CristinaLeaks

 Una de las principales esperanzas de la ciudadanía apegada al republicanismo y a la democracia es que sus funcionarios gobiernen preferentemente bien, pero por sobre todas las cosas, sin robar.

Siempre además hay rumores y hasta denuncias que inician causas judiciales sobre hechos de corrupción. Pero de inmediato se activa ese perverso mecanismo que prostituye a la República: se busca cooptar a los jueces o los jueces buscan ser cooptados aceptando denuncias irracionales y sin fundamentos.

En definitiva, generalmente nos quedamos con la fe en lugar de con el resultado científico: creemos o descreemos de las denuncias que quedan en rumores, en los cajones o en la nada misma. Hay veces en que los mismísimos jueces terminan sin trabajo y todos sospechamos que si eso pasó es porque quisieron ser honestos. Pero no hay certezas: nada funciona como corresponde, al menos en la Argentina.

De allí que una promesa que cayó en la tierra fértil de los votantes fue aquella en la que se dijo que se iba a poner en marcha “una Conadep de la corrupción”. La Conadep –para los más jóvenes o para los desmemoriados- fue la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas que inició la primera y titánica tarea de reconstruir el destino de las personas que, al terminar la sangrienta dictadura cívico militar de 76/83, no estaban, habían “desaparecido”. Fue integrada por personalidades y elaboró el informe “Nunca más”, y el peronismo no aceptó, en aquel momento, integrarla.

Su ejemplo sirvió para bautizar lo que se proponía para ahora: una gran comisión de notables que indagara, sin las especulaciones y tentaciones que hay dentro del sistema judicial, las denuncias sobre corrupción del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

¿Por qué tan puntual? Porque se trató del período más largo en la historia de nuestro país de un mismo esquema de gobierno. Es más, ministros como Julio de Vido concentraron un poder inusitado y, en su caso, duró los 12 años. Aníbal Fernández, igual: pero estuvo todavía más tiempo porque fue nombrado ministro antes de Kirchner por el presidente interino Eduardo Duhalde.

Pero hay mucho “cotillón” dando vuelta en redes y medios en torno a denuncias. Tanto, que no sabemos qué es verdad y qué no. Entonces, los kirchneristas pueden sostener ciegamente que “todo es mentira” y los no kirchneristas y detractores, del mismo modo levantan la bandera de que “todo es verdad”.

En el medio de todo esto está la disputa siempre vigente de dominar el Poder Judicial, lo que el jurista Alberto Binder ha llamado en sus columnas en MDZ como la combinación de “mafias e inteligencia”, en las que plantea otra terrible verdad: los servicios secretos argentinos investigan a quien se les viene en gana y tienen información privada que generalmente no tiene ninguna relevancia para la disminución del crimen organizado. De hecho, en muchos casos organizan y coordinan las actividades criminales con esas “carpetas” o las usan como munición de los cíclicos “carpetazos” que cada tanto voltean funcionarios que podrían molestarle a quien les encargó “el trabajito”.

Empiezan a salir, pocos días después de asumido el nuevo gobierno de Mauricio Macri, datos que parecen ser muy reales de las cuentas privadas de correo y computadoras de quienes fueron funcionarios clave y emblemáticos de la década pasada. Genera entusiasmo en los que no comparten sus ideas, pero tampoco es lo que la Argentina necesita.

En definitiva, la venganza artera no es el cambio esperado, sino el pleno funcionamiento institucional. Nada del otro mundo es lo que se pide, solo lo “normal”, entendiendo como normalidad inclusive la posibilidad de falencias lógicas que vive cualquier gobierno sobre la faz de la Tierra, pero con la vara puesta bien arriba, para que todos intentemos superarla.

¿Habrá o no “una Conadep de la corrupción”? ¿Estará vigente en el futuro como acicate y control de la actual gestión? Sería importante empezar a cumplir con esa promesa no solo a nivel nacional, sino también en Mendoza, en donde los que fueron invitados por la ciudadanía a abandonar el poder creen que “la derrota electoral ya es suficiente castigo”, y no es así: debe actuar una Justicia no coptada por ellos antes de irse y, en caso contrario, empezar a poner la lupa sobre jueces y fiscales.

Gabriel Conte