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Polémica en el FBI: el 25% de los agentes están asignados a la aplicación de leyes de inmigración

La medida impulsada por el gobierno de Donald Trump refuerza su política antimigratoria y genera malestar dentro del FBI.

El director del FBI Kash Patel impulsado por Trump desplegó casi el 25% del FBI para tareas relacionadas con cumplir las políticas antimigratorias. 

El director del FBI Kash Patel impulsado por Trump desplegó casi el 25% del FBI para tareas relacionadas con cumplir las políticas antimigratorias. 

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De acuerdo con datos del FBI publicados por el diario estadounidense The Washington Post, casi una cuarta parte de los miembros que conforman el FBI están asignados en este momento a la aplicación de leyes migratorias. Incluso, el número aumenta a más del 40% en las oficinas de campo más grandes de los Estados Unidos.

La información habría sido obtenida por el senador demócrata Mark R. Warner de Virginia y compartidos por el diario.

El cambio, promovido por el director Kash Patel, busca priorizar la lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia violenta local, pero generó malestar puertas adentro y una fuerte caída en la moral dentro de la agencia. Agentes actuales y retirados advirtieron que esta política deja en segundo plano investigaciones complejas sobre terrorismo, narcotráfico, cibercrimen y contrainteligencia.

Fuentes del FBI señalaron además que Patel ha removido a altos mandos y despedido a agentes considerados desleales, lo que alimentó el temor a represalias y provocó jubilaciones anticipadas.

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Kash Patel, director del FBI promovido por Donald Trump.

Kash Patel, director del FBI promovido por Donald Trump.

Trump despliega a la milicia en Chicago y Washington

En paralelo, el FBI desplegó personal en Washington, Portland y Chicago para reforzar los operativos federales contra la criminalidad urbana. Según el gobierno, la reasignación de recursos es necesaria para “mantener seguros a los estadounidenses”, aunque exfuncionarios del FBI la califican como un uso indebido de la capacidad investigativa del organismo.

El escándalo se agravó luego de que se conociera que tres agentes fueron despedidos por su presunta participación en la obtención de registros telefónicos de legisladores republicanos durante la administración Biden, en el marco de la investigación sobre el intento de Trump de revertir las elecciones de 2020. El hecho desató acusaciones cruzadas de traición y abuso de poder, profundizando la crisis institucional que atraviesa la agencia.