Venezuela aprueba una ley de amnistía histórica para presos políticos: claves de la medida
La norma fue aprobada por unanimidad y contempla la liberación de presos políticos, aunque excluye delitos graves y acciones armadas.
Delcy Rodríguez sostiene el documento de la ley de amnistía.
EFELa Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía que abarca a personas procesadas o condenadas en el marco de crisis políticas registradas entre 2002 y 2025. La medida es considerada uno de los movimientos legislativos más relevantes de los últimos años en el país.
El texto establece el perdón judicial para hechos vinculados a distintos episodios de conflictividad política, incluyendo el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de ese mismo período y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
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La iniciativa se inscribe en un contexto de cambios políticos recientes y forma parte de un proceso más amplio de revisión de detenciones por motivos políticos, con el objetivo de avanzar hacia una etapa de distensión institucional.
Alcance de la amnistía y exclusiones previstas
La legislación contempla la extinción de procesos judiciales, la revisión de sentencias firmes y la eliminación de antecedentes para los beneficiarios. Sin embargo, excluye de manera explícita delitos considerados graves, como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, tráfico de drogas y corrupción.
Asimismo, el texto determina que no podrán acceder al beneficio quienes hayan sido procesados o condenados por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” del país.
Uno de los puntos que generó debate previo a la aprobación fue el requisito de que los solicitantes deban presentarse ante los tribunales para acceder a la amnistía, incluso mediante representantes legales en caso de encontrarse fuera del país.
Implementación y revisión de causas
La norma también prevé la creación de una comisión especial integrada por 23 diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, encargada de diseñar e implementar mecanismos para garantizar su cumplimiento.
En cuanto a los procedimientos, el artículo correspondiente establece que los tribunales deberán verificar las condiciones de cada caso y decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar las sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.
Además, se indica que quienes resulten beneficiados por la amnistía y cometan nuevos delitos posteriormente serán juzgados conforme a la legislación vigente, sin contemplar beneficios adicionales.
Contexto político y expectativas
La ley fue enviada a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación oficial. La propuesta se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por el Ejecutivo tras los recientes acontecimientos institucionales.
Organizaciones como Foro Penal estiman que actualmente hay cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, en un contexto donde ya se han registrado excarcelaciones en las últimas semanas.
Si bien la aprobación de la amnistía fue valorada por distintos sectores como un paso relevante, también persisten interrogantes sobre su aplicación efectiva y el alcance real de los beneficios en cada caso.