Qué tomó Daniel Noboa del "modelo Bukele" para combatir la inseguridad en Ecuador (y por qué la violencia no ha disminuido)
El gobierno ecuatoriano promovió la militarización de la seguridad, construyó una megacárcel, extendió los estados de excepción y desplegó a las fuerzas de seguridad para recuperar el control del territorio.
El 9 enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las fuerzas armadas neutralizar a 22 grupos del crimen organizado.
La militarización de la seguridad pública consiguió reducir los niveles de violencia, especialmente en las cárceles, pero ese logro inicial se revirtió y en 2025 el país experimentó 9.216 homicidios, un incremento del 30,48% en comparación con 2024.
Si bien la Fiscalía General del Estado registró un descenso del 40% en las denuncias de extorsión con respecto a 2024 y una disminunción ligera en las denuncias por secuestro, el alza en el número de homicidios implica que Ecuador vivió uno de los periodos más violentos de su historia.
Frente a este escenario, el gobierno de Noboa implementó medidas que ya se han puesto en marcha en El Salvador de Nayib Bukele.
Además de la militarización de la seguridad, se construyó una megacárcel, se extendieron los estados de excepción y se desplegó a las fuerzas de seguridad para recuperar el control del territorio.
En diciembre de 2025, el presidente aseguró que su gobierno había tomado decisiones difíciles como "mirar de frente al narcoterrorismo", en alusión a la declaratoria del conflicto armado interno.
Sin embargo, los resultados de la estrategia oficial han sido cuestionados.
Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, le dice a BBC News Mundo que el país ha importado de Bukele una "estética" de la guerra contra el crimen donde se muestra a los criminales encerrados "peor que animales" mientras los ciudadanos "que se portan bien" son libres.
"Esto lo vendió muy bien Bukele con la cárcel del Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo] y lo implementó con cierto éxito Noboa, porque construyó la cárcel del Encuentro, que le vendió al país como una cárcel tipo Bukele, aunque mientras el Cecot está hecha como para 20, 30 mil personas, aquí entran 740; entonces es muy difícil que cumpla un propósito parecido".
"Yo diría que implementar esta 'estética del bukelismo' es muy rentable para que Noboa se muestre como el hombre que no tiene miedo a enfrentar a 'los malos', pero más allá de eso no ha podido controlar el crimen organizado".
Los expertos destacan que replicar el modelo salvadoreño en Ecuador no es tan sencillo por varias razones, entre las que se destacan las diferencias sociales y geográficas de ambos países, así como las distintas características del enemigo que enfrentan ambos gobiernos.
"Las pandillas de El Salvador eran de una naturaleza completamente distinta al crimen transnacional de los nodos de cocaína en el mercado global que pasa en Ecuador con un financiamiento infinito", le explica a BBC Mundo Karen Sichel, investigadora doctoral en la Facultad de Criminología de la Universidad de Cambridge.
El mismo Noboa reconoció en abril de este año los recursos con los que cuenta el crimen organizado en el país: "Es una guerra, un conflicto en el cual peleamos contra mafias que mueven decenas de miles de millones de dólares al año".
Y en términos de territorio, El Salvador es aproximadamente 13 veces menor en tamaño que Ecuador y su población es principalmente urbana, mientras que las cuatro regiones ecuatorianas –Sierra, Costa, Amazonía e Insular– se caracterizan por una amplia diversidad tanto geográfica como demográfica.
Además, Ecuador tiene zonas de difícil acceso y fronteras porosas, ideal para actividades ilícitas. El ejemplo de esto es que la región amazónica se ha convertido en un enclave estratégico para el crimen organizado.
En la misma alocución de abril, el presidente aseguró que su gobierno tiene "el control del territorio, de todo el territorio, de las cárceles y el control de nuestras fronteras", pero reconoció que toma tiempo combatir a estos grupos tras años de inacción por parte del Estado.
BBC Mundo contactó a Presidencia del Ecuador, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para una entrevista, pero hasta el momento de publicación de este artículo no ha recibido respuesta a su solicitud.
Un enemigo atomizado y extenso
A diferencia de la capcidad de mando de los líderes de las maras salvadoreñas, analistas como Adam Isacson y John Walsh han destacado que "las redes delictivas de Ecuador son más desorganizadas y caóticas", lo que dificulta el combate contra sus actividades criminales.
La caída de algunos cabecillas, así como un constante juego de alianzas y enfrentamientos, han llevado a una fragmentación tal que cuando Noboa asumió su segundo mandato en mayo de 2025, un informe de ACLED –una organización global especializada en conflictos armados– tituló: "Noboa declaró la guerra a 22 grupos criminales en Ecuador. En su nuevo mandato, se enfrenta a muchos más".
Otro informe sobre la violencia en Ecuador en 2025, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, hace hincapié en cómo los grupos criminales, en su proceso de constante adaptación, diversificaron tanto sus delitos como su distribución en todo el territorio ecuatoriano.
"La fragmentación geográfica de las actividades ilícitas va de la mano con la fragmentación interna de las organizaciones criminales que han sufrido procesos de transformación para poder ejercer el control territorial que los diferentes mercados exigen", dice.
Estos diferentes mercados al que hace referencia el informe incluyen desde el tráfico de drogas –principalmente cocaína– a nuevas actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de personas y de armas, el lavado de activos y la extorsión.
Según la investigación de ACLED, "aunque casi el 80% de la violencia se concentra en las provincias costeras, puntos de tránsito cruciales para los envíos de droga (...) la diversificación de la cartera económica de los grupos criminales ha impulsado su expansión hacia el interior (del país)".
Para esta organización internacional, el crimen organizado se ha expandido a más de 150 de los 222 cantones que integran Ecuador.
La académica ecuatoriana de la Universidad de Cambridge sostiene que el gobierno se enfrenta a un problema que excede su capacidad de análisis y su implementación de políticas públicas, porque solo entiende al crimen organizado como al enemigo que hay que matar, pero el enemigo –en su opinión– es más complejo.
"El crimen organizado no llegaría a los niveles tan extendidos por toda la geografía del Ecuador si no fuera porque la sociedad en la que se desenvuelve colabora con el él; esto incluye políticos, servidores públicos, funcionarios, jueces, fiscales, así como abogados, notarios, contadores y personas dedicadas a temas inmobiliarios".
El gobierno ecuatoriano insiste en que "no pacta con el crimen" y, como su par salvadoreño antes, intenta recuperar el control territorial con un despliegue masivo de fuerzas militares y policiales a lo largo del país.
Sin embargo, las bandas criminales –que comenzaron su accionar en la costa debido a la importancia estratégica de los puertos– se han extendido por la sierra, la Amazonía e incluso la zona insular.
Sichel ha analizado los delitos asociados al crimen organizado en Ecuador y ha diseñado mapas con la incidencia de estos crímenes en las distintas regiones del país: "Cuando yo hacía este índice, me decía que en el Ecuador parece que todo lo que tiene valor, hasta los animales –como en el tráfico de tiburones en Galápagos–, invita al crimen organizado".
Por eso, para la experta, la estrategia de militarización no es suficiente: "Es importante tener militares, por supuesto, pero mientras no se construyan instituciones, en particular en lo judicial, difícilmente vamos a avanzar porque no es un problema solamente del gobierno, es un problema de la sociedad".
El otro enemigo
En pocos ámbitos se refleja este cruce entre crimen organizado y sociedad civil como en el lavado de activos.
En palabras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, este delito es en Ecuador "el motor estratégico que valida y perpetúa lo encadenamientos de los mercados ilícitos, otorgando liquidez y legitimidad al narcotráfico, a la minería ilegal y a la extorsión".
"El crimen organizado trata de ir acoplándose, de adaptarse, de aprovechar los espacios que le puede brindar la legalidad, para legitimar el dinero obtenido para para después poder reinvertirlo", le dice a BBC Mundo Byron Villagómez, líder técnico de este Observatorio.
Para Villagómez, se puede observar una gran incidencia de este delito en muchas actividades legales, desde el mercado automotriz –especialmente a través de patios de autos usados– como bienes inmuebles; pero también hay penetración del crimen organizado en otros sectores como la agricultura y la pesca.
El experto añade que la economía lícita y la ilícita se conectan a través de lo que organismos internacionales han definido como facilitadores profesionales (profesional enablers en inglés).
"Por ejemplo, para la constitución de empresas fachada que se utilizan para ocultar bienes obtenidos por lavado de activos se requiere la asistencia legal de abogados, para registrarlas en las instituciones estatales se requiere también un notario", explica Villagómez.
"Cuando tú ves a la gente que ayuda a que el narcotráfico se asiente, no son personas que tiene un tatuaje de Los Lobos o Los Choneros", acota Karen Sichel y precisa: "Tú ves a personas educadas, profesionales que fueron compañeros de tu universidad, que están haciendo dinero".
La desaceleración económica que sufre Ecuador desde 2023 y el recrudecimiento de las condiciones sociales han sido señalados como otra forma de penetración de las economías ilícitas que reemplazan a las fuentes de empleo e ingreso lícitas.
Para Roberto Andrade, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), "la corrupción es transversal y es lo que permite, junto al lavado de activos, que estos crímenes ilícitos tengan lugar".
Pero este exfuncionario considera que en los últimos años el país ha tenido estrategias reales y objetivos específicos en materia de prevención del lavado de activos.
"Antes de esta etapa el país estaba enfocado en fortalecer los sistemas, capacitar a las personas y que eso automáticamente traería las investigaciones, lo cual es cierto, pero no es lo más efectivo –comenta–. Pero desde hace unos dos años ya se está priorizando cuáles son esos casos en los que el Estado se quiere enfocar".
Seguridad privatizada
El número récord de homicidios en 2025 reveló la extendida circulación de armas en el país, donde este tráfico –según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado– representa un mercado ilícito en sí mismo.
"En términos generales, desde 2020 hasta junio de 2025, se registraron 29.305 homicidios intencionales acumulados en Ecuador, de los cuales el 83,4% se cometieron con el uso de un arma de fuego", informó el Observatorio, citando cifras del Ministerio del Interior de Ecuador.
Carla Álvarez, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, le cuenta a BBC Mundo que, hasta el inicio de esta década, Ecuador tenía menos armas que sus países vecinos debido a una de las políticas de Estado más restrictivas de la región.
Pero luego comenzaron los motines carcelarios y los muertes en las calles. Entonces, en abril de 2023 el gobierno del expresidente Guillermo Lasso permitió el porte y la impotación de armas, y que guardias de seguridad privada armados apoyarán a la policía.
Para la experta, el país vive desde entonces una lógica de privatización de la seguridad, que se acentuó durante el actual gobierno.
"La seguridad ya no está pensada desde lo público, como un bien público, como un derecho público, sino como un privilegio particular. Si tú tienes un arma, te puedes proteger; si tú puedes pagar a la seguridad privada, te puedes proteger".
Álvarez considera que tanto Ecuador como El Salvador tienen factores en común: desde la coexistencia de la seguridad comercial privada junto con un modelo de seguridad público, pasando por una importante permisividad para el crecimiento industria de guardias privados y problemas históricos de supervisión de arsenales de las empresas de seguridad privada.
Según Álvarez, en Ecuador se abrió una puerta para el desvío de armas al mercado ilegal a través de las empresas de seguridad privada e, incluso, algunas de estas empresas cayeron en manos de los cabecillas de los grupos de crimen organizado.
En materia de armas, Noboa también siguió el ejemplo de Bukele en lo que respecta al armamento embargado al crimen organizado.
En abril de 2022, el gobierno salvadoreño había autorizado la reutilización del armas, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.
Para Álvarez se trata de una medida que conspira con lo que toda fuerza de seguridad necesita: la homogeneización de su armamento para facilitar su aprovisionamiento y su manejo de los arsenales.
Aunque la considera una decisión "antitécnica", entiende que es popular decir "les vamos a quitar a estos malditos y vamos a usar sus propias herramientas en su contra".
"Creo que la cuestión de las armas es fundamental, pero el desarme no es un tema de debate público. Esto responde también a una simplificación de la realidad: 'buenos y malos, criminales y no criminales'. Y esta simplificación hace que tú no te preguntes por otros elementos que intervienen en la violencia", concluye la experta.
Derechos humanos y libertad de prensa
Al igual que Bukele, Noboa ha recibido críticas por su enfrentamiento con otros organismos del Estado que han tratado de poner límites al Ejecutivo como, por ejemplo, la Corte Constitucional, que ha dictaminado que la situación en el país no cumplía los criterios para ser considerada un conflicto armado interno.
También, como su par salvadoreño, se ha enfrentado a otros actores sociales, desde periodistas hasta defensores de derechos humanos.
Billy Navarrete, presidente de la CDH (Comisión Permanente en Defensa de los Derechos Humanos) en Guayaquil, señala que el trabajo en general de los defensores de derechos humanos se ha vuelto más difícil.
"El propio gobierno nos ha señalado como antipatrias y el caso de Mónica Silva Koniuszek [activista polaca hallada muerta en la provincia ecuatoriana de Santa Elena] y otros crímenes cometidos contra defensores por su trabajo en el terreno demuestran esa dificultad".
Pero este discurso no solo se maneja en el poder, sino también en la calle.
"Cuando me subo a un taxi, el conductor me dice 'oiga, usted es el que defiende a delincuentes'", dice Navarrete y añade: "Claro, la gente está angustiada por el nivel de violencia y nosotros ahí estamos como en medio de esa angustia, como objeto de ataque".
En cuanto a la prensa, Artur Romeu, Director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, resaltó la abrupta caída de Ecuador en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa de 2026, que evalúa anualmente las condiciones para el ejercicio del periodismo en 180 países.
"El país figura entre los tres que más han retrocedido en el mundo en 2025: perdió 31 posiciones y pasó a ocupar el puesto 125. En 2022, se situaba en el puesto 68", detalló.
En su informe sobre Ecuador de 2025, Human Rights Watch sostuvo que "la respuesta del gobierno al crimen organizado ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos", destacando como caso emblemático la muerte y tortura de cuatro niños desaparecidos en diciembre de 2024.
Las críticas desde el exterior continuaron desde las mismas Naciones Unidas, donde ocho relatores recordaron al gobierno ecuatoriano que "terrorismo y delincuencia organizada son fenómenos distintos" y advirtieron que confundir ambos términos puede justificar el uso ilítico de la fuerza y las restricciones de los derechos humanos.
"Creo que la ONU debería de dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas. Garantizar la vida a la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de los que cometen crímenes sin parar", replicó el presidente Noboa.
Para Luis Córdova, el país vive un proceso de autocratización que se debe –al contrario de lo que ocurrió en El Salvador– no al éxito del combate contra la inseguridad, sino justamente al fracaso de la estrategia oficial.
"Como Noboa no ha logrado cambiar la percepción de que está mejor la situación de la seguridad, no le queda otra más que ir cerrando los senderos de la democracia para que haya mayor autocensura periodística y para que hayan menos actores políticos que discrepen en la esfera pública".
El mandatario, por su parte, se dedendió en los últimos días de quienes lo acusan de socavar la democracia: "No se puede decir que sea un dictador. Me insultan a mí y a mi familia. Algunas organizaciones políticas que me acusan tienen vínculos con el narcotráfico, nos traran de echar el muerto a nosotros. Eso debería investigarse. Nosotros estamos tratando de hacer cumplir la ley".
Para terminar, la experta en criminología Karen Sichel se cuestiona "¿qué nos lleva a preguntarnos en Ecuador sobre el caso de Bukele?" y responde que lo esencial es saber "cómo queremos ser gobernados".
"Viendo las encuestas de LAPOP [Proyecto de Opinión Pública de América Latina] y Latinobarómetro en los últimos años, uno ve que a la mayoría de ecuatorianos lo que le interesa es que venga alguien y le resuelva los problemas, aunque ese alguien al hacerlo elimine por completo las instituciones independientes o la democracia".
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FUENTE: BBC
