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Opinión

El mapa de la prostitución publicada y lo que el decreto no dice

Aplauso para la iniciativa oficial contra la trata de personas. No se verán más publicidades de oferta sexual en los medios y se creará un organismo que hará un seguimiento de los diarios. ¿Se hará el mismo monitoreo alrededor de quienes pagaron los avisos? La gran pelea contra la explotación sexual de personas, con un nuevo impulso, aunque sea más publicitario que de fondo.

Gabriel Conte, director de MDZ


La Presidenta ha dado una fuerte señal contra lo que se conoce como “una de las nuevas formas de esclavitud”, junto con el trabajo infantil. Prohibió la publicación de “avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el decreto de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.

En los últimos años se ha avanzado notablemente en la materia en el país. Fundamentalmente, con legislación –gran parte de ella impulsada por la mendocina Marita Perceval- y también con comunicación pública, ya que el desconocimiento o la información tergiversada o interesada no le estaban dando a la población una orientación en torno a lo que parecía algo tan sencillo y aceptable como “el oficio más antiguo del mundo”.

Detrás de ese “oficio” hay esclavitud, secuestro, privación de la libertad, familias desintegradas, torturas y homicidios que mueven un negocio millonario.

Hace dos años, desde MDZ advertimos, ante la publicación de tentadores avisos que ofrecen “trabajo” a menores de edad en prostíbulos disfrazados con los más sofisticados nombres, que en realidad, el papel que estábamos cumpliendo en la sociedad es de “idiotas o cómplices”.

Lo dijimos así porque la prostitución impresa, cotidianamente, en los diarios que están sobre las mesas de bares y hogares, escritorios de oficinas judiciales y policiales representan un verdadero mapa para llegar hasta las redes de trata de personas: están las convocatorias, los números de teléfono, todo lo imprescindible para hallarlos, si se quisiera.

Claro que esos verdaderos “mapas” no son legibles a los simples ojos de quienes los miran como potenciales clientes. Para ver qué indican hay que tener lo que ahora se está reclamando en el país: conciencia de la gravedad que implica el gran negocio de la prostitución que se nutre, fundamentalmente –y por exigencia del “mercado”- de menores de edad.

La prohibición establecida por el decreto presidencial dado a conocer en cadena nacional por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner define la prohibición de publicación de esos “mapas”: los avisos. No tipifica su publicación como delito, porque esa tarea debería hacerla el Congreso que, en este caso, ha sido obviado, ya sea por su propia inmovilidad o porque no se lo movilizó –como cuando sí se quiere hacerlo- desde el Poder Ejecutivo.

Sin esta información en los diarios impresos, a la mano de todo el mundo, ¿se garantiza que las redes de trata serán buscadas, interceptadas y desarticuladas mejor?

Es una pregunta que rebota cuando se escuchan críticas hacia lo presumiblemente “inocuo” de un decreto presidencial que sanciona con el labrado de actas la publicación de avisos “que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”.

De acuerdo con la nueva norma, en cada caso, una oficina que se creará en el Ministerio de Justicia se va a encargar de monitorear todos los avisos publicados para ver si se incumple con el decreto. Le dará aviso a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero en ese caso el acusado será el medio publicador del aviso, no el que lo pagó para captar posibles trabajadoras sexuales, quien probablemente comience, ahora, a hacerlo por otros medios.

Ya se han creado organismos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; de protección y recuperación de personas que fueron introducidas al ejercicio forzoso de la prostitución y se cuenta con incipientes redes de la sociedad civil en todo el país sensibilizando en torno al tema.

Aplausos por la iniciativa.

Pero hay una advertencia que resulta imprescindible: lo que hay que perseguir es a los autores del delito. Y para ello, el Gobierno deberá aplicar toda la fuerza a su alcance desde el Ministerio de Seguridad creado recientemente y de escasa articulación fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.