario de Edemsa ante el Ciadi (el organismo internacional en donde se resuelve los litigios de estas características entre empresas y privados) que, al parecer, sería el verdadero objetivo de la empresa que conduce José Luis Manzano.

Mendoza ya sabe de reclamos de este tipo. La quita de la concesión de Obras Sanitarias en 2009 desencadenó una sentencia en contra de la provincia por más de U$S100 millones que, por ahora, debe afrontar el Estado nacional. Pero esa deuda es una espada de Damocles sobre nuestras cuentas: la Nación podría reclamar que, al menos una parte de ese monto, lo termine aportando Mendoza.

Tanto Manzano como Daniel Vila, el otro accionista de Edemsa, están pendientes ahora del nuevo gobierno de Alberto Férnández para arreglar los números de la empresa. Y en particular de un aliado: el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Parte de ese arreglo ya llegó, luego de un acuerdo con Cammesa que le permitió a Edemsa virtualmente licuar su deuda pagándola a 10 años, al 10% anual y en pesos.

Tantas Vendimias Solidarias tuvieron su efecto y Massa hizo su trabajo en su momento. En 2017, como diputado nacional, impulsó un artículo en la Ley de Presupuesto, que sancionó el Congreso, para que el Estado nacional se hiciera cargo de una deuda de alrededor de $1.200 millones por la convergencia tarifaria que el exgobernador Francisco Pérez le reconoció a poco de irse del poder en 2015.

Si Edemsa no cobró aún, fue porque el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, se negó a cumplir con lo que le mandaba ese artículo de esa ley. La empresa hizo un reclamo administrativo y descuenta que, en el mediano plazo y con una ayuda de amigos en el poder, pueda terminar haciéndose de ese dinero.

 

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